Fosas, criminalización y evasión de responsabilidad
Las fosas clandestinas descubiertas recientemente en el área metropolitana de Guadalajara, están dejando al descubierto algo más que los cuerpos de víctimas enterrados en ellas. Estas fosas están mostrando el tamaño de la guerra que vivimos en México y que tiene a Jalisco como un gran teatro de operaciones, al mismo tiempo la crisis en materia de desapariciones, el mal trato a las familias de las víctimas, y una gran operación de encubrimiento y evasión de la responsabilidad de las autoridades.
El recuento de lo que han dejado las fosas es tremendo: al menos seis fosas con 48 cuerpos tratados de desaparecer para siempre en esos centros de exterminio. Los hallazgos de esta semana ponen a Jalisco en los primeros lugares de fosas y cuerpos. En conjunto, con las fosas encontradas en esta semana, de 2009 a la fecha se han encontrado 216 fosas con 348 cuerpos, según documentó el periodista y académico Darwin Franco.
Pero como existe con el número de desapariciones, hay que considerar una alta cifra negra en materia de fosas, pues justamente el propósito de quienes las cavan es que sean clandestinas, que nunca se sepa a quiénes se enterraron en ellas. De modo que el fenómeno de la fosas clandestinas con cuerpos de personas desaparecidas es mucho mayor.
La explosión de las fosas clandestinas en las semanas recientes nos confronta de nuevo con la conclusión de que tenemos en estos meses un pico en la guerra que se ha desatado en el país desde 2006. Nunca como en estos meses se han registrado tantos muertos como desaparecidos. Así lo confirma Guadalupe Aguilar de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej) y Consuelo, del colectivo Por Amor a Ellxs. La Entidad vive el peor momento en materia de desapariciones.
Pero ante esta crisis, la autoridad no está dando un trato ni digno ni eficiente a las víctimas, como se demostró con las absurdas peticiones a las familias que reclamaron cuerpos encontrados en las fosas clandestinas de Tlajomulco y de Santa Elena de la Cruz. Incluso se les llegó a decir que tenían que enterrar directamente a sus muertos, sin posibilidad de velarlos, aunque fuentes de la Fiscalía luego negaron la versión.
Junto al trato indigno que se le da a las víctimas, se sigue criminalizando a la personas desaparecidas y asesinadas y a sus familias. La Fiscalía estatal ya detuvo a dos presuntos participantes en la desaparición y asesinato de las fosas de Santa Elena Alcalde, y ya esparce la versión de que se trata de “crímenes debidos a problemas entre grupos rivales de la delincuencia organizada”. Hay familiares que niegan que se sus desaparecidos participaran en estas actividades y sin embargo el Gobierno ya los calificó de criminales. Es por lo menos irresponsable sabiendo que viene de una autoridad que apenas termina investigaciones en cinco de cada 100 homicidios. Al atribuir los hechos “al crimen organizado”, el Gobierno evade su responsabilidad.
Y junto a esta situación grave, algunos familiares que tienen desaparecidos denuncian que saben que hay participación de policías o funcionarios con los grupos que desaparecen. Es decir, otra vez vemos la participación de miembros de los aparatos de seguridad como parte de la maquinaria que desaparece. Es decir, la colusión del poder político en la maquinaria de guerra. Todo esto se descubre al abrirse las fosas clandestinas.