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Un régimen que agoniza
Los tres partidos políticos más representativos de la transición inician el proceso de renovación de sus dirigencias nacionales
GUADALAJARA, JALISCO (16/AGO/2015).- Un régimen se agota cuando su relato no emociona a nadie. Sus héroes dejan de ser admirados. El barniz de su escultura institucional da paso a la oxidación del tiempo. En instantes, “todo lo que fue sólido se desvanece en el aire”.
Los cimientos entran en contradicciones y los achaques de la edad inmovilizan su reacción. El régimen luce viejo, cansado y sin respuestas. A todo régimen le llega su tiempo, y en México su agonía se percibe a diario.
Las respuestas ya no las tiene José Woldenberg. Un demócrata, sin duda, pero un demócrata para otro tiempo. Tampoco Cuauhtémoc Cárdenas es el referente moral para levantar a una izquierda más extraviada que nunca. Carlos Castillo Peraza tiene poco que decirnos sobre los moches del PAN y su corrupción endémica.
Manlio Fabio Beltrones es un equilibrista del viejo régimen, un camaleón que encontró su espacio en los nuevos tiempos, pero que tampoco parece esbozar la salida de la crisis política. Algo agoniza, pero no acaba de morir, y algo nuevo asoma, pero no acaba de mostrarse, como lo dijo Berthold Brecht. Eso es una crisis.
México vive una crisis política evidente. Los catastrofistas pensarán que es el momento del tan esperado colapso del sistema. Más atendiendo a los deseos que a los argumentos. Los fieles al status quo pensarán que no, simplemente es un hoyo del que el sistema político mexicano saldrá reforzado.
Sin embargo, debemos admitir que los cimientos del régimen político de la transición en México, se encuentran cuestionados. El tripartidismo ya no suscita esperanzas de cambio y el “todos son iguales” es hegemónico en la opinión pública.
Los órganos constitucionalmente autónomos, que fungieron como los auténticos guardianes de nuestra endeble democracia, son vistos como burocracias al servicio de los partidos políticos. La descentralización, nuestro federalismo, no suscita ninguna adhesión política. Los gobernadores son identificados con prácticas del pasado, con el cacicazgo y la nula rendición de cuenta. Los medios de comunicación, los más importantes, acarrean un déficit serio de credibilidad.
El Estado es incapaz de demostrarnos su probidad para hacer cumplir la ley y respetar los derechos humanos, casos como el de Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato y otros, nos demuestran dicha insolvencia institucional. La oposición se encuentra atenazada por la corrupción interna, la división y la confusión. ¿Es esto presagio de que algo está cambiando?
El tripartidismo
En una crisis de régimen lo primero que entra en contradicción es el sistema de partidos. Y es que una democracia funcional requiere no sólo eficacia del partido en el Gobierno, sino un contrapeso efectivo de la oposición. En Argentina, el sistema financiero colapsó y entre las patas se llevó al sistema de partidos. En Venezuela ocurrió algo similar con el chavismo. En Grecia, tras la crisis de 2009, vimos una profunda refundación del sistema de partidos en las puertas de un cambio de régimen. En un entorno de incredulidad prolongada, los actores son los primeros en pagar la cuenta de los platos rotos.
En México, el tripartidismo ha entrado en crisis. Entre las tres fuerzas políticas mayoritarias, sólo lograron cosechar el 60% de los votos en la última elección. Veinte puntos menos que en 2009 y 26 puntos menos que en 2003. El PRI se esfumó de las ciudades, y mantuvo una mayoría legislativa con sus “estados zapato”, donde gana con niveles bajísimos de participación. El PAN tuvo su peor resultado en décadas, y en estados como Jalisco se volvió una fuerza marginal. El PRD lentamente se convierte en un partido capitalino, pero incluso ahí cuestionado. El castigo al tripartidismo es innegable. Es un castigo o un hasta luego, eso lo veremos en 2018.
El cambio político parece no estar en el tripartidismo. Surgen fuerzas emergentes como Morena, MC o el Partido Verde que buscan capitalizar el descrédito de las principales fuerzas políticas. Incluso, los independientes son una señal de la desconfianza en los tres principales partidos. Y es que la primera queja contra estos partidos no es que piensen exactamente igual, o que sean en términos de programas políticos, lo mismo. Existen diferencias.
Lo que se denuncia es que cuando de corrupción se habla, cuando de proteger intereses inconfesables nos referimos, las tres principales fuerzas políticas del país actúan como una clase única que se opone a la rendición de cuentas. La percepción es que las tres principales fuerzas políticas cayeron en un contubernio durante el peñismo que diluyó el papel de la oposición y que el cambio dificilmente vendrá de ellos. Las renovaciones de las dirigencias nacionales de los tres partidos es el primer examen que pone a prueba su capacidad para leer la situación política del país y el mensaje de los ciudadanos tras las elecciones intermedias de 2015.
