México
Víctimas ''colaterales'', sin atención gubernamental
Los ciudadanos afectados por la lucha contra el narcotráfico carecen de un apoyo oficial para restablecer su vida
CIUDAD DE MÉXICO (22/AGO/2011).- El Gobierno federal carece de un programa de atención o apoyo a víctimas “colaterales” producto de la lucha entre las fuerzas federales y el crimen organizado.
Algunas de las dependencias encargadas de la lucha contra el crimen han pagado indemnizaciones a víctimas colaterales y otras más les brindan apoyo sicológico, pero no existe en el país una política pública que obligue a las autoridades a responder a las personas inocentes afectadas por las acciones policiacas o militares contra la delincuencia.
Representantes de organizaciones ciudadanas aseguran que dado el incremento de víctimas colaterales de la lucha anticrimen es necesario que el Estado mexicano incluya alguna legislación que los proteja a ellos o a sus deudos.
Las únicas dependencias que informaron sobre la indemnización a víctimas colaterales fueron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar). Aunque no tienen un programa específico para este tipo de víctimas.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como la Procuraduría General de la República (PGR) no informaron sobre algún apoyo o resarcimiento a este tipo de afectados.
La Sedena ha entregado casi 16 millones de pesos por indemnizaciones a civiles por concepto de muerte, lesiones, pago de daños y servicios médicos durante los operativos realizados en contra del crimen en todo el país, de 2007 al mes de agosto de este año.
En términos cronológicos, en 2007 la Sedena pagó por reparación de daños un millón cuatro mil 505 pesos; en 2008 fueron tres millones 567 mil 760 pesos; en 2009, cuatro millones 297 mil 997 pesos; en 2010, cinco millones 494 mil 804 pesos, y en lo que va de 2011 ha pagado un millón 484 mil 65 pesos, haciendo un total de 15 millones 849 mil 131 pesos, informó la dependencia.
Las indemnizaciones son resultado de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por denuncias presentadas por civiles y también de un procedimiento de la Sedena.
Ese procedimiento de análisis de recomendaciones de la CNDH al Ejército implica, en un inicio, un periodo de 15 días en el que “se analiza la propuesta que emite la CNDH, que pretende restituir y reparar los daños y perjuicios ocasionados a los afectados”, dice el informe de la Sedena.
Del contenido de la recomendación, agrega, se desprenderá “la solicitud de inicio del procedimiento administrativo, averiguación previa, capacitación del personal militar en derechos humanos, medidas preventivas en la actuación del personal militar en el desempeño de sus funciones y la reparación del daño”.
La mayor parte de las indemnizaciones que pagó la Sedena por recomendaciones de la CNDH se centra en zonas con operativos de alto impacto, como Apatzingan, Michoacán, y Ciudad Juárez.
Del total de indemnizaciones proporcionadas por el Ejército, la Cremería Cotija recibió el mayor monto, con un millón 750 mil pesos por concepto de reparación de los daños provocados por personal castrense.
La Marina informó que desde que inicio la estrategia en contra del crimen organizado únicamente en diciembre del 2010 esa dependencia realizó el pago de 167 mil 783 pesos por concepto de reparación de daño, como resultado de una recomendación de la CNDH y sin precisar el caso relacionado.
El visitador de la CNDH, Luis López Guerrero, dice que la deficiente respuesta de servidores públicos hace de las víctimas objeto de olvido institucional
TESTIMONIO
“Si fuera hijo de un político ya sabría quién me hirió”
La noche del 22 de abril, Leonel Carrillo y un amigo, ambos de 16 años, regresaban a casa en una camioneta luego de participar en un juego de futbol rápido, en Ciudad Cuauhtémoc, a 90 kilómetros de la capital de Chihuahua.
Esa tarde, el cuartel de la Policía Federal había sido atacado por un comando que pretendía rescatar a un detenido. Cuando Leo y su amigo pasaban por el lugar encontraron decenas de policías y soldados; se habían instalado barricadas y unas 20 patrullas con las torretas encendidas.
