México
Presidencia busca armonizar sistemas de transparencia
Con la Iniciativa Preferente que busca modificar la Ley Federal de Contabilidad Gubernamental, el Presidente intenta acotar la discrecionalidad de estados y municipios.
CIUDAD DE MÉXICO (08/OCT/2012).- El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) lo documentó con claridad: los estados y los municipios son la caja negra de las cuentas públicas. Si a nivel federal, la fortaleza del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) permite niveles mínimos de transparencia y certidumbre informativa, a nivel local los institutos de transparencia tienen poca autonomía y suelen depender del gobernador en turno. La información es disímil y los criterios para tomar las decisiones en rubros claves como asignación de obras, deuda o contratación de personal, son discrecionales y opacas. Ante esta realidad, el Presidente Felipe Calderón envió, el primero de septiembre, al Senado una propuesta de reforma a la Ley Federal de Contabilidad Gubernamental, en carácter de preferente, que busca profundizar el sistema de rendición de cuentas en las entidades federativas a través de la armonización con la Federación.
En la actualidad, los gobernadores y presidentes municipales transparentan prácticamente “lo que quieren” de sus cuentas públicas. Es fácil encontrar estados donde la información presupuestal es rica y desagregada, mientras que en otras entidades es escasa y con nula especificidad. Con la propuesta de la Iniciativa Preferente, los estados y municipios estarán obligados a adaptarse a un mínimo de datos a transparentar.
Sin embargo, es una ley que “no tiene dientes”, ya que no existe un castigo para las entidades y municipios que no transparenten. Solamente se faculta a un Comité Consultivo, ya existente, para advertir malos manejos presupuestables y malas prácticas contables. También propone a la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), como coadyuvantes que proporcionan elementos para juzgar si la información publicada por municipios y estados cumple con los estándares de calidad deseables.
Sin embargo, las negociaciones ya iniciaron y como suele suceder en el debate parlamentario, la propuesta de la Presidencia tendrá sus modificaciones. Alcaldes y gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya dieron su anuencia a la iniciativa, pero con aplicación a mediano plazo. Así, si prosperan los alegatos de estos núcleos del PRI, la reforma podría entrar en vigor y ser aplicable en su totalidad hasta el año 2014. En el intermedio, los alcaldes y gobernadores están obligados a invertir para modernizar su sistema de transparencia y rendición de cuentas. De esta manera, la reforma entraría en vigor hasta el segundo año de la Presidencia de Enrique Peña Nieto.
La información es el eje conductor de la iniciativa y afecta claramente a los gobernadores, que han sido uno de los grupos políticos con mayor afinidad a Peña Nieto. La deuda tiene su asiento reservado en la reforma. En casi todos los estados (aunque especialmente grave en Coahuila y en Michoacán), los endeudamientos acelerados han puesto contra la pared a las finanzas públicas locales. Solamente Humberto Moreira endeudó a Coahuila con más de 30 mil millones de pesos en su gubernatura.
Esta ley en ciernes busca dos objetivos en este punto: por un lado reducir la opacidad en la que los gobernadores toman decisiones respecto a la deuda, y también, disminuir la arbitrariedad con la que se endeudan los jefes de los ejecutivos estatales. Para esta encomienda, la iniciativa de Los Pinos propone una coordinación más estrecha entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las unidades de finanzas de los estados. La Iniciativa es cuidadosa de no violar la autonomía municipal y estatal, pero busca a través de contrapesos contener el gasto y la discrecionalidad presupuestal.
CARA A CARA
Intereses contrapuestos
PRI
De acuerdo en su mayoría, pero que la aplicación de la ley se posponga 18 meses.
PAN
Aboga por ponerle “más dientes” y contrapesos a la Iniciativa Preferente.
La izquierda
Está de acuerdo en lo general, aunque pide un planteamiento más ambicioso.
Gobernadores y alcaldes
Están parcialmente de acuerdo, aunque sospechan una “cacería de brujas”.
Equipo de Peña Nieto
Prefiere que el desgaste con gobernadores sea ahora y no dentro de unos meses.
EXPECTATIVAS
Propósitos clave de la ley
Disminuir la discrecionalidad del gasto público.
Los excesos tendrán más publicidad y mayor acceso a información.
Los municipios tendrán que explicar por qué se endeudan y con qué finalidad.
Los criterios del gasto serán más rígidos y habrá menos ventanas para eludir las responsabilidades.
TELÓN DE FONDO
Gasto público en el ojo del huracán
Más de 43 mil millones de pesos es el monto que coloca a Coahuila en primer lugar de endeudamiento a nivel nacional, seguido de Chiapas, cuyo monto asciende a 40 mil 442 millones de pesos. El tema de endeudamiento en los estados del país es un punto preocupante para todos, puesto que no están claras las cuentas de las administraciones. Con la Iniciativa Preferente que envió Calderón al Senado se pretende tener total transparencia sobre los gastos que realizan los gobiernos municipales y estatales.
