Valles, Altos Norte, Ciénega, Zona Real…
Planteaba ayer aquí que los seis años de omisiones que en materia de estrategias y políticas de seguridad hubo tanto por parte del Gobierno federal como del Gobierno estatal, agravaron la crisis de la violencia en Jalisco. Hoy añado que esa circunstancia empezó a poner en predicamentos al nuevo Gobierno de Pablo Lemus prácticamente desde su arranque.
Muy cerca de que se cumpla el primer semestre de la nueva administración estatal, han sido intermitentes los episodios de violencia que han provocado que se coloque como prioritaria la agenda de seguridad sobre otros temas que se contemplaba impulsar inicialmente, por la recurrencia de los sobresaltos criminales en las distintas zonas en conflicto en el Estado.
Los problemas de inseguridad que se ignoraron y se dejaron correr en el gobierno de Enrique Alfaro muy pronto le estallaron a su sucesor.
Las centrales camioneras convertidas en centros receptores de futuras víctimas de reclutamiento delincuencial forzado fue un delicado caso que Lemus tuvo que atender desde el segundo día de su Gobierno el pasado 7 de diciembre.
En enero vino la primera señal del infierno también heredado en la Región Valles, particularmente en Teuchitlán, cuando se encontró el Rancho de la Vega, con 36 hombres y dos mujeres privadas de su libertad. Un mes después se reviviría el caso del Rancho Izaguirre ubicado a siete kilómetros del De la Vega, que todo marzo le ocasionó turbulencias al recién iniciado Gobierno de Lemus, cuando el centro de adiestramiento criminal encontrado en la pasada administración se tornó en un campo de exterminio por las casi dos mil pertenencias personales que encontró ahí el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.
Más pronto que tarde emergió nuevamente en febrero un enésimo episodio de la narcoguerra que se vive en la Región Altos Norte, con el asesinato de una agente vial y la desaparición de ocho policías en Teocaltiche, de los cuales mataron a cuatro y cuatro más siguen sin aparecer.
A mediados de abril vino el primer hecho violento del nuevo sexenio en Andares, la plaza comercial más exclusiva de la Zona Real de Zapopan, con un doble homicidio en la entrada de un gimnasio, que se sumó a la larga lista de vendettas que se han dado en ese lugar en los últimos años. Una semana después vinieron los narcobloqueos en la Región Ciénega, cuando grupos de la delincuencia organizada, que ya habían asesinado a dos elementos de la Guardia Nacional el 16 de marzo en La Barca, quemaron seis tráileres en la autopista GDL-CDMX.
En abril y mayo también volvió a estallar la violencia en Teocaltiche y en la Zona Real. Primero en aquel municipio alteño con el asesinato del comisario, Ramón Grande Moncada, y del secretario general, José Luis Pereida. Y en el mes que corre el asesinato de la regidora teocaltichense Cecilia Ruvalcaba. El martes pasado, en la también conocida como Zona Dorada de Zapopan, causó conmoción el crimen del ex diputado Luis Armando Córdova y de la joven influencer Valeria Márquez.
Antes estos escenarios de violencia, generados por todo el poder acumulado por la delincuencia organizada por la ineficacia y la inacción policial de los últimos años, el gabinete de seguridad del Gobierno de Pablo Lemus, con la ayuda del Gobierno federal, están obligados a cortar esta cadena de hechos delincuenciales capturando a los responsables y desarticulando a estas mafias, antes de que la inercia criminal se imponga, desde temprana hora, en sus gobiernos.
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