La deuda interna
La deuda que las autoridades de todos los niveles tienen con las familias de las personas desaparecidas no puede condonarse. A pesar de los tres cambios de cabeza en la Fiscalía General, el Gobierno estatal ha sido incapaz de brindar justicia, reparar integralmente los daños y otorgar garantías de no repetición, pero sobre todo, para encontrar a las más de tres mil personas desaparecidas.
El descubrimiento de fosas clandestinas en el Área Metropolitana de Guadalajara pone el dedo en la llaga. ¿Quiénes eran esas personas que impunemente, hasta ahora, fueron asesinadas y enterradas en fincas de la segunda ciudad más importante del país? ¿Dónde estaban las corporaciones de seguridad pública del Estado y municipales que presumen avances en la coordinación y que semana con semana se reúnen para acordar estrategias?
Mientras llegan las respuestas, los encargados de dar seguridad y llevar a buen puerto el destino de la Entidad, se pierden en declaraciones que sirven muy bien para llenar los contenidos de los medios informativos, pero que en nada abonan a la solución del problema.
En marzo pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación sobre las desapariciones en el Estado en la que consignó la violación de derechos por parte de las instituciones públicas que deberían salvaguardarlos.
La recientemente creada Fiscalía Especializada para Personas Desaparecidas comenzó con el pie izquierdo, su primera titular, Teresa Medina renunció a tan sólo dos meses de haber asumido el cargo
Entre otras cosas, pidió la asignación de recursos mediante una partida progresiva, es decir, que el presupuesto para este fin no se limite a una cantidad fija sino que se incremente de acuerdo a las necesidades. Asimismo, la emisión de alertas y protocolos de búsqueda permanente por parte de los gobiernos municipales.
Sería conveniente que antes de que concluyan las actuales administraciones, tanto la CEDHJ, como las familias de las personas desaparecidas y organismos civiles, hicieran un balance sobre la actuación de las autoridades para conocer en qué medida cumplieron con las exigencias y cuáles son los pendientes que dejan.
Llama la atención que en las entrevistas, en apariciones públicas o incluso en sus redes sociales, ni el gobernador ni las y los presidentes municipales electos han sido claros sobre las acciones que emprenderá para localizar a las personas desaparecidas.
La recientemente creada Fiscalía Especializada para Personas Desaparecidas comenzó con el pie izquierdo, su primera titular, Teresa Medina renunció a tan sólo dos meses de haber asumido el cargo. Cinco meses después y en medio de una crisis por la desaparición de tres estudiantes de cine, se nombró a su sucesor, José Raúl Rivera, quien prometió elaborar un plan de investigación y búsqueda inmediata. Después de eso, poco se sabe de él o de la labor que lleva a cabo la dependencia que encabeza.
Muchos pendientes en la materia deja esta administración. El gobernador Aristóteles Sandoval se irá con una deuda incalculable; el peso del dolor de miles de familias a las que la justicia no llegó en su gestión.
(puntociego@mail.com)