Ipejal: ¿pensiones fifí o latrocinios impunes?
De algún tiempo a la fecha se ha deslizado, desde Palacio de Gobierno, la idea de que un grupo de exfuncionarios públicos disfrutan de privilegios que están afectando la salud financiera del Ipejal. La verdadera razón de su quebranto es la arbitraria e irresponsable disposición, por los gobiernos estatales, del patrimonio -integrado por las aportaciones que durante décadas hemos hecho los afiliados al fondo de la institución- en inversiones de alto riesgo y, dicho sea de paso, nos enteramos de ellas por los medios de comunicación: Chalacatepec, Villas Panamericanas, Transportes Marítimos Mexicanos y Abengoa. En este escenario, el gobernador ha dicho en todos los tonos, y antier lo reiteró, que no seguirá permitiendo a unos cuantos (¿corruptos?) gozar de una pensión injusta. No solo eso, advierte a quien ose defender sus derechos, que será exhibido y combatido.
Pues bien, por aquello de que “quien calla otorga” y dado que somos muchos los aludidos, nos encontramos frente a la necesidad de hacer algunos comentarios y precisiones al amigo Enrique Alfaro. En primer lugar, estimado Gobernador, no somos delincuentes ni estamos escondidos o andamos a salto de mata para sustraernos de la acción de la ley y la justicia. Por el contrario, si escogimos el servicio público para desarrollar nuestras capacidades y realizarnos profesionalmente, es porque fuimos educados en el amor y respeto a los valores de la sociedad y de la Patria. Cada uno de nosotros, salvo algún caso que usted conozca, cumplió con la responsabilidad encomendada y lo hicimos de la mejor manera, por lo cual, hacernos parecer enemigos de la comunidad es deleznable. No lo somos. Debe quedar claro que, en su inmensa mayoría, magistrados, jueces, maestros y exfuncionarios, nos desempeñamos con probidad en nuestras vidas públicas y privadas.
Estimado Señor Gobernador, es de explorado derecho que las pensiones son un beneficio que la ley garantiza después del retiro laboral a quienes han cumplido con un mínimo de requisitos y condiciones. Estas no son arbitrarias y están soportadas en los principios de legalidad y proporcionalidad. No le estamos quitando nada a nadie, como se pretende hacer creer a la opinión pública. Coincidimos con usted y somos los primeros interesados en que el Instituto de Pensiones sea saneado, de otra manera, corre el riesgo de incumplir los objetivos para los que fue creado. Seguramente deberán hacerse cambios para preservar esta noble institución, pero no somos nosotros los responsables de su actual situación. Sin duda, hay quienes tomaron decisiones, no solo temerarias, sino irresponsables, cometiendo, tal vez, actos de corrupción. A ellos es a quienes hay que llamar a cuentas.
La historia de cada uno de los pensionados fue escrita día con día y, de su desempeño, cada quien responde: el principio de buena fe es fundamental en la coexistencia de las personas. Indudablemente, en el ejercicio de su derecho, cada uno tomará la decisión que piense conveniente. Una cosa debe quedar muy clara: no somos enemigos y, con toda seguridad, cuando sea exfuncionario, estaremos sentados en la misma banca.