Al ver el alboroto, los adolescentes temieron que hubiera algún enfrentamiento y decidieron regresar por la misma avenida que transitaban.
Todavía no alcanzaban a dar la vuelta en “U” cuando comenzaron a escuchar disparos de todas direcciones.
“Se oía como cuando comienza a llover y estás debajo de un techo de lámina, pero eran las balas que atravesaban de lado a lado la camioneta”, relata el joven sentado en la sala de su casa, un espacio mediano de decoración minimalista y paredes blancas.
Leonel es una víctima colateral de la guerra contra la delincuencia. Sin tener nada qué ver con bandas criminales su vida fue afectada y su futuro cambió drásticamente.
Cuenta su historia sonriendo, como si no se tratara de un relato triste. “Siempre anda alegre, las pocas veces que he visto que se ha deprimido es cuando cae en cuenta que ya no puede jugar videojuegos, que le gustaban mucho”, menciona su papá, Leonel Carrillo.
En la balacera de aquella noche, en unos cuantos segundos, Leonel vio cómo su brazo derecho se desprendió del cuerpo tras recibir un impacto.
Con poca claridad recuerda que un hombre con pasamontañas lo bajó del vehículo y comenzó a patearlo junto con otros. Quizá hasta que vieron la sangre y que se trataban de prácticamente unos niños se detuvieron.
“Estaba muy oscuro, no supe si eran soldados o policías, llevaban la cara cubierta”, dice. Tras la agresión, los atacantes se retiraron y los soldados los ayudaron a que recibieran atención médica. Jamás les dijeron quiénes fueron los responsables.
Tras permanecer un mes internado en la ciudad de Chihuahua fue trasladado a Monterrey, donde recibió atención por otras tres semanas.
Desde entonces, los Carrillo han tocado puerta tras puerta buscando justicia: que se determine legalmente quién disparó en su contra y se haga responsable de los gastos originados por el ataque.
Aunque todo indica que la agresión fue por parte de policías estatales o federales, los órganos gubernamentales le dan la espalda y rechazan otorgarle cualquier tipo de ayuda.
La Procuraduría General de la República se niega a proporcionar información de las indagatorias, e incluso los agentes han sido groseros con el padre de Leo.
El gobernador César Duarte no ha recibido a la familia del estudiante de preparatoria con especialidad en electrónica. “Sus guardias ni siquiera nos dejaron acercarnos a él”, comenta el padre de Leonel.
Mientras que el alcalde de su ciudad, Israel Beltrán, le dijo que lo único que podía hacer era enviar una carta al gobernador pidiéndole que revisara el caso. “Ya perdimos la esperanza, aquí nadie nos hace caso, le destrozaron la vida a mi hijo”, comenta su papá.
Una hermana de Leo que vive en Houston llevó su caso ante la organización de médicos Shriners, la cual se comprometió a revisar el caso y de ser aprobado por su comité le colocarán gratuitamente una prótesis, que tiene un costo de casi 10 mil dólares.
En tanto, Leo poco a poco trata de recuperar su vida cotidiana. Sigue practicando su mayor afición: la patineta. De nuevo se integró al equipo de futbol rápido y “ya casi escribe bien con la mano izquierda”, según dice.
Con sencillez, pero mucha seguridad, dice avizorar que una compañera de clases que “tiene en la mira” dentro de poco será su novia. A pesar de su optimismo, está consciente que nada será igual. “Estoy vivo y eso es lo más importante, hace poco una muchacha de mi edad se murió de un balazo igual al mío, eso me hizo pensar mucho y sentir que debo echarle ganas”.
Y entiende que difícilmente el Gobierno asumirá su responsabilidad: “Si yo fuera hijo de un político ya sabría quién me hirió y me hubieran pagado todo el tratamiento, pero como mi papá es un profesor no les importa lo que me pase”.
Ahora se concentra en aprender de su nueva vida sólo con el brazo izquierdo y en seguir sus sueños. Quiere ser ingeniero en electrónica, dice, aunque después del accidente ha pensado en la enfermería.
