Teuchitlán: el hilo de la madeja
Las redes sociales, especialmente las más politizadas, son una arena de discusión permanente. Se polemiza tanto que, en un porcentaje mayoritario de los temas, se olvidan los argumentos para suplirlos por ofensas. El caso Teuchitlán y el Rancho Izaguirre, con la reciente detención del presidente municipal José Ascención Murguía, sólo alimentaron la hoguera de la confrontación; la lucha verbal pendulea de una expresión como “el Gobierno de Claudia Sheinbaum ya hace justicia y pronto será detenido el ex gobernador Enrique Alfaro” a otro extremo como “el alcalde de Teuchitlán es un chivo expiatorio. En realidad quieren darle carpetazo al tema y no hacer pública la verdad”.
En medio de estos dos límites quedan muchos elementos en medio, que deben ser considerados. La Fiscalía General de la República (FGR) está obligada a explicarlos, a menos que pretenda reforzar una “verdad histórica” muy similar en las formas a la que ofreció Jesús Murillo Karam para el caso de los 43 de Ayotzinapa.
Aquí algunos de los elementos que chocan con la línea de investigación y las explicaciones que ha hecho públicas el fiscal Alejandro Gertz Manero.
Si el alcalde de Teuchitlán, José Ascención Murguía, tiene responsabilidad (lo acusan de delitos como delincuencia organizada y desaparición forzada en agravio a la colectividad, más los que se acumulen), necesariamente deben ser detenidos otros muchos funcionarios, de Teuchitlán y de otros municipios. Murguía no pudo haber actuado solo, y en los hechos en los que se le involucra también debieron participar, así sea como meros cómplices, funcionarios del municipio y de otros gobiernos.
Si, efectivamente, como lo mencionó Alejandro Gertz Manero, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco emitió una recomendación por los hechos que acontecían en el Rancho Izaguirre (retención de jóvenes que eran forzados a prácticas de entrenamiento para participar en actos delictivos), y dio cuenta de ello a autoridades del municipio y del Estado, también deben ser citados al menos para ofrecer testimonio el ex fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz y varios mandos de la Fiscalía durante ese período.
Desaparición forzada y delincuencia organizada son delitos que no pueden prescribir, de manera que si ocurrieron durante varios años, incluso antes de 2021, también deben ser deslindadas las responsabilidades de autoridades anteriores.
Si el fiscal federal, Alejandro Gertz Manero, ha insistido en que “no hay pruebas” que permitan sostener que hubo procedimientos de cremación de cuerpos en el Rancho Izaguirre, ¿cuándo y dónde se presentarán los peritajes, las pruebas científicas que permitan indicar si son humanos los huesos que se encontraron en la finca, y si hay o no restos genéticos en los zapatos, mochilas y prendas personales que se encontraron dentro del rancho?
Si para presentar acusaciones contra el alcalde Murguía, la FGR se basó en testimonios de otras personas (no se aclara si estos testigos están detenidos o no, y eso puede invalidar sus declaraciones), ¿cuántos otros testigos tendrán y cuántas personas más estarán involucradas?
La lista de suposiciones se puede alargar indefinidamente y por eso, precisamente, es que urge una explicación amplia y detallada de la FGR sobre las líneas de investigación y sobre si detendrán o citarán a más personas presuntamente involucradas.
No se trata de darle gusto a quienes dudan o tienen posturas políticas convenientes, a favor o en contra. Se trata precisamente de que la FGR resuelva con apego a derecho qué fue lo que pasó en el Rancho Izaguirre, porque la detención de José Ascención Murguía es apenas un hilo en la madeja, y así como están las cosas, gana fuerza el rumor de que se trata de un “chivo expiatorio”.