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El Informe y la rendición de cuentas

La transición democrática en México ha fomentado la desconcentración y la ampliación de los derechos políticos

GUADALAJARA, JALISCO (09/FEB/2014).- Las grietas del viejo régimen a través de dos momentos históricos. Primero, la necesidad de abrir la participación política a la oposición desde el ámbito municipal (en la reforma política de 1963) y en el ámbito federal a partir de la introducción de los plurinominales en la LOPE de 1977. Sin embargo, no fue suficiente; la transformación del sistema político no sólo consistía en asegurar la pluralidad partidista, sino que también reclamaba la posibilidad de desconcentrar funciones en donde existían sospechas fundadas de que el Gobierno podía tener la tentación de moldear las cosas a su favor. Así se crearon los llamados órganos constitucionales autónomos, o también llamados organismos ciudadanos. El Instituto Federal Electoral (IFE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e incluso el Instituto Federal de Acceso a la información Pública y Protección de Datos (IFAI), son manifestaciones institucionales de esa “fiebre autonomista” de los noventas e inicios de siglo. La lógica era simple: el acceso de ciudadanos, no partidistas, y especialistas en distintas materias, provocaría una reforma profunda del aparato de Gobierno. Había parte de verdad y parte de ficción en esa afirmación.

Algo similar ocurrió en Jalisco. El remedio a todos nuestros males democráticos consistía en diseñar y blindar órganos autónomos que doten de legitimidad al proceso político. El político ya llevaba la marca de la parcialidad y el abuso, un nuevo sistema no podía venir de los políticos de siempre, sino de una nueva ciudadanía que encontraba en distintos espacios de la administración pública un medio para influir en las reglas del juego democráticas que lentamente emergían. Como efecto de estos debates, gradualmente se fue formando una dicotomía que separaba a ciudadanos y políticos. Algo no sólo característico de nuestra cultura política, sino que también existe, por ejemplo, en Estados Unidos donde la separación Estado-Sociedad siempre ha sido muy nítida. Menos en Francia o Alemania donde se ha consolidado una visión “orgánica” del Estado, en donde Estado y Sociedad tienen vasos comunicantes y no una línea divisoria tajante.

La dicotomía ciudadanos-políticos

En México, estamos en presencia en el debate público de una tensión dicotómica entre políticos y ciudadanos. Es cierto, que distintas regulaciones han abonado a esta división entre dos polos. Tomemos, por ejemplo, la reforma de 2007, que dejando de lado sus aspectos positivos en materia de equidad electoral, también erigió barreras muy pesadas a la participación. Profundizaba el monopolio de la política en manos de los partidos políticos y dificultaba el acceso de los ciudadanos o independientes sin partido a las instituciones representativas. Lo dice con claridad Moisés Naím en su libro “el fin del poder”: el marco jurídico suele ser una de las formas más eficaces para mantener el control político en pocas manos. Y si a esto le agregamos la constante dicotomía de ciudadanos buenos contra políticos malos, tan característica en parte de la izquierda política, la desconfianza entre ciudadanía y políticos ha crecido exponencialmente desde 2005.

Démosle un vistazo a los resultados del Latinobarómetro para ver que México es en América Latina la nación que más rápido ha perdido la fe en los políticos y en las instituciones democráticas. Si tomamos el periodo de 1995 a 2013, México es el segundo país de América Latina que ha perdido más confianza en la democracia: 12%, sólo detrás de Costa Rica. En el mismo sentido, México es el segundo país más insatisfecho con la democracia, sólo detrás de Honduras. Y hablando de los políticos, su popularidad y confianza pública se ha derrumbado. Según Consulta Mitofsky, solamente 8% confía plenamente en los políticos y, tomando un estudio sobre confianza institucional elaborado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la Cámara de Diputados, los partidos políticos son la institución más desprestigiada del país (más que los policías).

Ante esto, la tendencia de utilizar los órganos autónomos como medicina para paliar la desconfianza de los ciudadanos hacia los políticos, ha seguido incluso con el Gobierno de Enrique Peña Nieto que parecía tener un proyecto más centralizador. En el primer año se aprobó la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), el Instituto Nacional Electoral (INE), se la da autonomía al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Es decir, las autonomías siguen siendo vistas como la única forma de legitimar la construcción de nuevas instituciones políticas.

La glosa ciudadana, ¿Una solución?

