Eli Castro otra vez ante el banquillo
En registros judiciales de hace dos décadas aparece Margarita Elizabeth Castro Cárdenas detenida en el reclusorio femenil bajo el expediente 417/2004 del Juzgado Cuarto Criminal de Jalisco por el delito de falsificación de documentos expedidos por la administración.
Eli Castro, presentadora de TV y conductora de Qué quiere la banda, enfrenta ahora un proceso penal y otro administrativo por cobrar 73 mil pesos al mes como “asesor técnico” del director del SIAPA sin contar con el perfil profesional.
Después de tres meses, la Contraloría de Jalisco terminó la investigación en el plano administrativo.
Concluyó que hubo falta grave de tres personas -además de la propia Castro- por abuso de funciones y contratación indebida.
Los señalados son el director del Siapa, Antonio Juárez; Carlos Alberto Patiño, director de Administración del organismo; y Russel Rubén Ruvalcaba, subdirector de Recursos Humanos.
La investigación de la Contraloría determinó que Eli Castro usó información falsa y simuló el cumplimiento de requisitos administrativos para ser contratada al no acreditar que tiene estudios profesionales, sólo secundaria (en su currículum se ostenta como abogada).
Además de carecer de experiencia en procesos de agua potable y alcantarillado.
Esa fue la conclusión después de que los involucrados pudieron defenderse en una audiencia y presentar pruebas a su favor.
Ahora el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco determinará la sanción por “falta grave” para Castro y los otros tres funcionarios.
La máxima sanción que puede recibir la ex funcionaria, según el artículo 79 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, es una inhabilitación hasta por 10 años.
Esto significa que no podría trabajar en ningún nivel de Gobierno, municipal, estatal o federal.
También pueden imponerle una sanción económica por hasta dos veces los beneficios obtenidos ilegalmente.
Castro cobró durante cuatro meses en total 292 mil pesos, por lo que la multa por su actuación podría ser el doble de ese monto.
En otro plano corre la denuncia penal contra Castro -que interpuso la Contraloría estatal- ante la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco a cargo de Gerardo de la Cruz.
Su actuar podría encuadrarse en el delito de abuso de autoridad que se castiga hasta con nueve años de prisión. Asimismo, el delito de ejercicio indebido que se castiga con hasta tres años de cárcel.
También el delito de usurpación de funciones públicas o profesión que se sanciona con hasta tres años.
El expediente administrativo de Margarita Elizabeth Castro Cárdenas espera resolución en el escritorio de los magistrados del tribunal, y el caso penal espera su judicialización en el escritorio del fiscal Gerardo de la Cruz.
¿Habrá sanción ejemplar o simulación? Ojalá pronto lo sepamos.
jonathan.lomeli@informador.com.mx