Características del Paquete Económico 2026
Antes de entrar a los números, la presentación del Paquete Económico para el próximo año puede leerse como una declaración de intenciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en una nueva etapa de su mandato. Aunque llegó con la consigna de continuidad, su reto es darle dirección propia a un gobierno que heredó proyectos inconclusos, discursos a medias y pendientes importantes de su predecesor. Por eso, el documento enviado al Congreso no solo asigna recursos: también marca un cambio de matices en el proyecto de nación morenista bajo su liderazgo.
En cuanto a prioridades, la Secretaría de Energía fue la más favorecida con un incremento superior al 86%, seguida de la Agencia de Transformación Digital con 23%, el Poder Judicial con 17%, programas sociales con 12.4% y Pemex con 7.7% más. En contraste, los recortes a la Sedatu (−7.8%) y al Inegi (−6.8%) suponen un retroceso en materia de desarrollo territorial y levantamiento de información.
El gobierno proyecta un crecimiento económico de entre 1.8% y 2.8%, cifras más optimistas que las del Banco Mundial, el FMI y la OCDE, que sitúan su escenario más positivo en 1.6%. Ese optimismo se asemeja más a una apuesta política que a un pronóstico realista.
Se espera un superávit primario de 0.5% del PIB y mantener la deuda pública en 52.3%. Esto representa un signo de confianza después del déficit récord de 2024; sin embargo, el IMCO advierte que los Requerimientos Financieros del Sector Público se mantendrán altos en 4.1% del PIB para 2026. En términos simples: no se aplicará un ajuste drástico en las finanzas, lo que reduce la capacidad del gobierno de responder con estrategias fiscales si la economía se desacelera.
El gasto en salud y educación sigue quedando a la sombra del éxito popular de los programas de transferencia directa. Mientras los apoyos sociales garantizan aprobación inmediata sin fomentar la formalización laboral y no construyen capacidades duraderas en la población ni corrigen desigualdades estructurales a largo plazo, estos apoyos corren el riesgo de volverse insostenibles en el mediano plazo. Algo similar ocurre con la política energética: el incremento de más del 80% al sector no necesariamente refleja una apuesta por la transición verde que Sheinbaum promovió, sino más bien la continuidad de un modelo heredado. La paradoja es clara: se fortalece un gasto popular de corto plazo y una política energética anclada en el pasado. Se pospone la inversión en aquello que podría dar competitividad y resiliencia al país en el largo plazo.
Aunque se prevé un aumento de 6.5% en la recaudación tributaria, el país sigue aplazando una reforma fiscal integral que fortalezca los ingresos públicos. En su lugar, el costo social de subir impuestos se evita con medidas de carácter político: el proteccionismo comercial anunciado por Marcelo Ebrard para reducir el déficit con China, el incremento de 14.1% a programas sociales y los casi 960 mil millones de pesos destinados a infraestructura prioritaria.
Fuera de la necesidad de una reforma fiscal, este conjunto de decisiones le da la oportunidad política a Claudia Sheinbaum de marcar distancia del obradorismo al articular una estrategia económica propia que combine responsabilidad fiscal con crecimiento sostenible. Si logra hacerlo, no solo consolida su autoridad frente a los mercados y la sociedad, también trazará una ruta distinta a la sombra de su antecesor, enfrascado en el dogmatismo. Desde esta perspectiva, el documento es un espejo de prioridades y una invitación a que el gobierno transforme buenas ideas en oportunidades tangibles de prosperidad.
@DelToroIsmael_