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En Francia, el que contamina paga
El proyecto de ley, que es la adaptación de una directiva europea de 2004 que debería haber sido traspuesta al derecho francés antes de mayo de 2007, recibió el visto bueno definitivo de la Asamblea Nacional
París.- El
Parlamento francés adoptó hoy de forma definitiva un proyecto de ley sobre la "responsabilidad medioambiental", que asienta el principio de que el que contamina paga, con el objetivo de prevenir y reparar los daños causados en el medio ambiente.
El proyecto de ley, que es la adaptación de una directiva europea de 2004 que debería haber sido traspuesta al derecho francés antes de mayo de 2007, recibió el visto bueno definitivo de la Asamblea Nacional, con el voto a favor de los diputados del partido conservador UMP del presidente francés, Nicolás Sarkozy, y de sus aliados del Nuevo Centro. La izquierda se pronunció en contra.
De acuerdo con el texto, las administraciones podrán constituirse en acusación particular en caso de contaminación en su territorio.
Se castigarán más severamente las contaminaciones marinas y así el capitán de un barco responsable de un vertido podrá ser condenado a una pena de prisión de diez años y a una multa de hasta 15 millones de euros, frente a un límite de un millón actualmente.
La nueva disposición refuerza la autoridad de los prefectos (delegados del Gobierno), encargados de velar por el respeto de las obligaciones de las instalaciones industriales susceptibles de causar una contaminación.
Las asociaciones de defensa medioambiental querían que se incluyera una disposición -que finalmente no está- para obligar a un seguro obligatorio y garantías financieras en caso de contaminación.
El proyecto de ley, que es la adaptación de una directiva europea de 2004 que debería haber sido traspuesta al derecho francés antes de mayo de 2007, recibió el visto bueno definitivo de la Asamblea Nacional, con el voto a favor de los diputados del partido conservador UMP del presidente francés, Nicolás Sarkozy, y de sus aliados del Nuevo Centro. La izquierda se pronunció en contra.
De acuerdo con el texto, las administraciones podrán constituirse en acusación particular en caso de contaminación en su territorio.
Se castigarán más severamente las contaminaciones marinas y así el capitán de un barco responsable de un vertido podrá ser condenado a una pena de prisión de diez años y a una multa de hasta 15 millones de euros, frente a un límite de un millón actualmente.
La nueva disposición refuerza la autoridad de los prefectos (delegados del Gobierno), encargados de velar por el respeto de las obligaciones de las instalaciones industriales susceptibles de causar una contaminación.
Las asociaciones de defensa medioambiental querían que se incluyera una disposición -que finalmente no está- para obligar a un seguro obligatorio y garantías financieras en caso de contaminación.