De la audiovigilancia a la videovigilancia criminal
Infiltración delincuencial en policías y gobiernos en la región de los Altos Norte de Jalisco, como la que hoy vemos en Teocaltiche con sofisticados sistemas de videovigilancia de los grupos del crimen organizado, se empezó a ver y hacer todo un escándalo al menos desde el 2010.
Eran los tiempos que gobernaba el PAN en todo el país y en el Estado. Ni ellos ni los gobiernos que vinieron de otros colores han hecho nada eficaz para detener el crecimiento exponencial del poder corruptor y de fuego del narco en esa zona.
Así, de la audiovigilancia que se conoció en mayo de 2010 en Lagos de Moreno pasamos a los Big Brother con los que hoy alardean y apantallan los mafiosos. Ahora son los instrumentos de control del cártel de Sinaloa y del cártel Nueva Generación que se disputan esa región, pero en aquel momento fueron Los Zetas quienes corrompían para que les permitieran intervenir las antenas y frecuencias de radiocomunicación de las policías de Lagos de Moreno y de Ojuelos.
De nada sirvió que el entonces Gobierno municipal priista de José Brizuela López denunciará ante la Procuraduría estatal que su antecesor en la alcaldía de Lagos, el panista Francisco Torres Marmolejo, ya convertido en diputado local, había entregado la plaza desde el principio de su administración a Los Zetas, que querían tomar a ese municipio como puerta de entrada para disputar el control al cártel de Sinaloa, estando aún prófugo Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Una serie de llamadas anónimas al Ayuntamiento revelaron que en las antenas del municipio se instalaron dispositivos para desviar la señal y que terceros escucharan todos los reportes y las instrucciones que salían de la cabina policial, por la que se instrumentaban operativos con la Policía estatal y con militares.
Hubo detenciones y nada pasó. Álvaro Mascorro Valadez, quien había fungido como director del Grupo Especial de Reacción Rápida de la Policía de Lagos, y quien renunció en enero de 2010 para asumir como subdirector de la Policía de Ojuelos, fue arraigado por 30 días en abril de ese año, junto con otros 11 agentes de su corporación, por su presunta colaboración con Los Zetas para instalarse en la zona. En sus declaraciones narraron al ministerio público cómo sus jefes recibían primero 400 mil pesos y luego un millón mensuales para permitir la instalación de los equipos de interferencia y darles protección. La disputa del cártel de Sinaloa y Los Zetas de hace más de 10 años fue una guerra sangrienta en la que murieron jefes y elementos policiales, como el agente judicial Víctor Tadeo Ramos Gutiérrez en agosto de 2008 y el 9 de octubre de ese mismo año, cinco policías estatales por un ataque con granadas.
Lejos de que aquel episodio hubiera prendido las alertas y que el Estado retomara el control, la región se fue perdiendo por complicidades y corruptelas. Hoy en esa región las refriegas y las amenazas a la población son mucho más cruentas.
Ojalá que descubierta la etapa de la videovigilancia criminal, esta vez sí se haga algo para recuperar ese territorio, hoy en manos del crimen organizado, como muchos otros en Jalisco y en el país.
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