En agosto de 2011, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de Coahuila aprobó y reconoció de manera oficial el endeudamiento generado por la administración Humberto Moreira. Luego de eso, el Gobierno inició el proceso de renegociación de la deuda con las instituciones financieras involucradas, con un aire de opacidad y hasta el momento sin revelar los pormenores.
El Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado pidió al gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, que explique a la ciudadanía y al Congreso local, los motivos y condiciones en que se llevará a cabo la renegociación de la deuda de la Entidad.
La deuda asciende a más de 43 mil millones de pesos. Se presume que Enrique Peña Nieto recibió apoyo monetario para su campaña, acrecentando la deuda de Coahuila.
Chiapas tiene un adeudo de 40 mil 442 millones de pesos, así lo anunció ante los medios el coordinador de la red de diputados locales (México) del PAN, Carlos Alberto Pérez, manifestando su preocupación y resaltando la aprobación en menos de 24 horas de endeudamiento por tres mil 870 millones de pesos para el Gobierno chiapaneco, que avaló el recién conformado Congreso local.
MODIFICACIONES
La propuesta emitida por Felipe Calderón tendrá algunos ajustes
1 Armonización de los rubros a transparentar del gasto público de los estados y los municipios.
2 Que los pagos de los distintos niveles de Gobierno (municipal y estatal), procure ser electrónico y no en efectivo o con cheques.
3 Armonizar la transparencia con el ciclo fiscal, haciendo la información más oportuna y coyuntural.
4 El Coneval y la Auditoria Superior de la Federación coadyuvarán para revisar la calidad de la información presentada.
5 Coordinación entre la SHCP y las unidades financieras en los estados y municipios.
6 Informes sobre cuentas públicas periódicos y más detallados.
7 Mantener actualizados los indicadores de transparencia.
ANÁLISIS
Información, antídoto contra la perversión
Enrique Toussaint
Tras la borrachera llegó la resaca. En México la descentralización y la transición política fueron casi sinónimas. Más dinero a estados; educación administrada por el Estado; sistema de salud locales, y el endurecimiento de una autonomía estatal que no pocas veces sirvió como fachada para ocultar discrecionalidad y malos manejos políticos. Los gobernadores fueron los grandes beneficiaros de la alternancia, y la realidad subnacional de la Presidencia de Felipe Calderón se asemeja más a la dispersión de poder característica del abuelo del PRI, el Partido Nacional Revolucionario (PNR), que a los años de centralización del poder del tricolor. Los gobernadores son virreyes, controlan en su Estado a golpe de billetazos y sin rendir cuentas.
Subrayando esta lógica, el Presidente Calderón envió una iniciativa, con carácter de preferente, para reformar la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la intención de unificar los criterios de acceso a la información en los tres niveles de Gobierno. Y aunque la iniciativa tiene pocas herramientas de coerción y no plantea castigos a gobernadores o alcaldes que no cumplan con la ley, lo cierto es que se enfoca en evidenciar la opacidad que reina a nivel local y estatal. En un sistema federal, imponer controles del centro a provincia genera suspicacias y acusaciones de intromisión, incluso de anticonstitucionalidad. Ante esta realidad, el Presidente se refugia en identificar a la Federación como un contrapeso y no como un actor interviniente.
En una democracia, cuando no existen castigos institucionales, se debe buscar la coerción de la opinión pública. Hacer público malversación de fondos, discrecionalidad en el uso de la nómina o nulos controles en el endeudamiento, es una herramienta fundamental para exigir que los alcaldes y los regidores rindan cuentas.
El caso de Humberto Moreira lo demuestra, ante la opacidad y complicidades de la clase política, el antídoto es la información, el trabajo de la prensa libre y la participación ciudadana. Moreira tuvo que renunciar y seguramente cerró la puerta a ser parte del gabinete de Enrique Peña Nieto. No hay un castigo jurídico, sino una pena política; un costo para la carrera electoral del ex gobernador de Coahuila. La información ha hecho públicas inercias políticas cargadas de vicios: se ha evidenciado la falta de democracia interna de partidos políticos e incluso, el “charrismo” sindical. Desmontar esta realidad perversa del federalismo mexicano, necesita de escándalos y costos políticos; en ese sentido, esta iniciativa cumple.
En la actualidad, los gobernadores y presidentes municipales transparentan prácticamente “lo que quieren” de sus cuentas públicas. Es fácil encontrar estados donde la información presupuestal es rica y desagregada, mientras que en otras entidades es escasa y con nula especificidad. Con la propuesta de la Iniciativa Preferente, los estados y municipios estarán obligados a adaptarse a un mínimo de datos a transparentar.