TESTIMONIO
“Muerte de Otilio nos cambió la vida”
“Es un sufrimiento bárbaro. La muerte de mi hijo nos cambió la vida. Ahora somos otros”. Quien habla con palabras que reflejan intenso dolor es el doctor Otilio Cantú González, una víctima más de la violencia que registra Monterrey.
El 18 de abril perdió a un hijo a manos de militares habilitados como policías, quienes lo “confundieron” durante una persecución y enfrentamiento con delincuentes.
“Estamos desechos. Definitivamente nadie nos regresará a nuestro hijo, pero lo que buscamos es que se siente un precedente para que estos hechos no se vuelvan a repetir”. No mataron —dijo— a un hijo, mataron a toda una familia. “Voy a estar terco y terco hasta que se haga justicia”.
Jorge Otilio Cantú Cantú, de 29 años y quien se dirigía a su trabajo en su camioneta Tacoma, color roja, quedó muerto en el interior de su vehículo por balas disparadas por los militares. Los reportes oficiales indicaron que “participó” en la balacera y para “confirmarlo” colocaron un arma en la camioneta. Una investigación oficial concluyó que la víctima no llevaba armas ni disparó desde su vehículo. El arma que estaba en la escena del crimen fue “sembrada” y además se estableció que siete militares participaron en el homicidio.
El doctor Otilio Cantú contó que recién escribió una misiva sobre su caso al Presidente Felipe Calderón Hinojosa. La Oficina de la Presidencia ofreció una respuesta a través de la Red Federal de Atención a la Ciudadanía.
En su misiva, el doctor Otilio Cantú le cuestionó a Calderón: “Sr. Presidente, ¿nos acostumbraremos a la ausencia de nuestro hijo? ¿Se acostumbraría usted? Ni nosotros ni todos los padres agraviados olvidaremos jamás las injusticias, no de la vida, sino de las autoridades carentes de interés por resolver los crímenes, ya sea por dolo, impunidad, corrupción, ineptitud y por fuero”.
Cuestiona estrategia
En el texto de su carta al Presidente cuestiona la defensa que se hizo de la estrategia de combate a la delincuencia. “Usted defendió su estrategia y pidió perdón por no proteger a las víctimas caídas a manos de los criminales. Dijo que no se arrepentía de enviar a las Fuerzas Federales a combatir a los criminales, y yo le pregunto: ¿Qué no son igual de criminales las Fuerzas Federales que masacraron a mi hijo Jorge Otilio y que envió de apoyo a Nuevo León? y, ojo, no se vaya a confundir, no estoy generalizando, pero no es el único caso en el que soldados infringen sus códigos de honor y denigran así su prestigio y su presencia”.
FICHA TÉCNICA
Otros casos
José García Guerrero tiene 47 años de edad, de los cuales los últimos tres los ha pasado caminando llevando unas 60 esquirlas de granada incrustadas en sus dos piernas. Su esposa, Aurora, camina también con una treintena de pedazos de metal que se clavaron en ambas extremidades inferiores la noche del 15 de septiembre de 2008.
Ellos están dentro de la centena de lesionados de ese día. Dos de sus familiares formaron parte de la lista de ocho fallecidos, víctimas del que es considerado el primer ataque terrorista del país: los granadazos en el Centro de Morelia.
La mujer y sus dos hijos que resultaron heridos el domingo antepasado por una granada a las afueras del acuario de Veracruz, salvaron la vida gracias a que el padre de familia, quien murió en ese hecho, cubrió la granada con su cuerpo para poder cuidar a los suyos.
Magdalena, de 38 años, la madre, fue dada de alta el jueves, por lo que abandonó el hospital y fue trasladada a un sitio de descanso cercano para seguir la evolución médica de sus hijos quienes mejoran notablemente en su salud, según el reporte médico.
