En agosto de 1971, Petróleos Mexicanos (Pemex) autorizó el contrato para que la empresa Mexicana de Construcciones construyera el poliducto Salamanca-Guadalajara, de 235 kilómetros de longitud y 14 pulgadas de diámetro. La obra realizada es un riesgo latente para la ciudad. Cruza de oriente a poniente la mancha urbana bajo el subsuelo de la avenida Lázaro Cárdenas y va hasta la Planta satélite de la paraestatal en Zapopan, en el poblado San Juan de Ocotán, que ahora está dentro de la mancha urbana de la metrópoli. Su reubicación es un imperativo de seguridad urbana impostergable que Pemex ha eludido por años.
Afirmar que es un riesgo mayor no es exagerar. El 22 de abril de 1992 la ciudad se cimbró con un estallido de funesta memoria. El derrame de 18 mil barriles de gasolina a los drenajes de esta ciudad, precisamente de este ducto, fue la causa de la tragedia.
De acuerdo con el balance oficial, en el siniestro fallecieron 212 personas, 69 desaparecieron, mil 470 resultaron lesionadas y se destruyeron 12.5 kilómetros de cloacas, así como 800 viviendas, 400 establecimientos y 40 industrias. No fue la primera vez que estallaban combustibles en el drenaje de la ciudad, ya que al amanecer del 25 de marzo de 1983, una explosión destrozó 800 metros de alcantarillas en la calle Sierra Morena, lanzó automóviles por los aires, dañó las fachadas de las viviendas y provocó lesiones a por lo menos a 20 personas. Y en octubre de 1991, una explosión de relativamente pequeña magnitud hizo volar las tapas de las alcantarillas en dos calles de la Colonia Valle del Álamo, y en un registro del desagüe incluso hubo un incendio.
Luego de aquel 22 de abril se dictaminó al respecto en donde se especuló que empleados de la paraestatal, desde mucho antes, colocaron ventonita en el alcantarillado de Guadalajara, para aminorar las ondas expansivas de una explosión. Que sabían muy bien a lo que se enfrentaban, pero nunca informaron a las autoridades locales, y hasta culparon a dos empresas aceiteras de propiciar la tragedia.
El 25 de abril, María Guadalupe Fernández Romero y Francisco Fernández Aviña, peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ), luego de cotejar los reportes de bombeo de Salamanca a Guadalajara del primero al 23 de abril, encontraron que casi 19 mil barriles no llegaron a La Nogalera, equivalentes a casi tres millones de litros de gasolina, y cuyo destino habría sido el subsuelo y los drenajes. El 27 de abril, el procurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, aseguró que el derrame de gasolina salió de un agujero del poliducto “de un centímetro de diámetro”.
Luego de muchos años, Pemex aceptó que el ducto era un riesgo latente, decidió construir una nueva planta de almacenamiento en El Salto y ofreció clausurar la parte del ducto que atraviesa la ciudad y reubicar la planta de Zapopan. La anterior administración de la petrolera ofreció realizar las obras en este año, y ahora nos enteramos que las obras han sido pospuestas o canceladas. Es hora de que los ciudadanos y los gobiernos nos pongamos firmes ante un hecho tan lacerante y peligroso. Hace apenas unos días fue encontrado un reservorio de combustibles en las excavaciones que se hacen en la Glorieta del Álamo para construir un puente elevado.
No hay justificación alguna para seguir corriendo riesgos y mucho menos para encubrir la responsabilidad de la paraestatal. Es tiempo de que el Gobierno del Estado, los ayuntamientos y las organizaciones civiles levanten la voz. El compromiso para realizar esta obra data de años, y la nueva administración parece ignorar lo mucho que Pemex le debe a Jalisco.
LUIS SALOMÓN / Doctor en Derecho.
Afirmar que es un riesgo mayor no es exagerar. El 22 de abril de 1992 la ciudad se cimbró con un estallido de funesta memoria. El derrame de 18 mil barriles de gasolina a los drenajes de esta ciudad, precisamente de este ducto, fue la causa de la tragedia.
De acuerdo con el balance oficial, en el siniestro fallecieron 212 personas, 69 desaparecieron, mil 470 resultaron lesionadas y se destruyeron 12.5 kilómetros de cloacas, así como 800 viviendas, 400 establecimientos y 40 industrias. No fue la primera vez que estallaban combustibles en el drenaje de la ciudad, ya que al amanecer del 25 de marzo de 1983, una explosión destrozó 800 metros de alcantarillas en la calle Sierra Morena, lanzó automóviles por los aires, dañó las fachadas de las viviendas y provocó lesiones a por lo menos a 20 personas. Y en octubre de 1991, una explosión de relativamente pequeña magnitud hizo volar las tapas de las alcantarillas en dos calles de la Colonia Valle del Álamo, y en un registro del desagüe incluso hubo un incendio.
Luego de aquel 22 de abril se dictaminó al respecto en donde se especuló que empleados de la paraestatal, desde mucho antes, colocaron ventonita en el alcantarillado de Guadalajara, para aminorar las ondas expansivas de una explosión. Que sabían muy bien a lo que se enfrentaban, pero nunca informaron a las autoridades locales, y hasta culparon a dos empresas aceiteras de propiciar la tragedia.
El 25 de abril, María Guadalupe Fernández Romero y Francisco Fernández Aviña, peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ), luego de cotejar los reportes de bombeo de Salamanca a Guadalajara del primero al 23 de abril, encontraron que casi 19 mil barriles no llegaron a La Nogalera, equivalentes a casi tres millones de litros de gasolina, y cuyo destino habría sido el subsuelo y los drenajes. El 27 de abril, el procurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, aseguró que el derrame de gasolina salió de un agujero del poliducto “de un centímetro de diámetro”.
Luego de muchos años, Pemex aceptó que el ducto era un riesgo latente, decidió construir una nueva planta de almacenamiento en El Salto y ofreció clausurar la parte del ducto que atraviesa la ciudad y reubicar la planta de Zapopan. La anterior administración de la petrolera ofreció realizar las obras en este año, y ahora nos enteramos que las obras han sido pospuestas o canceladas. Es hora de que los ciudadanos y los gobiernos nos pongamos firmes ante un hecho tan lacerante y peligroso. Hace apenas unos días fue encontrado un reservorio de combustibles en las excavaciones que se hacen en la Glorieta del Álamo para construir un puente elevado.
No hay justificación alguna para seguir corriendo riesgos y mucho menos para encubrir la responsabilidad de la paraestatal. Es tiempo de que el Gobierno del Estado, los ayuntamientos y las organizaciones civiles levanten la voz. El compromiso para realizar esta obra data de años, y la nueva administración parece ignorar lo mucho que Pemex le debe a Jalisco.
LUIS SALOMÓN / Doctor en Derecho.