Claudia Sheinbaum va por la regulación del uso de la IA y las redes sociales

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, una vez concluida la Copa Mundial de Futbol de 2026, el Gobierno federal abrirá un debate nacional sobre la regulación de la inteligencia artificial (IA), las redes sociales y el uso de dispositivos móviles, con énfasis en la protección de niños y adolescentes.

Como parte de esta estrategia, especialistas en salud acudirán a las conferencias matutinas para explicar los efectos del uso excesivo de pantallas y de las plataformas digitales, así como los riesgos asociados con la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad.

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Durante su conferencia de prensa del  martes, la mandataria señaló que el objetivo es generar una discusión amplia en la que participen especialistas, legisladores, medios de comunicación y la sociedad en general, a fin de construir un marco regulatorio acorde con los desafíos tecnológicos actuales.

“Que se abra la discusión, incluso si el Congreso quiere participar. Que los medios hablen sobre ello. Otro punto es el control de las plataformas: ¿quién las controla?, ¿cuántas personas son dueñas de las redes sociales? y ¿cómo se concentra ese poder?”, planteó.

Sheinbaum recordó que este debate también ha sido impulsado por el papa León XIV, quien ha reflexionado sobre el impacto de las nuevas tecnologías y la concentración del poder digital. Añadió que la discusión buscará incorporar experiencias internacionales para evaluar los alcances de una eventual regulación en México.

La Presidenta adelantó que, además del análisis sobre inteligencia artificial, se revisarán las políticas aplicadas en otros países para limitar el uso de dispositivos electrónicos entre menores de edad y prevenir problemas de adicción.

Como parte del proceso, el Gobierno federal realizará consultas con madres, padres de familia y docentes para conocer su opinión sobre el uso de teléfonos celulares en los planteles educativos. Con base en esos resultados, se buscará establecer lineamientos nacionales para restringir su utilización durante la jornada escolar.

“Haremos una regulación para poner, por ejemplo, limitantes en las escuelas para el uso de los teléfonos celulares a nivel nacional”, explicó.

La mandataria subrayó que México también requiere una legislación específica sobre inteligencia artificial, ya que actualmente el país carece de un marco jurídico que establezca reglas para su desarrollo, implementación y uso responsable.

Indicó que la discusión abordará temas como el funcionamiento de la IA, su acelerada evolución, las normas que existen en otras naciones y los desafíos que representa para la seguridad, la privacidad y los derechos de las personas.

Asimismo, enfatizó que cualquier regulación deberá garantizar el derecho a la información y a la libertad de expresión, dejando claro que la intención del Gobierno no es censurar contenidos.

“No tiene nada que ver con la censura. Es un asunto relacionado con el derecho a la información, pero también con el cuidado de la salud de todas y todos y con evitar que ciertos contenidos dañinos estén tan fácilmente disponibles”, afirmó.

Sheinbaum reconoció que las redes sociales también han facilitado la difusión de contenidos ilícitos, incluidos casos de abuso y explotación sexual, por lo que consideró necesario fortalecer las medidas de protección, especialmente para menores de edad.

Presentan iniciativa en el Senado

Con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de las personas en el entorno digital, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín presentó una iniciativa para reformar el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e incorporar el derecho a la protección de la identidad digital.

El legislador argumentó que el acelerado desarrollo de la inteligencia artificial generativa ha permitido crear contenidos cada vez más realistas, capaces de reproducir con gran precisión la voz, la imagen, los datos biométricos e incluso el comportamiento de una persona, lo que ha rebasado el marco jurídico vigente.

Advirtió que estas herramientas tecnológicas han incrementado los riesgos de fraude, extorsión, violencia digital, desinformación y daño reputacional, al facilitar la elaboración de contenidos sintéticos prácticamente indistinguibles de los reales.

Ante este panorama, Ramírez Marín planteó reconocer a nivel constitucional el derecho a la identidad digital para brindar mayores garantías frente al uso indebido de tecnologías basadas en inteligencia artificial.

La propuesta define la identidad digital como la proyección de la personalidad de una persona en los entornos digitales, incluyendo la protección de su imagen, voz, datos biométricos y cualquier otro rasgo distintivo susceptible de ser reproducido mediante herramientas tecnológicas.

Asimismo, establece que este derecho comprende la protección contra la generación, manipulación, difusión o utilización de representaciones sintéticas, digitales o análogas creadas con inteligencia artificial u otras tecnologías cuando se realicen sin el consentimiento de la persona afectada.

La iniciativa también plantea prohibir la creación, difusión o utilización de contenidos que reproduzcan o simulen la identidad de una persona sin su autorización. Sin embargo, prevé excepciones cuando exista un interés público legítimo o se trate del ejercicio de la libertad de expresión, la labor periodística, la creación artística, la investigación científica o la materia electoral.

Ramírez Marín sostuvo que la propuesta busca anticiparse a los desafíos de la rápida evolución tecnológica, evitar que el vacío legal facilite nuevas formas de abuso y fortalecer la protección de la dignidad humana, la privacidad, los derechos fundamentales y la seguridad jurídica de las personas en el entorno digital.

Lo que está en juego

Protección. El principal argumento a favor es reducir la exposición de niños y adolescentes a contenidos violentos, sexuales, autolesivos o relacionados con fraudes. La OCDE advierte que las plataformas también son utilizadas para el abuso y la explotación infantil, lo que ha impulsado nuevas regulaciones en distintos países.

Salud. Especialistas vinculan el uso excesivo de redes con alteraciones del sueño, ansiedad, depresión y menor bienestar emocional, aunque el impacto varía según el tiempo de uso, la edad y el tipo de contenido consumido. La regulación busca reducir estos riesgos sin eliminar los beneficios del entorno digital.

Escuelas. Restringir los teléfonos celulares durante la jornada escolar puede favorecer la atención, la convivencia y el aprendizaje. Sin embargo, expertos señalan que las prohibiciones deben acompañarse de educación digital y no limitarse únicamente al retiro de dispositivos.

Libertad. Entre los argumentos en contra destaca el riesgo de afectar el derecho de los adolescentes a informarse, expresarse y participar en espacios digitales si las restricciones resultan excesivas o poco claras.

Privacidad. Verificar la edad suele requerir datos personales o biométricos. Organizaciones y especialistas advierten que cualquier mecanismo debe proteger la información de los usuarios y evitar nuevos riesgos de vigilancia.

Eficacia. La experiencia internacional muestra resultados mixtos. En Australia, muchos menores continuaron accediendo a las plataformas mediante cuentas falsas o VPN, lo que evidencia que una prohibición, por sí sola, puede ser insuficiente.

Corresponsabilidad. Existe consenso en que la protección no debe recaer únicamente en las familias. También implica obligaciones para plataformas, autoridades y escuelas mediante controles de edad, algoritmos más seguros, moderación de contenidos y programas permanentes de alfabetización digital.