Tras una tomografía, a Karla, de 32 años y de Sinaloa, le detectaron algo extraño dentro de su boca que le obstruía la tráquea: una granada de 40 milímetros. El artefacto le abrió una herida de siete centímetros en la mejilla derecha, destruyó piezas dentales y se le alojó en la boca sin detonar
Algunas de las dependencias encargadas de la lucha contra el crimen han pagado indemnizaciones a víctimas colaterales y otras más les brindan apoyo sicológico, pero no existe en el país una política pública que obligue a las autoridades a responder a las personas inocentes afectadas por las acciones policiacas o militares contra la delincuencia.
Representantes de organizaciones ciudadanas aseguran que dado el incremento de víctimas colaterales de la lucha anticrimen es necesario que el Estado mexicano incluya alguna legislación que los proteja a ellos o a sus deudos.
Las únicas dependencias que informaron sobre la indemnización a víctimas colaterales fueron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar). Aunque no tienen un programa específico para este tipo de víctimas.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como la Procuraduría General de la República (PGR) no informaron sobre algún apoyo o resarcimiento a este tipo de afectados.
La Sedena ha entregado casi 16 millones de pesos por indemnizaciones a civiles por concepto de muerte, lesiones, pago de daños y servicios médicos durante los operativos realizados en contra del crimen en todo el país, de 2007 al mes de agosto de este año.
En términos cronológicos, en 2007 la Sedena pagó por reparación de daños un millón cuatro mil 505 pesos; en 2008 fueron tres millones 567 mil 760 pesos; en 2009, cuatro millones 297 mil 997 pesos; en 2010, cinco millones 494 mil 804 pesos, y en lo que va de 2011 ha pagado un millón 484 mil 65 pesos, haciendo un total de 15 millones 849 mil 131 pesos, informó la dependencia.
Las indemnizaciones son resultado de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por denuncias presentadas por civiles y también de un procedimiento de la Sedena.
Ese procedimiento de análisis de recomendaciones de la CNDH al Ejército implica, en un inicio, un periodo de 15 días en el que “se analiza la propuesta que emite la CNDH, que pretende restituir y reparar los daños y perjuicios ocasionados a los afectados”, dice el informe de la Sedena.
Del contenido de la recomendación, agrega, se desprenderá “la solicitud de inicio del procedimiento administrativo, averiguación previa, capacitación del personal militar en derechos humanos, medidas preventivas en la actuación del personal militar en el desempeño de sus funciones y la reparación del daño”.
La mayor parte de las indemnizaciones que pagó la Sedena por recomendaciones de la CNDH se centra en zonas con operativos de alto impacto, como Apatzingan, Michoacán, y Ciudad Juárez.
Del total de indemnizaciones proporcionadas por el Ejército, la Cremería Cotija recibió el mayor monto, con un millón 750 mil pesos por concepto de reparación de los daños provocados por personal castrense.
La Marina informó que desde que inicio la estrategia en contra del crimen organizado únicamente en diciembre del 2010 esa dependencia realizó el pago de 167 mil 783 pesos por concepto de reparación de daño, como resultado de una recomendación de la CNDH y sin precisar el caso relacionado.
El visitador de la CNDH, Luis López Guerrero, dice que la deficiente respuesta de servidores públicos hace de las víctimas objeto de olvido institucional
TESTIMONIO
“Si fuera hijo de un político ya sabría quién me hirió”
La noche del 22 de abril, Leonel Carrillo y un amigo, ambos de 16 años, regresaban a casa en una camioneta luego de participar en un juego de futbol rápido, en Ciudad Cuauhtémoc, a 90 kilómetros de la capital de Chihuahua.
Esa tarde, el cuartel de la Policía Federal había sido atacado por un comando que pretendía rescatar a un detenido. Cuando Leo y su amigo pasaban por el lugar encontraron decenas de policías y soldados; se habían instalado barricadas y unas 20 patrullas con las torretas encendidas.
Al ver el alboroto, los adolescentes temieron que hubiera algún enfrentamiento y decidieron regresar por la misma avenida que transitaban.