La descentralización
Un signo inequívoco de nuestra transición fue la descentralización. Ante la “Presidencia Imperial” que se iba, se inauguraba el tiempo de los órganos autónomos, así como el momentum de los gobernadores. Dinero y poder fue cedido a los estados y a espacios ciudadanizados que blindaban las decisiones de los intereses partidistas. Así se constituyó el Instituto Federal Electoral (IFE), el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Sólo la autonomía, la independencia de las decisiones en temas polémicos como las elecciones o los derechos humanos, aseguraba un juicio imparcial por parte del Estado.
Sin embargo, los órganos autónomos atraviesan por su fase más crítica. El nuevo INE no pasó la prueba y, de acuerdo a las encuestas sobre estima institucional, la confianza en su labor ha tocado mínimos históricos. Con nuevas atribuciones, y con la incapacidad para mandar un mensaje de corrección política al sistema de partidos, el INE no pudo con el órdago que le lanzó el Partido Verde durante las últimas elecciones. La división partidista interna le pasó factura al Consejo General y dibujó de cuerpo entero la pérdida de autonomía del árbitro electoral. La crisis de legitimidad del órgano más representativo de nuestra democracia es también la crisis de un modelo de transición que ya no responde eficazmente a los nuevos desafíos.
De la misma forma, desmontar el hiperpresidencialismo mexicano implicaba también el fortalecimiento de los estados en el marco del federalismo. La educación se fue a los estados, la obra pública comenzó a ejercerse en las entidades y prácticamente la mitad de los dineros nacionales fueron transferidos anualmente a los estados. La política comenzó a definirse en Guadalajara, Monterrey o en Tapachula. La dimensión federal se debilitó, el Presidente siguió siendo fuerte, pero ya no tuvo, desde Ernesto Zedillo, los canales políticos adecuados para resolver los conflictos con el arbitraje de Los Pinos.
Sin embargo, descentralización no implicó, como en otros países, mayores contrapesos, mayor subsidiariedad, mayor solidaridad y mayor rendición de cuentas. La descentralización nos mostró la debilidad institucional en las entidades federativas para detener las ambiciones desmedidas de los gobernadores. Los mandamases estatales fueron el azote de Fox y de Calderón.
El federalismo mexicano no corrigió sus simulaciones del pasado, por el contrario reforzó su papel de mecanismo de impunidad que protege a las élites locales. Muy lejos quedó el anhelo de que el federalismo mexicano funcionara como un sistema de dispersión de poder que proteja a las particularidades locales y que propicie mayor rendición de cuentas. Hoy la palabra federalismo es para un joven, un significante vacío, un concepto que no dice nada.
La liberalización
Toda transición implica dos procesos: la democratización —derechos políticos e igualdad electoral— y la liberalización. La liberalización son las garantías que permiten el desarrollo integral de la democracia: libertad de expresión, libertad de reunión, pluralidad política y más. En México, el proceso de liberalización comienza en la década de los setenta. Sin embargo, a pesar de este proceso en apariencia lineal, vivimos un momento político en donde dichas libertades se encuentran en la mesa de debate.
En una parte de la opinión pública, se comienza a concebir al Estado mexicano como un “ogro” divorciado de la protección de los derechos humanos y las libertades civiles. Ya no sólo por las tragedias de Iguala o Tlatlaya, o las revelaciones sobre Tanhuato, sino por la fragilidad del trabajo periodístico y la libertad de expresión amenazada o por grupos del crimen organizado o por el autoritarismo de algunos gobernantes. Los índices que miden la fortaleza de nuestras libertades muestran a un país en franco retroceso.
La transición en México constituyó un relato poco creíble. Pasar de los problemas del viejo régimen al mundo maravilloso de la democracia. De la noche a la mañana, seríamos ricos, México entraría en el club de las democracias del primer mundo. Un relato que sembraba la semilla de la decepción. La democracia no sólo no ha corregido el modelo económico que nos tiene donde estamos, sino que ha profundizado muchas de sus contradicciones. Los sueños que engendró la transición, el imaginario de prosperidad y libertades que delineó, hoy en día conspiran contra la credibilidad de las instituciones que nacieron en la transición.
Sin embargo, más allá de sus narrativas, el régimen mexicano que nació de la transición muestra que estamos ante un cambio de ciclo. No hay hilo articulador que no se encuentre bajo serio cuestionamiento: el sistema de partidos, el sistema electoral, las libertades democráticas y hasta el modelo de división político-territorial. No hay quien se salve, todo muestra signos de agotamiento.
