Menos homicidios pero más desaparecidos
En Jalisco hay una agenda latente que siempre encuentra la forma de hacer a un lado al discurso oficial. Mientras el Gobierno presume más cruceros en Vallarta, premios por su transparencia presupuestal o una feria pueblerina en Plaza Liberación, surge la otra agenda: los desaparecidos.
Nada menos esta semana discutimos la nebulosa primera mesa de trabajo entre el Gobierno y 13 colectivos para elaborar los nuevos protocolos de seguridad tras el atentado con explosivos en Tlajomulco.
La suspensión de búsquedas a partir de llamadas anónimas ha generado inquietud y reclamos de las madres buscadoras. El Gobierno estatal tiene en sus manos una madeja difícil de desenredar. La seguridad de agentes, activistas y ciudadanos en labores de búsqueda requiere de una política de Estado más que un protocolo. Eso involucra al Gobierno federal que debe complementar los esfuerzos con dinero, tecnología, equipo y capacitación como lo expliqué en mi columna “El desafío del cártel exige más que un protocolo”.
Si bien la ley garantiza el derecho a la búsqueda de los desaparecidos bajo el principio de que están vivos, la realidad ha demostrado que esa es la excepción y la muerte es la regla.
El reclamo al Estado por la violencia homicida se desplazó al reclamo por los desaparecidos, dos fenómenos íntimamente ligados como lo demuestran los datos.
El Inegi reportó ayer que el año pasado se registraron mil 845 homicidios en Jalisco, cifra muy inferior a los 2 mil 928 asesinatos de 2018, el último año del sexenio pasado. Hay una clara disminución.
Por otro lado, datos del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid) analizados por el ex rector Víctor Manuel González Romero revelan que el año pasado se registraron mil 851 desaparecidos, cifra muy superior a las mil 444 personas no localizadas de 2018, el último año del sexenio pasado. Hay un claro aumento que se ha acelerado este año.
Aunque la disminución entre homicidios y el aumento de desaparecidos no es proporcional, se puede hablar de una correlación porque la mayoría de los cuerpos exhumados en fosas clandestinas tenían reporte de desaparición. Con más de 15 mil personas sin localizar en la Entidad, no cabe duda que aún hay fincas, baldíos y terrenos -tristemente- sembrados de cadáveres. Los criminales quieren impedir que colectivos y autoridades den con ellos.
La violencia homicida no disminuyó. Sólo se hizo silenciosa y se escondió debajo de la tierra y del discurso oficial cuando presume las cifras de asesinatos a la baja.
jonathan.lomeli@informador.com.mx