Está cerca la fase culminante del proceso legislativo para una posible Reforma Energética, que fue planteada mediante una serie de iniciativas por parte del Poder Ejecutivo federal, y que ha sido sometida a un intenso debate, no sólo en el ámbito del Senado de la República, a través de la discusión de los grupos parlamentarios, sino extra muros, teniendo como eje central una serie de foros a los que han acudido técnicos, científicos, políticos e intelectuales, para plantear sus visiones acerca de lo que debe hacerse con Petróleos Mexicanos (Pemex), y en general con toda la cadena de hidrocarburos.
Se conoce desde hace tiempo, que hay un grupo de partidos aglutinados en el llamado Frente Amplio Progresista (FAP), que ha acaudillado el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, que no han visto con buenos ojos, ya no digamos las iniciativas presidenciales, sino ni siquiera la discusión del tema. Con actitudes que han llegado a la tristemente célebre toma de las tribunas legislativas, estas formaciones políticas han tratado de plantear las cosas como si se tratara de optar por el blanco o por el negro, cuando en la discusión hay una enorme gama de matices representadas por planteamientos técnicos, financieros, fiscales, laborales y de otra índole, que merecen ser atendidos en un debate amplio y serio.
A unas semanas de que concluyan los foros del Senado, que han corrido en paralelo con otros promovidos por instituciones de educación superior y agrupaciones profesionales, el Gobierno federal ha ido clarificando su posición sobre lo que espera como resultado del proceso legislativo. Hay un acuerdo parlamentario que determina pasar al proceso de dictaminación de las iniciativas una vez que concluya el debate, por lo que cabe suponer que en el siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que comienza el primer día de septiembre, el proyecto de reforma se someta a discusión para su eventual aprobación.
Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, ha establecido con claridad lo que busca el Gobierno federal: lograr el consenso con el mayor número de fuerzas partidistas en el Congreso para que la reforma sea aprobada, porque un cambio estructural de gran calado no debe conseguirse “a costa de lo que sea”, ni sumando apenas los legisladores necesarios para ganar la votación.
El funcionario recuerda que en otras iniciativas presidenciales se han conseguido estos consensos con al menos cinco partidos representados en el Congreso, e incluso ha habido casos, como el del Presupuesto de Egresos de la Federación, que han alcanzado la adhesión de todas las fuerzas.
No parece quedar duda de que la modernización del sector energético de México es inaplazable. Las fórmulas, los contenidos, los tiempos, los recursos que a ello deben destinarse, son precisamente la materia de la discusión, y no hay razón para que no se pueda arribar a un consenso sobre ello; para eso es la política.
Se conoce desde hace tiempo, que hay un grupo de partidos aglutinados en el llamado Frente Amplio Progresista (FAP), que ha acaudillado el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, que no han visto con buenos ojos, ya no digamos las iniciativas presidenciales, sino ni siquiera la discusión del tema. Con actitudes que han llegado a la tristemente célebre toma de las tribunas legislativas, estas formaciones políticas han tratado de plantear las cosas como si se tratara de optar por el blanco o por el negro, cuando en la discusión hay una enorme gama de matices representadas por planteamientos técnicos, financieros, fiscales, laborales y de otra índole, que merecen ser atendidos en un debate amplio y serio.
A unas semanas de que concluyan los foros del Senado, que han corrido en paralelo con otros promovidos por instituciones de educación superior y agrupaciones profesionales, el Gobierno federal ha ido clarificando su posición sobre lo que espera como resultado del proceso legislativo. Hay un acuerdo parlamentario que determina pasar al proceso de dictaminación de las iniciativas una vez que concluya el debate, por lo que cabe suponer que en el siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que comienza el primer día de septiembre, el proyecto de reforma se someta a discusión para su eventual aprobación.
Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, ha establecido con claridad lo que busca el Gobierno federal: lograr el consenso con el mayor número de fuerzas partidistas en el Congreso para que la reforma sea aprobada, porque un cambio estructural de gran calado no debe conseguirse “a costa de lo que sea”, ni sumando apenas los legisladores necesarios para ganar la votación.
El funcionario recuerda que en otras iniciativas presidenciales se han conseguido estos consensos con al menos cinco partidos representados en el Congreso, e incluso ha habido casos, como el del Presupuesto de Egresos de la Federación, que han alcanzado la adhesión de todas las fuerzas.
No parece quedar duda de que la modernización del sector energético de México es inaplazable. Las fórmulas, los contenidos, los tiempos, los recursos que a ello deben destinarse, son precisamente la materia de la discusión, y no hay razón para que no se pueda arribar a un consenso sobre ello; para eso es la política.