Las televisoras no deben marcar ni la agenda política, y mucho menos los alcances de la democracia en México. Pero está sucediendo. En un escenario donde se ha trastocado lo electoral por lo publicitario, donde las ganancias por levantar imágenes de campaña son desbordadas; donde los recursos del Estado terminan en los bolsillos de los publicistas, y de las televisoras, para dejar secas las arcas que antes se usaban para cubrir las necesidades sociales de la población…el que las televisoras manden, puede ser seductor, pero al final: mortal para la vida democrática.
Porque lo que pasa es mucho más que borrar la imagen de una persona… mucho más que cuidar su pingüe negocio…va hasta lastimar el respeto al Poder Legislativo. Y, esto es grave. Las disculpas, los “errores de edición”, están de más, y ofenden el intelecto de cualquiera. Pero sobre todo no borran la responsabilidad de las televisoras.
El espacio que la televisión utiliza, es un espacio público y de ello deben estar totalmente conscientes las empresas. El Estado les ha otorgado el permiso para su utilización, el que puede ser revocado, porque permiso no implica que el Estado haya perdido el control.
Y es aquí donde el asunto se complica, porque, por un lado los hechos de las televisoras han ido mucho más allá, no sólo de lo conveniente, sino de lo posible en una democracia que quiera seguir siéndolo; que busque sustentar sus procesos electorales no en el dinero, sino en la capacidad de sus candidatos. Elecciones que no deben ser negocio de pocos y sí un beneficio de todos, una mejora para la nación; cosa que hoy no ha sido, y esto debe frenarse.
Porque el poder de la imagen no puede ser mayor que el poder del Estado, por lo menos no, cuando de gobernar se trata. Porque una cosa es haber buscado acotar los excesos de un estatismo, y otra muy distinta caer en el extremo de que sea la pantalla chica la que elimine senadores —no simpatizantes con sus intereses— y que en materia de leyes le quieran marcar línea al trabajo legislativo.
Porque el alcance de estos haceres también lastima la credibilidad de los medios, es decir, si se atrevieron a borrar a un senador, ¿se puede confiar en la información que transmiten y que anuncian como verídica? Porque si hoy borraron lo que existe, ¿no pueden haber inventado lo inexistente en otros momentos? Y la duda que emerge, muy seria, no es producto de la imaginación desbordada de un televidente trasnochado, sino el resultado de las propias acciones de las televisoras.
Así, la respuesta no puede sólo quedarse a nivel de: usted disculpe…Tampoco de señalar a un asistente como el culpable. La responsabilidad, en estos casos, es por un lado la de las televisoras que tienen en préstamo un espacio público que han utilizado mal. Y, por el otro lado, del Estado que debe cuidar el manejo que de ese espacio hagan los particulares, un uso que debe estar sustentado en la libertad de expresión, pero nunca en el deterioro de la democracia.
Porque lo que pasa es mucho más que borrar la imagen de una persona… mucho más que cuidar su pingüe negocio…va hasta lastimar el respeto al Poder Legislativo. Y, esto es grave. Las disculpas, los “errores de edición”, están de más, y ofenden el intelecto de cualquiera. Pero sobre todo no borran la responsabilidad de las televisoras.
El espacio que la televisión utiliza, es un espacio público y de ello deben estar totalmente conscientes las empresas. El Estado les ha otorgado el permiso para su utilización, el que puede ser revocado, porque permiso no implica que el Estado haya perdido el control.
Y es aquí donde el asunto se complica, porque, por un lado los hechos de las televisoras han ido mucho más allá, no sólo de lo conveniente, sino de lo posible en una democracia que quiera seguir siéndolo; que busque sustentar sus procesos electorales no en el dinero, sino en la capacidad de sus candidatos. Elecciones que no deben ser negocio de pocos y sí un beneficio de todos, una mejora para la nación; cosa que hoy no ha sido, y esto debe frenarse.
Porque el poder de la imagen no puede ser mayor que el poder del Estado, por lo menos no, cuando de gobernar se trata. Porque una cosa es haber buscado acotar los excesos de un estatismo, y otra muy distinta caer en el extremo de que sea la pantalla chica la que elimine senadores —no simpatizantes con sus intereses— y que en materia de leyes le quieran marcar línea al trabajo legislativo.
Porque el alcance de estos haceres también lastima la credibilidad de los medios, es decir, si se atrevieron a borrar a un senador, ¿se puede confiar en la información que transmiten y que anuncian como verídica? Porque si hoy borraron lo que existe, ¿no pueden haber inventado lo inexistente en otros momentos? Y la duda que emerge, muy seria, no es producto de la imaginación desbordada de un televidente trasnochado, sino el resultado de las propias acciones de las televisoras.
Así, la respuesta no puede sólo quedarse a nivel de: usted disculpe…Tampoco de señalar a un asistente como el culpable. La responsabilidad, en estos casos, es por un lado la de las televisoras que tienen en préstamo un espacio público que han utilizado mal. Y, por el otro lado, del Estado que debe cuidar el manejo que de ese espacio hagan los particulares, un uso que debe estar sustentado en la libertad de expresión, pero nunca en el deterioro de la democracia.