Es prematuro para saber qué dirección tomarán figuras como los nuevos candidatos independientes o las fuerzas políticas emergentes. No sabemos si serán actores comprometidos con una segunda transición, con un régimen de mayores libertades y consolidación democráticas, o por el contrario si se sumarán al fracaso del actual régimen. Una crisis de régimen siempre marca el advenimiento de un nuevo tiempo político.
Los cimientos entran en contradicciones y los achaques de la edad inmovilizan su reacción. El régimen luce viejo, cansado y sin respuestas. A todo régimen le llega su tiempo, y en México su agonía se percibe a diario.
Las respuestas ya no las tiene José Woldenberg. Un demócrata, sin duda, pero un demócrata para otro tiempo. Tampoco Cuauhtémoc Cárdenas es el referente moral para levantar a una izquierda más extraviada que nunca. Carlos Castillo Peraza tiene poco que decirnos sobre los moches del PAN y su corrupción endémica.
Manlio Fabio Beltrones es un equilibrista del viejo régimen, un camaleón que encontró su espacio en los nuevos tiempos, pero que tampoco parece esbozar la salida de la crisis política. Algo agoniza, pero no acaba de morir, y algo nuevo asoma, pero no acaba de mostrarse, como lo dijo Berthold Brecht. Eso es una crisis.
México vive una crisis política evidente. Los catastrofistas pensarán que es el momento del tan esperado colapso del sistema. Más atendiendo a los deseos que a los argumentos. Los fieles al status quo pensarán que no, simplemente es un hoyo del que el sistema político mexicano saldrá reforzado.
Sin embargo, debemos admitir que los cimientos del régimen político de la transición en México, se encuentran cuestionados. El tripartidismo ya no suscita esperanzas de cambio y el “todos son iguales” es hegemónico en la opinión pública.
Los órganos constitucionalmente autónomos, que fungieron como los auténticos guardianes de nuestra endeble democracia, son vistos como burocracias al servicio de los partidos políticos. La descentralización, nuestro federalismo, no suscita ninguna adhesión política. Los gobernadores son identificados con prácticas del pasado, con el cacicazgo y la nula rendición de cuenta. Los medios de comunicación, los más importantes, acarrean un déficit serio de credibilidad.
El Estado es incapaz de demostrarnos su probidad para hacer cumplir la ley y respetar los derechos humanos, casos como el de Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato y otros, nos demuestran dicha insolvencia institucional. La oposición se encuentra atenazada por la corrupción interna, la división y la confusión. ¿Es esto presagio de que algo está cambiando?
El tripartidismo
En una crisis de régimen lo primero que entra en contradicción es el sistema de partidos. Y es que una democracia funcional requiere no sólo eficacia del partido en el Gobierno, sino un contrapeso efectivo de la oposición. En Argentina, el sistema financiero colapsó y entre las patas se llevó al sistema de partidos. En Venezuela ocurrió algo similar con el chavismo. En Grecia, tras la crisis de 2009, vimos una profunda refundación del sistema de partidos en las puertas de un cambio de régimen. En un entorno de incredulidad prolongada, los actores son los primeros en pagar la cuenta de los platos rotos.
En México, el tripartidismo ha entrado en crisis. Entre las tres fuerzas políticas mayoritarias, sólo lograron cosechar el 60% de los votos en la última elección. Veinte puntos menos que en 2009 y 26 puntos menos que en 2003. El PRI se esfumó de las ciudades, y mantuvo una mayoría legislativa con sus “estados zapato”, donde gana con niveles bajísimos de participación. El PAN tuvo su peor resultado en décadas, y en estados como Jalisco se volvió una fuerza marginal. El PRD lentamente se convierte en un partido capitalino, pero incluso ahí cuestionado. El castigo al tripartidismo es innegable. Es un castigo o un hasta luego, eso lo veremos en 2018.
El cambio político parece no estar en el tripartidismo. Surgen fuerzas emergentes como Morena, MC o el Partido Verde que buscan capitalizar el descrédito de las principales fuerzas políticas. Incluso, los independientes son una señal de la desconfianza en los tres principales partidos. Y es que la primera queja contra estos partidos no es que piensen exactamente igual, o que sean en términos de programas políticos, lo mismo. Existen diferencias.
Lo que se denuncia es que cuando de corrupción se habla, cuando de proteger intereses inconfesables nos referimos, las tres principales fuerzas políticas del país actúan como una clase única que se opone a la rendición de cuentas. La percepción es que las tres principales fuerzas políticas cayeron en un contubernio durante el peñismo que diluyó el papel de la oposición y que el cambio dificilmente vendrá de ellos. Las renovaciones de las dirigencias nacionales de los tres partidos es el primer examen que pone a prueba su capacidad para leer la situación política del país y el mensaje de los ciudadanos tras las elecciones intermedias de 2015.