Todavía no alcanzaban a dar la vuelta en “U” cuando comenzaron a escuchar disparos de todas direcciones.
“Se oía como cuando comienza a llover y estás debajo de un techo de lámina, pero eran las balas que atravesaban de lado a lado la camioneta”, relata el joven sentado en la sala de su casa, un espacio mediano de decoración minimalista y paredes blancas.
Leonel es una víctima colateral de la guerra contra la delincuencia. Sin tener nada qué ver con bandas criminales su vida fue afectada y su futuro cambió drásticamente.
Cuenta su historia sonriendo, como si no se tratara de un relato triste. “Siempre anda alegre, las pocas veces que he visto que se ha deprimido es cuando cae en cuenta que ya no puede jugar videojuegos, que le gustaban mucho”, menciona su papá, Leonel Carrillo.
En la balacera de aquella noche, en unos cuantos segundos, Leonel vio cómo su brazo derecho se desprendió del cuerpo tras recibir un impacto.
Con poca claridad recuerda que un hombre con pasamontañas lo bajó del vehículo y comenzó a patearlo junto con otros. Quizá hasta que vieron la sangre y que se trataban de prácticamente unos niños se detuvieron.
“Estaba muy oscuro, no supe si eran soldados o policías, llevaban la cara cubierta”, dice. Tras la agresión, los atacantes se retiraron y los soldados los ayudaron a que recibieran atención médica. Jamás les dijeron quiénes fueron los responsables.
Tras permanecer un mes internado en la ciudad de Chihuahua fue trasladado a Monterrey, donde recibió atención por otras tres semanas.
Desde entonces, los Carrillo han tocado puerta tras puerta buscando justicia: que se determine legalmente quién disparó en su contra y se haga responsable de los gastos originados por el ataque.
Aunque todo indica que la agresión fue por parte de policías estatales o federales, los órganos gubernamentales le dan la espalda y rechazan otorgarle cualquier tipo de ayuda.
La Procuraduría General de la República se niega a proporcionar información de las indagatorias, e incluso los agentes han sido groseros con el padre de Leo.
El gobernador César Duarte no ha recibido a la familia del estudiante de preparatoria con especialidad en electrónica. “Sus guardias ni siquiera nos dejaron acercarnos a él”, comenta el padre de Leonel.
Mientras que el alcalde de su ciudad, Israel Beltrán, le dijo que lo único que podía hacer era enviar una carta al gobernador pidiéndole que revisara el caso. “Ya perdimos la esperanza, aquí nadie nos hace caso, le destrozaron la vida a mi hijo”, comenta su papá.
Una hermana de Leo que vive en Houston llevó su caso ante la organización de médicos Shriners, la cual se comprometió a revisar el caso y de ser aprobado por su comité le colocarán gratuitamente una prótesis, que tiene un costo de casi 10 mil dólares.
En tanto, Leo poco a poco trata de recuperar su vida cotidiana. Sigue practicando su mayor afición: la patineta. De nuevo se integró al equipo de futbol rápido y “ya casi escribe bien con la mano izquierda”, según dice.
Con sencillez, pero mucha seguridad, dice avizorar que una compañera de clases que “tiene en la mira” dentro de poco será su novia. A pesar de su optimismo, está consciente que nada será igual. “Estoy vivo y eso es lo más importante, hace poco una muchacha de mi edad se murió de un balazo igual al mío, eso me hizo pensar mucho y sentir que debo echarle ganas”.
Y entiende que difícilmente el Gobierno asumirá su responsabilidad: “Si yo fuera hijo de un político ya sabría quién me hirió y me hubieran pagado todo el tratamiento, pero como mi papá es un profesor no les importa lo que me pase”.
Ahora se concentra en aprender de su nueva vida sólo con el brazo izquierdo y en seguir sus sueños. Quiere ser ingeniero en electrónica, dice, aunque después del accidente ha pensado en la enfermería.
