“El Comisario aceptó que entregó las víctimas al narco”…
La Fiscalía del Estado de Jalisco ha detenido sólo en este sexenio a 103 policías municipales de 21 ayuntamientos por el delito de desaparición forzada (cuando recibí el reporte vía transparencia apenas lo podía creer).
Quizá por eso he perdido la cuenta de las veces que he leído, en algún comunicado, nota periodística o informe, una sentencia de muerte y desaparición como la del encabezado de esta columna.
Esas detenciones han ocurrido lo mismo en las principales urbes como Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Puerto Vallarta, que en pequeñas demarcaciones absorbidas por el narco: Casimiro Castillo, Mezquitic, Poncitlán o Teocaltiche.
Ahora que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa reveló que un entramado de poder político y policíaco-militar estuvo detrás de la desaparición de los 43 normalistas, pocos reparamos en el eco nacional y significado generalizado de esa tragedia.
El informe Ayotzinapa, además de desnudar un caso doloroso, también reveló un sistema de desapariciones que se replica en la mayor parte del país, no sólo en Guerrero o Jalisco.
Los eslabones de esa “cadena alimenticia” se ordenan de la siguiente forma. En la punta se ubica el “productor”, sentado en algún despacho con aire acondicionado en la CDMX o en cualquier urbe principal, representado por el poder político.
Detrás aparecen los consumidores de primer y segundo orden, una posición ocupada por los distintos capos del narcotráfico y sus blanqueadores de capital organizados en cárteles. Su misión consiste, primero, en la supervivencia por medio de alianzas con los “productores” adecuados, y segundo, en maximizar las ganancias.
Casi al final se ubican los consumidores de tercer orden, representados en la figura de los militares y policías, ejecutores del aparato de muerte y desaparición. También fungen como la figura puente con lo más bajo de la cadena: los descomponedores o sicarios (muchas veces ambos grupos poseen movilidad entre un eslabón y otro, sicarios-policías y policías-sicarios).
Esta es la base más nutrida de la llamada “necromáquina”. El mercado es amplio: en el país hay 2 mil 400 corporaciones municipales y más de 80 mil soldados rasos en las calles.
Nuestro país es como una gran sala de espejos. Lo que ocurre en una región, se replica completa o parcialmente en otra y viceversa. La colusión de funcionarios del más alto nivel federal, estatal y municipal en el caso Ayotzinapa, ¿por qué no habría de replicarse en los 15 mil desaparecidos de Jalisco?
La Fiscalía estatal ha detenido a 103 policías por desaparición forzada, sólo vinculó a proceso a 70 y ha conseguido apenas cinco condenas contra uniformados. ¿Pero cuántos altos funcionarios, alcaldes, soldados, empresarios han caído?
Lo que nos revelan estas cifras de la Fiscalía estatal es que la estrategia, en un año más del Día Internacional contra las Víctimas de la Desaparición Forzada, continúa enfocada (y mal) en los actores localizados en la base de la cadena de barbarie, pero deja intacta la riqueza ilícita, la corrupción política y al poder económico que conforman el aparato criminal de esta tragedia humanitaria.