“Quitamultas” sin castigo
Buscaron lodo, encontraron lodo, pero nadie ha salido manchado por esos lodos. La red de corrupción integrada por al menos cinco funcionarios del Gobierno de Jalisco para cancelar multas viales permanece impune en los archivos de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco pese a la evidencia.
La Contraloría estatal auditó en 2023 las impugnaciones de multas vehiculares por parte de ciudadanos ante el área Jurídica de la Secretaría de Seguridad Jalisco a cargo de la Policía Vial.
(Esta es una vía distinta a un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa para impugnar una multa).
El informe de la Contraloría estatal -que obtuve vía transparencia- indicó que faltaba el soporte documental de al menos 114 mil registros de multas anuladas además de 9 mil expedientes sin localizar.
Estos 114 mil movimientos representan un posible daño al erario de 106 mdp sólo en el periodo auditado de enero a septiembre de 2023, en la anterior gestión estatal.
Ese monto se refiere a multas que fueron eliminadas irregularmente, pero que alguien cobró por fuera probablemente en un esquema de corrupción entre funcionarios y coyotes y/o despachos de abogados.
La Contraloría presentó en mayo de 2024 dos denuncias “contra quien resulte responsable”.
Un par de meses después amplió la demanda en donde identificó a cuatro personas funcionarias, señaladas con nombre y apellido, del área Jurídica de la Secretaría de Seguridad Jalisco.
Las cuatro personas señaladas tenían credenciales informáticas individualizadas para eliminar multas. Se trata de Paola Estefanía N; Lizbeth Catalina Guadalupe N; Kadal N y Francisco N.
La ampliación de la demanda también señaló a Yolistli Yaznna N como encargada de la Oficina de Folios y Folderas de la Secretaría de Seguridad en la gestión estatal pasada.
Cada una de las 114 mil cancelaciones irregulares representó en promedio 930 pesos de desfalco al erario. Por tanto, el daño al erario fue de 11.8 mdp en promedio al mes. La auditoría abarcó sólo nueve meses.
¿A cuánto asciende el desfalco si se amplía el periodo de revisión?
Los delitos que podrían configurarse son peculado, custodia o guarda de documentos, y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Quedan muchas dudas.
¿Ya dejó de operar esta red en la presente gestión?
Lo ignoramos porque más de un año después de las primeras denuncias, el fiscal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz, sigue sin presentar resultados en este caso. No ha informado de la judicialización de la carpeta ni de detenciones o vinculaciones a proceso. La Contraloría estatal ya hizo todo el trabajo.
¿Qué espera?
Peor que no combatir la corrupción es simular su combate.