Rancho Izaguirre y niños sicarios
Las largas que han dado en el Congreso Estatal, pero sobre todo en el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, para cumplir con las audiencias pendientes para deslindar responsabilidades en el caso del Rancho Izaguirre, hablan de la grave irresponsabilidad de esas autoridades, que siguen pateando el bote para evadir enfrentar un fenómeno delincuencial que sigue cobrando vidas.
Desde luego aquí tendríamos que reclamar también la lentitud con la que ha actuado la Fiscalía General de la República (FGR) que atrajo el caso y nada ha hecho luego de enlistar en marzo pasado más de una decena de omisiones de parte de la Fiscalía de Jalisco, en la pasada administración que encabezó Enrique Alfaro, cuando hace casi un año descubrieron ese predio de Teuchitlán, donde la Guardia Nacional detuvo a diez hombres con un cadáver y dos secuestrados, y lo dejaron a la deriva.
Nada más ha dicho tampoco el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, del Rancho de la Vega, por el que detuvieron al alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, por presuntamente estar coludido con esas dos fincas de adiestramiento criminal.
Hoy toda esa negligencia se exhibe en toda su dimensión con los casos de reclutamiento delincuencial infantil que ha quedado en evidencia, nuevamente, con los dos menores de apenas 16 años, que tenían ficha de desaparición y que aparecieron muertos como sicarios de una de las bandas en la guerra narca que tiene incendiada la ciudad de Culiacán desde hace once meses.
Otro joven jalisciense de 24 años, también reclutado por las mafias, fue encontrado sin vida en las mismas condiciones en Sinaloa, mientras aquí hay todo un desfile de pretextos para no cumplir con la comparecencia del gabinete de seguridad en el Congreso para informar de este tema que le dio la vuelta al mundo en marzo pasado que se tornó de un campo de adiestramiento a uno de exterminio por las casi dos mil prendas personales que encontró ahí el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.
Gerardo de la Cruz, el titular de la Fiscalía Anticorrupción que busca la declaración de 13 funcionarios de la Fiscalía estatal y de ciencias forenses para saber de las irregularidades cometidas en septiembre de 2024 en el Rancho Izaguirre, hace tibios reclamos al Poder Judicial que ha suspendido dos audiencias de imputación.
La última porque no hubo salas disponibles, ya que para el presidente del STJ, José Luis Álvarez Pulido, había asuntos más urgentes.
Mientras tanto el reclutamiento delincuencial de niños y jóvenes que se daba en esos ranchos de Teuchitlán para nutrir guerras narcas, se sigue dando en otros puntos, que se pudieron haber combatido mejor con la información e inteligencia policial que se haya podido obtener si se haya actuado con diligencia en Izaguirre y La Vega. Ojalá este drama, los haga corregir y actuar ya.