Estado de emergencia por desapariciones
La desaparición de Uriel Galván, Dante Cedillo, Jaime Adolfo Martínez, Diego Alberto Lara y Roberto Carlos Olmeda, jóvenes originarios de Lagos de Moreno vistos por última vez la noche del viernes pasado, se ha convertido en una noticia de alcance internacional que revela la magnitud de la tragedia que aqueja a la sociedad jalisciense. Apenas la semana pasada la noticia era la desaparición masiva de cuatro mujeres en Encarnación de Díaz: las hermanas Saucedo Zermeño y Beatriz Hernández. En mayo el caso era la desaparición masiva de ocho jóvenes que trabajaban en un centro de llamadas en Zapopan.
El tamaño de la tragedia es enorme: desde 2018 a la fecha se han registrado 19 desapariciones masivas (tres o más personas en un mismo evento) en Jalisco, según recuento del diario Mural; de 2019 a julio de este año han ocurrido 115 masacres en el Estado, de acuerdo a la organización Causa en Común, publicó ayer este diario. A pesar de que deliberadamente el Gobierno estatal ha dejado de alimentar el registro nacional de personas desaparecidas, Jalisco es el primer lugar en todo el país con 14 mil 877 casos, que son cinco veces más el número de desaparecidos que dejó una dictadura sangrienta como la chilena iniciada en 1973.
“Es un estado de emergencia por la desaparición múltiple de personas”, calificó con justificada razón el Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la UdeG.
Ya en otras ocasiones he escrito que la magnitud de la guerra informal que vivimos en Jalisco y sus múltiples aristas como son la crisis por desaparición de personas, la crisis forense asociada, las masacres, asesinatos, fosas y enterramientos clandestinos configuran una crisis humanitaria de gran escala. Y sin embargo el conjunto de autoridades, los tres poderes públicos y los tres niveles de Gobierno, no están actuando al nivel que requiere este estado de emergencia por desapariciones y violencia que vivimos.
Si bien en los últimos seis años se han creado las leyes en la materia y se empezó a construir el sistema de búsqueda de personas, los recursos humanos, económicos y científicos destinados a esta tarea no están a la altura que demanda la crisis. Si existe un estado de emergencia ante esta violencia organizada lo más sensato es que se reconozca esta crisis y se actúe en consecuencia.
Ya se ha dicho en otras ocasiones que al actual Gobierno le encanta instalar mesas de trabajo para casi todos los asuntos del Estado, desde los embotellamientos en López Mateos, pasando por el bicentenario de Jalisco, hasta la pandemia.
¿No merece la crisis por desaparición de personas una mesa que atienda este estado de emergencia? Como revelan el alza en el número de desaparecidos, las áreas específicas donde la incidencia es más alta, las quejas reiteradas de las familias sobre la falta de avance de sus carpetas de investigación, y la crisis forense asociada, las actuales estructuras y agencias encargadas de investigar las desapariciones y perseguir a quienes cometen estos delitos no están dando los resultados que necesitan las familias que ya tienen un desaparecido y el resto de la sociedad para evitar que se sigan cometiendo más privaciones de la libertad.
Es necesario una reingeniería de los recursos que la sociedad pone en manos del aparato público para destinar más recursos humanos y financieros a las agencias de búsqueda y eventualmente multiplicar las brigadas especiales tanto de búsqueda como de persecución de quienes cometen este delito. Si no se rompe la impunidad existente, difícilmente disminuirá esta crisis.
Un punto imprescindible para enfrentar esta crisis desde la noción de estado de emergencia es la depuración de los cuerpos de seguridad. En lo que va del sexenio se ha reportado la participación de policías de, al menos, 12 municipios en casos de desaparición forzada. Mientras no se depure la Fiscalía General de la infiltración del crimen organizado, como reconoció el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, poco se puede avanzar para terminar con esta situación de emergencia. Varios casos de desaparición no avanzan en la Fiscalía porque implica investigarse así mismos, y no lo van a hacer.
Pero el primer paso consiste en reconocer que vivimos un estado de emergencia por las desapariciones en Jalisco. De otro modo seguiremos contando cada semana con otra desaparición masiva, como la de Lagos de Moreno. No debemos permitirlo.