Seguridad: ¿otro sexenio fracasado?
El secuestro de 50 migrantes que viajaban en un camión vuelve a poner una gran interrogante sobre la política de seguridad pública del Gobierno de López Obrador. ¿Basta con la presencia de la Guardia Nacional para disuadir al crimen, particularmente al crimen organizado? ¿Ampliar el número de cuarteles -dato que el Presidente suele poner por delante para hacer ver que sí están trabajando- se puede considerar como una política de seguridad? ¿Los programas sociales sirven para acabar con la criminalidad o, dicho de otra manera, es cierto que la causa de la criminalidad es la desigualdad?
De acuerdo con el informe denominado “Con copia oculta. La guerra que cuenta la Sedena”, realizado por las organizaciones Data Cívica e Intersecta, la política de seguridad real del Presidente López Obrador es exactamente la misma que en sexenios anteriores. Cambiaron los nombres, cambió el discurso, pero se siguió haciendo exactamente lo mismo, con los mismos malos resultados que en los sexenios de Calderón y Peña Nieto. Y mientras en las mañaneras la secretaria de Seguridad nos presume una disminución 16 por ciento en el número de asesinatos con respecto al inicio de esta administración, nadie en el Gobierno da seguimiento a los casos de personas desaparecidas, 26 diarias en promedio durante 2022 en el país. Estadísticamente hay una alta probabilidad de que la mayoría de ellas estén muertas, enterradas en fosas clandestinas, pero de eso jamás se habla en la mañanera. El fracaso de la política de seguridad -que nunca fue tal- del Presidente López Obrador tiene terrible un efecto secundario: es sumamente desmoralizante llegar a otro fin de sexenio más sin resultados.
Lo que no hicieron ninguno de los tres últimos presidentes es investigar. De acuerdo con datos del mismo estudio, en este sexenio sólo en 22 de cada 100 casos de asesinato con violencia se inició alguna acción legal y sólo a ocho de cada 100 se les dio algún tipo de seguimiento. Ninguno de los tres gobiernos hizo nada por la procuración de justicia excepto cambiarle el nombre a la Procuraduría para llamarle Fiscalía.
Si no queremos volver a fracasar partamos de algunas premisas de cara al futuro: uno, ninguna política de seguridad puede obviar el uso de la fuerza. Dos, los programas sociales deben ser evaluados por su eficacia en el combate a la pobreza y no en relación con la criminalidad. Tres, no hay solución mágica. Cuatro, ninguna política por sí sola soluciona el problema. Y cinco, sin procuración de justicia no hay justicia ni paz.
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