Dentro de este debate, tenemos que situar el ejercicio de la Glosa Ciudadana que tuvo lugar en el marco del Primer Informe de Gobierno de Aristóteles Sandoval. Es una apuesta inédita por un espacio de rendición de cuentas que diluya la desconfianza que tienen los ciudadanos ante las evaluaciones que hacen de ellos mismos los políticos. No es un secreto, la población es escéptica de esos informes de Gobierno entendidos como ejercicios de autocomplacencia, carentes de autocrítica y protocolarios. Es, sin lugar a dudas, uno de los ritos más simbólicos del presidencialismo mexicano. Sin embargo, más que un ejercicio de rendición de cuentas, el Informe ha significado un día de celebración, donde la crítica no aparece y la evaluación es inexistente. Nada similar a los debates sobre el estado que guarda la administración en Estados Unidos, España o Francia. Es simplemente una herencia “celebratoria” que enaltece al Ejecutivo como el centro del sistema político.

Ante este contexto, la apertura del sistema de rendición de cuentas es un elemento fundamental cuando se trata de reparar ese vínculo entre ciudadanos y gobernantes. La confianza parte del conocimiento y del diálogo; no se puede reconstruir el tejido de legitimidad si no existe interacción. En ningún lado del mundo los políticos son “rockstars” o estrellas de cine, incluso en Europa vemos que las tasas de confianza en los políticos se han derrumbado en la última década. Sin embargo, no es de extrañarse que los países con más apertura a la participación constante de los ciudadanos en las decisiones políticas, sean precisamente donde los políticos son mejor evaluados. Los sistemas cerrados tienden a generar ilegitimidad y falta de confianza, mientras que los sistemas políticos abiertos que fomentan la participación a través de referéndums, plebiscitos o en distintos ejercicios para decidir políticas públicas, tejen lazos de confianza más sólidos entre instituciones y ciudadanos. Tenemos el ejemplo de Suiza, una democracia en donde todas las decisiones políticas de peso se toman consultando a los ciudadanos ya sea a través de plebiscitos por internet o en físico, como la propuesta recientemente rechazada en referéndum de pasar una ley que ponía topes a la distancia entre los mejores pagados y los peores pagadas a una relación de 12 a 1. Las tasas de aprobación de los políticos en Suiza oscilan entre 75 y 80%, mientras que en México están por debajo de 30 por ciento.

En el caso de la Glosa Ciudadana, debates puede haber muchos. ¿Son verdaderamente esos 100 ciudadanos representativos de la pluralidad social? ¿Fue tiempo suficiente para debatir a fondo los temas de la administración pública? ¿Qué criterios se utilizaron para elegir a las 12 personas que preguntaron? ¿Se tomarán en cuenta las opiniones de los participantes o simplemente es un ejercicio de legitimación? Todas estas preguntas son válidas y pueden ser objeto de debates en la prensa y en la opinión pública. Sin embargo no podemos negar que un ejercicio de estas características arroja evaluaciones, debates y análisis que no hubieran existido sin el intercambio de cuestionamientos entre ciudadanos y autoridades. Es una ventana de oportunidad para la ciudadanía, pero también para que los gobiernos entiendan de primera mano cómo son evaluados, dónde fallaron y qué percepción existe con relación a los temas torales de la administración. Y aunque podemos decir que muchos secretarios no necesariamente respondieron los cuestionamientos directos, también es verdad que ninguno de los especialistas que intervino recibió coerción ni tampoco se les obligó a preguntar sobre la base de un script acordado. Se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, sin embargo es difícil negar que con adaptaciones y mejoras, la Glosa Ciudadana puede ser un camino (de las varios que se tienen que tomar) que ayude a mitigar la llamada “crisis de la democracia representativa”. A los políticos hay que juzgarlos por sus acciones y no por sus intenciones, y esta es una apuesta (todavía limitada y con carencias) por transformar el modelo arcaico y agotado del Informe de Gobierno.

Así, no podemos olvidar que una apuesta como ésta nace de una clara desconfianza de los ciudadanos hacia la clase política. El Informe, como espacio de rendición de cuentas, tiene que ser uno de los puntos torales de la transformación del vínculo entre ciudadanos y representantes. A través de ejercicios como el de la Glosa Ciudadana se amplía el abanico de posibilidades, pero no es suficiente. Es fundamental aterrizar en el Congreso y recuperar la esencia del Poder Legislativo como contrapeso y supervisor del Ejecutivo. Los diputados, a pesar de su desprestigio, tienen la legitimidad democrática de las urnas para “representar” a su electorado y defender sus intereses. Una cosa no debe opacar a la otra, al articulación entre Glosa Ciudadana y Glosa Legislativa puede abonar a que el Informe se transforme del día de “besamanos” y autocomplacencias, al día del debate, el diálogo y la rendición de cuentas. Es un paso, pequeño, pero necesario.

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