«Fue un error haber confiado en la Fiscalía»
Típicamente esto ocurre tras la desaparición de una persona en Jalisco.
Para ejemplificar, revisemos un caso real, bien documentado y probado: Rodrigo, 23 años, desaparecido el 27 de febrero de 2020.
Su padre denunció un día después ante la Fiscalía de Jalisco. La cosa ocurrió más o menos así. En la colonia Tateposco, en Tlaquepaque, Rodrigo circulaba con un amigo a bordo de su vehículo cuando lo pararon unos policías estatales.
En la revisión le hallaron un arma calibre 25 al acompañante. Los agentes llamaron a policías de Tlaquepaque que remitieron a Rodrigo a los separos municipales. Unas horas después, «un hombre de traje» pagó la liberación del detenido a pesar de que éste se negaba a irse con el trajeado. Desde entonces no sabemos más de Rodrigo.
¿Había elementos para investigar este caso? Todo indica que sí: Policías involucrados, un juez municipal, una detención en la vía pública, videos, registros administrativos.
También había elementos para investigar otros 11 expedientes que analizó Derechos Humanos Jalisco en la Recomendación 13/2022 sobre la desaparición de 14 personas en Guadalajara, Zapopan, El Salto, Tlaquepaque, Tonalá y Chapala entre 2019 y 2020.
El diagnóstico del organismo concluyó que en ningún caso se esbozó siquiera un Plan de Investigación ni se le explicó a la víctima indirecta en qué consistía el proceso de búsqueda. Tampoco se accedió oportunamente a las cuentas de correos y redes sociales del desaparecido ni se les ofreció atención a las víctimas indirectas ni se revisaron las videocámaras.
En la mayoría de los casos, como en el de Rodrigo, su carpeta pasó por las manos de hasta seis Ministerios Públicos debido a la rotación de personal (en otro asunto rotaron cinco Policías Investigadores en un mismo expediente). De hecho, se solicitó información del asunto a la Policía de Tlaquepaque… siete meses después.
Por otra parte, la información que proporciona la familia es sistemáticamente ignorada por el MP. La geolocalización del teléfono de la víctima se realiza sin inmediatez o simplemente se omite. Si el desaparecido iba a bordo de un vehículo, no se reporta para su búsqueda y localización.
Un Ministerio Público atiende en promedio 326 casos de desaparecidos, pero algunos lidian hasta con 800 expedientes. Finalmente la Fiscalía especial cuenta apenas con una veintena de policías investigadores para más de 14 mil desaparecidos.
Lo anterior quedó asentado en 157 fojas de un exhaustivo expediente. Un párrafo, sin embargo, resume el horror de esta labor institucional precaria y burocrática:
«Las investigaciones tienen marcada gestión documental (expedir sólo oficios) y se obvia el aspecto central de la búsqueda de una persona desaparecida, que es localizarla a la brevedad y con vida».
¿Les suena conocido? Justo esa decepción con todas estas fallas enfrentó el padre de Debanhi. Por eso lamentó haber confiado en la Fiscalía neoleonesa: «Fue un error haber confiado en la Fiscalía».
En resumen, la Fiscalía de Jalisco o de Nuevo León difícilmente conseguirán un desenlace distinto al de Debanhi para los miles de desaparecidos, hombres y mujeres, mientras ignoremos la cruda realidad de nuestras fiscalías fallidas.