TESTIMONIO
“Muerte de Otilio nos cambió la vida”
“Es un sufrimiento bárbaro. La muerte de mi hijo nos cambió la vida. Ahora somos otros”. Quien habla con palabras que reflejan intenso dolor es el doctor Otilio Cantú González, una víctima más de la violencia que registra Monterrey.
El 18 de abril perdió a un hijo a manos de militares habilitados como policías, quienes lo “confundieron” durante una persecución y enfrentamiento con delincuentes.
“Estamos desechos. Definitivamente nadie nos regresará a nuestro hijo, pero lo que buscamos es que se siente un precedente para que estos hechos no se vuelvan a repetir”. No mataron —dijo— a un hijo, mataron a toda una familia. “Voy a estar terco y terco hasta que se haga justicia”.
Jorge Otilio Cantú Cantú, de 29 años y quien se dirigía a su trabajo en su camioneta Tacoma, color roja, quedó muerto en el interior de su vehículo por balas disparadas por los militares. Los reportes oficiales indicaron que “participó” en la balacera y para “confirmarlo” colocaron un arma en la camioneta. Una investigación oficial concluyó que la víctima no llevaba armas ni disparó desde su vehículo. El arma que estaba en la escena del crimen fue “sembrada” y además se estableció que siete militares participaron en el homicidio.
El doctor Otilio Cantú contó que recién escribió una misiva sobre su caso al Presidente Felipe Calderón Hinojosa. La Oficina de la Presidencia ofreció una respuesta a través de la Red Federal de Atención a la Ciudadanía.
En su misiva, el doctor Otilio Cantú le cuestionó a Calderón: “Sr. Presidente, ¿nos acostumbraremos a la ausencia de nuestro hijo? ¿Se acostumbraría usted? Ni nosotros ni todos los padres agraviados olvidaremos jamás las injusticias, no de la vida, sino de las autoridades carentes de interés por resolver los crímenes, ya sea por dolo, impunidad, corrupción, ineptitud y por fuero”.
Cuestiona estrategia
En el texto de su carta al Presidente cuestiona la defensa que se hizo de la estrategia de combate a la delincuencia. “Usted defendió su estrategia y pidió perdón por no proteger a las víctimas caídas a manos de los criminales. Dijo que no se arrepentía de enviar a las Fuerzas Federales a combatir a los criminales, y yo le pregunto: ¿Qué no son igual de criminales las Fuerzas Federales que masacraron a mi hijo Jorge Otilio y que envió de apoyo a Nuevo León? y, ojo, no se vaya a confundir, no estoy generalizando, pero no es el único caso en el que soldados infringen sus códigos de honor y denigran así su prestigio y su presencia”.
FICHA TÉCNICA
Otros casos
José García Guerrero tiene 47 años de edad, de los cuales los últimos tres los ha pasado caminando llevando unas 60 esquirlas de granada incrustadas en sus dos piernas. Su esposa, Aurora, camina también con una treintena de pedazos de metal que se clavaron en ambas extremidades inferiores la noche del 15 de septiembre de 2008.
Ellos están dentro de la centena de lesionados de ese día. Dos de sus familiares formaron parte de la lista de ocho fallecidos, víctimas del que es considerado el primer ataque terrorista del país: los granadazos en el Centro de Morelia.
La mujer y sus dos hijos que resultaron heridos el domingo antepasado por una granada a las afueras del acuario de Veracruz, salvaron la vida gracias a que el padre de familia, quien murió en ese hecho, cubrió la granada con su cuerpo para poder cuidar a los suyos.
Magdalena, de 38 años, la madre, fue dada de alta el jueves, por lo que abandonó el hospital y fue trasladada a un sitio de descanso cercano para seguir la evolución médica de sus hijos quienes mejoran notablemente en su salud, según el reporte médico.
Tras una tomografía, a Karla, de 32 años y de Sinaloa, le detectaron algo extraño dentro de su boca que le obstruía la tráquea: una granada de 40 milímetros. El artefacto le abrió una herida de siete centímetros en la mejilla derecha, destruyó piezas dentales y se le alojó en la boca sin detonar