Alfaro y la crisis por desapariciones
El hecho de violencia ocurrido la tarde del martes pasado en Tlajomulco, con saldo de seis personas fallecidas y 14 heridas, ha generado una intensa polémica después del anuncio del gobernador Enrique Alfaro Ramírez de que se suspenderían las tareas de búsqueda cuyo origen sea un informante anónimo.
Según la versión del Gobierno del Estado, las fuerzas de seguridad cayeron en una trampa, pues al recibir una llamada de una madre para acudir a un lugar de inhumación clandestino en la cabecera de Tlajomulco, y en lugar de una fosa se encontraron con siete artefactos explosivos. A la mañana siguiente, el gobernador emitió un mensaje donde condenó estos hechos, reiteró que se trató de una trampa en contra de las fuerzas de seguridad y anunciaba que se suspendían las búsquedas que provinieran de llamadas anónimas.
Ese mismo día la postura del gobernador fue duramente criticada por los colectivos Madres Buscadoras de Jalisco (MBJ) y Madres Buscadoras de Sonora. En un comunicado, MBJ señaló: “Es ilógico su estrategia de amedrentar a las madres que sólo buscan regresar a su familiar a casa, ya que jamás hemos recibido algún tipo de amenaza de cárteles ni intimidación. (…) si crees que corremos peligro Enrique Alfaro danos la protección que merecemos por hacer tu trabajo!! no quieras ocultar lo que todo mundo sabe, que estamos caminando sobre un CEMENTERIO! (sic)”.
Posteriormente en entrevistas a distintos medios, Indira Navarro, coordinadora de MBJ, cuestionó la versión sobre las explosiones en Tlajomulco, pues sostuvo que nadie de su colectivo y otros consultados hubieran llamada a la Fiscalía para solicitar el acompañamiento a esa supuesta fosa; reveló que cuando han solicitado acompañamiento policial para hacer trabajo de campo, tardan entre dos y tres semanas en responder; y consideró muy extraño que un convoy de vehículos de la Fiscalía y de policías de Tlajomulco salieron ya por la tarde-noche a las búsquedas cuando por protocolo se hacen por la mañana. Y el posicionamiento más claro de MBJ es que no dejarían de salir a buscar fosas a partir de llamada o informantes anónimos porque son un colectivo independiente que se mueve con sus propios recursos, sin apoyos del Gobierno del Estado.
Al reclamo de Madres Buscadoras de Jalisco se sumaron, primero, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, que exigió al Gobierno de Jalisco no suspender las búsquedas. Para el jueves, esta postura fue retomada por casi la mayoría de organizaciones de familiares de Jalisco. Más de 20 colectivos de búsqueda convocaron a una manifestación el domingo para exigir que no se suspendan las búsquedas.
Ante la magnitud de la exigencia de los familiares que buscan a sus desaparecidos, el gobernador emitió un nuevo mensaje ayer para precisar que no se suspenden todas las búsquedas, excepto las que se hagan a partir de llamadas anónimas.
Pero para los colectivos esto no es viable, pues es a partir de esos informantes anónimos que dan con los enterramientos clandestinos. Tan sólo el colectivo MBJ ha encontrado en unas 60 fosas o enterramientos clandestinos en donde se han extraído unos 380 cuerpos, según precisó Indira Navarro.
Además, el gobernador anunció que se suspenden las búsquedas hasta establecer protocolos, sin embargo, lo contradice la propia Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, que en respuesta a una recomendación del Comité Ciudadano del Sistema Estatal de Búsqueda se negó a admitir la recomendación al señalar que ya existen estos protocolos.
Quizá atrapado por una presión social que ha crecido en los últimos meses en torno a la crisis por desaparición de personas, el gobernador llamó a no politizar este tema y a señalar que el enemigo no es el Gobierno sino el crimen organizado. Pero desde las familias le recuerdan que a veces el enemigo sí es el Estado, pues hay varios casos de desapariciones forzadas cometidas por fuerzas públicas de seguridad y porque con frecuencia son re-victimizadas por un Gobierno que no hace una labor eficaz de búsqueda de sus hijos ausentes. En lugar de tratar de desactivar la protesta de los colectivos, el Gobierno del Estado debe aprovechar esta coyuntura, de una vez por todas, para establecer una mesa permanente de atención a la crisis por desaparición de personas que hay Jalisco, directamente con las familias, escucharlas y atender de fondo sus demandas y exigencias.
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