La descentralización
Un signo inequívoco de nuestra transición fue la descentralización. Ante la “Presidencia Imperial” que se iba, se inauguraba el tiempo de los órganos autónomos, así como el momentum de los gobernadores. Dinero y poder fue cedido a los estados y a espacios ciudadanizados que blindaban las decisiones de los intereses partidistas. Así se constituyó el Instituto Federal Electoral (IFE), el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Sólo la autonomía, la independencia de las decisiones en temas polémicos como las elecciones o los derechos humanos, aseguraba un juicio imparcial por parte del Estado.
Sin embargo, los órganos autónomos atraviesan por su fase más crítica. El nuevo INE no pasó la prueba y, de acuerdo a las encuestas sobre estima institucional, la confianza en su labor ha tocado mínimos históricos. Con nuevas atribuciones, y con la incapacidad para mandar un mensaje de corrección política al sistema de partidos, el INE no pudo con el órdago que le lanzó el Partido Verde durante las últimas elecciones. La división partidista interna le pasó factura al Consejo General y dibujó de cuerpo entero la pérdida de autonomía del árbitro electoral. La crisis de legitimidad del órgano más representativo de nuestra democracia es también la crisis de un modelo de transición que ya no responde eficazmente a los nuevos desafíos.
De la misma forma, desmontar el hiperpresidencialismo mexicano implicaba también el fortalecimiento de los estados en el marco del federalismo. La educación se fue a los estados, la obra pública comenzó a ejercerse en las entidades y prácticamente la mitad de los dineros nacionales fueron transferidos anualmente a los estados. La política comenzó a definirse en Guadalajara, Monterrey o en Tapachula. La dimensión federal se debilitó, el Presidente siguió siendo fuerte, pero ya no tuvo, desde Ernesto Zedillo, los canales políticos adecuados para resolver los conflictos con el arbitraje de Los Pinos.
Sin embargo, descentralización no implicó, como en otros países, mayores contrapesos, mayor subsidiariedad, mayor solidaridad y mayor rendición de cuentas. La descentralización nos mostró la debilidad institucional en las entidades federativas para detener las ambiciones desmedidas de los gobernadores. Los mandamases estatales fueron el azote de Fox y de Calderón.
El federalismo mexicano no corrigió sus simulaciones del pasado, por el contrario reforzó su papel de mecanismo de impunidad que protege a las élites locales. Muy lejos quedó el anhelo de que el federalismo mexicano funcionara como un sistema de dispersión de poder que proteja a las particularidades locales y que propicie mayor rendición de cuentas. Hoy la palabra federalismo es para un joven, un significante vacío, un concepto que no dice nada.
La liberalización
Toda transición implica dos procesos: la democratización —derechos políticos e igualdad electoral— y la liberalización. La liberalización son las garantías que permiten el desarrollo integral de la democracia: libertad de expresión, libertad de reunión, pluralidad política y más. En México, el proceso de liberalización comienza en la década de los setenta. Sin embargo, a pesar de este proceso en apariencia lineal, vivimos un momento político en donde dichas libertades se encuentran en la mesa de debate.
En una parte de la opinión pública, se comienza a concebir al Estado mexicano como un “ogro” divorciado de la protección de los derechos humanos y las libertades civiles. Ya no sólo por las tragedias de Iguala o Tlatlaya, o las revelaciones sobre Tanhuato, sino por la fragilidad del trabajo periodístico y la libertad de expresión amenazada o por grupos del crimen organizado o por el autoritarismo de algunos gobernantes. Los índices que miden la fortaleza de nuestras libertades muestran a un país en franco retroceso.
La transición en México constituyó un relato poco creíble. Pasar de los problemas del viejo régimen al mundo maravilloso de la democracia. De la noche a la mañana, seríamos ricos, México entraría en el club de las democracias del primer mundo. Un relato que sembraba la semilla de la decepción. La democracia no sólo no ha corregido el modelo económico que nos tiene donde estamos, sino que ha profundizado muchas de sus contradicciones. Los sueños que engendró la transición, el imaginario de prosperidad y libertades que delineó, hoy en día conspiran contra la credibilidad de las instituciones que nacieron en la transición.
Sin embargo, más allá de sus narrativas, el régimen mexicano que nació de la transición muestra que estamos ante un cambio de ciclo. No hay hilo articulador que no se encuentre bajo serio cuestionamiento: el sistema de partidos, el sistema electoral, las libertades democráticas y hasta el modelo de división político-territorial. No hay quien se salve, todo muestra signos de agotamiento.
Es prematuro para saber qué dirección tomarán figuras como los nuevos candidatos independientes o las fuerzas políticas emergentes. No sabemos si serán actores comprometidos con una segunda transición, con un régimen de mayores libertades y consolidación democráticas, o por el contrario si se sumarán al fracaso del actual régimen. Una crisis de régimen siempre marca el advenimiento de un nuevo tiempo político.