Un pequeño respiro en la justicia para las mujeres

Vaya sorpresa me llevé este fin de semana al leer dos notas en donde finalmente la perspectiva de género se aplicó para encontrar justicia. Aunque desde 2020 el delito de suicidio feminicida fue reconocido, difícilmente se puede capturar a un responsable, por muchas pistas que anoten a ello. Sin embargo, la violencia de género puede causar diversos efectos colaterales graves, entre los más delicados se encuentra el suicidio de las mujeres. 

Reconocer el delito requirió un extenso estudio de casos, pero en días pasados se dio a conocer que fue vinculado a proceso un hombre por su presunta participación en el suicidio de su ex pareja. 

Si bien no es la primera, son pocas las noticias que abren la ventana a la aplicación de justicia sobre casos de violencia de género que terminan de forma tan lamentable, aunque es un marco de reflexión sobre los daños que se generan por las agresiones en pareja y las consecuencias a las que se pueden llegar, considerando que por cada suicidio consumado se cuentan al menos 20 intentos de lesiones no letales. ¿Cuántos casos de violencia no perseguidos se esconden detrás de los aproximadamente cinco suicidios de mujeres registrados diariamente en el país? ¿Cuántos casos de autolesiones son el resultado de un cuadro de violencia de género? 

Por otra parte, la Ley Olimpia se aplicó en Jalisco para brindar justicia y vincular a proceso a Jorge Alberto R, por violación a la intimidad sexual de quien fuera su pareja por 10 años y a quien amenazó con publicar contenido sexual juntos en caso de no acceder a relacionarse nuevamente con él una vez que terminaron su relación en 2019.

Lamentablemente las amenazas se cumplieron y en 2020 se le notificó a la mujer que circulaba contenido en dos páginas para adultos, por lo que decidió denunciar a su ex pareja, ella recibió las medidas de protección correspondientes y a la par de la investigación se eliminaron de la red los contenidos. 

Si bien, en el caso de la aplicación de la Ley Olimpia la sanción puede ser prisión, de momento el responsable sólo debe presentarse a firmar una vez al mes ante la institución correspondiente, no puede salir del Estado ni del país y no debe acercarse a la víctima o sus testigos durante seis meses. 

En los últimos cinco años se han judicializado apenas unas cuantas decenas de casos de las más de dos mil carpetas de investigación abiertas, ya que las denuncias no siempre tienen nombre y apellido, pero en casos como el de Jorge Alberto R., donde hay una amenaza directa, difícilmente podría desestimarse y aun así requirió de dos años llegar a este punto.  

Quizá estos casos no hacen una diferencia en la estadística en la impunidad, pero hacen un cambio en la vida de esas mujeres y sus familias, que pueden descansar al saber que su caso no fue ignorado, que se le dio el seguimiento pertinente y que los agresores ahora saben que no es una opción al violentar a las mujeres, pues abrir los ojos a la perspectiva de género cambia todo el panorama. Dos casos de justicia en una semana son mucho más de los que hemos leído en los últimos meses, sólo esperemos que se aplique con mayor celeridad para que se reduzca la incidencia.

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