Sin embargo, es una ley que “no tiene dientes”, ya que no existe un castigo para las entidades y municipios que no transparenten. Solamente se faculta a un Comité Consultivo, ya existente, para advertir malos manejos presupuestables y malas prácticas contables. También propone a la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), como coadyuvantes que proporcionan elementos para juzgar si la información publicada por municipios y estados cumple con los estándares de calidad deseables.
Sin embargo, las negociaciones ya iniciaron y como suele suceder en el debate parlamentario, la propuesta de la Presidencia tendrá sus modificaciones. Alcaldes y gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya dieron su anuencia a la iniciativa, pero con aplicación a mediano plazo. Así, si prosperan los alegatos de estos núcleos del PRI, la reforma podría entrar en vigor y ser aplicable en su totalidad hasta el año 2014. En el intermedio, los alcaldes y gobernadores están obligados a invertir para modernizar su sistema de transparencia y rendición de cuentas. De esta manera, la reforma entraría en vigor hasta el segundo año de la Presidencia de Enrique Peña Nieto.
La información es el eje conductor de la iniciativa y afecta claramente a los gobernadores, que han sido uno de los grupos políticos con mayor afinidad a Peña Nieto. La deuda tiene su asiento reservado en la reforma. En casi todos los estados (aunque especialmente grave en Coahuila y en Michoacán), los endeudamientos acelerados han puesto contra la pared a las finanzas públicas locales. Solamente Humberto Moreira endeudó a Coahuila con más de 30 mil millones de pesos en su gubernatura.
Esta ley en ciernes busca dos objetivos en este punto: por un lado reducir la opacidad en la que los gobernadores toman decisiones respecto a la deuda, y también, disminuir la arbitrariedad con la que se endeudan los jefes de los ejecutivos estatales. Para esta encomienda, la iniciativa de Los Pinos propone una coordinación más estrecha entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las unidades de finanzas de los estados. La Iniciativa es cuidadosa de no violar la autonomía municipal y estatal, pero busca a través de contrapesos contener el gasto y la discrecionalidad presupuestal.
CARA A CARA
Intereses contrapuestos
PRI
De acuerdo en su mayoría, pero que la aplicación de la ley se posponga 18 meses.
PAN
Aboga por ponerle “más dientes” y contrapesos a la Iniciativa Preferente.
La izquierda
Está de acuerdo en lo general, aunque pide un planteamiento más ambicioso.
Gobernadores y alcaldes
Están parcialmente de acuerdo, aunque sospechan una “cacería de brujas”.
Equipo de Peña Nieto
Prefiere que el desgaste con gobernadores sea ahora y no dentro de unos meses.
EXPECTATIVAS
Propósitos clave de la ley
Disminuir la discrecionalidad del gasto público.
Los excesos tendrán más publicidad y mayor acceso a información.
Los municipios tendrán que explicar por qué se endeudan y con qué finalidad.
Los criterios del gasto serán más rígidos y habrá menos ventanas para eludir las responsabilidades.
TELÓN DE FONDO
Gasto público en el ojo del huracán
Más de 43 mil millones de pesos es el monto que coloca a Coahuila en primer lugar de endeudamiento a nivel nacional, seguido de Chiapas, cuyo monto asciende a 40 mil 442 millones de pesos. El tema de endeudamiento en los estados del país es un punto preocupante para todos, puesto que no están claras las cuentas de las administraciones. Con la Iniciativa Preferente que envió Calderón al Senado se pretende tener total transparencia sobre los gastos que realizan los gobiernos municipales y estatales.
En agosto de 2011, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de Coahuila aprobó y reconoció de manera oficial el endeudamiento generado por la administración Humberto Moreira. Luego de eso, el Gobierno inició el proceso de renegociación de la deuda con las instituciones financieras involucradas, con un aire de opacidad y hasta el momento sin revelar los pormenores.
El Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado pidió al gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, que explique a la ciudadanía y al Congreso local, los motivos y condiciones en que se llevará a cabo la renegociación de la deuda de la Entidad.
La deuda asciende a más de 43 mil millones de pesos. Se presume que Enrique Peña Nieto recibió apoyo monetario para su campaña, acrecentando la deuda de Coahuila.
Chiapas tiene un adeudo de 40 mil 442 millones de pesos, así lo anunció ante los medios el coordinador de la red de diputados locales (México) del PAN, Carlos Alberto Pérez, manifestando su preocupación y resaltando la aprobación en menos de 24 horas de endeudamiento por tres mil 870 millones de pesos para el Gobierno chiapaneco, que avaló el recién conformado Congreso local.
MODIFICACIONES
La propuesta emitida por Felipe Calderón tendrá algunos ajustes
1 Armonización de los rubros a transparentar del gasto público de los estados y los municipios.
2 Que los pagos de los distintos niveles de Gobierno (municipal y estatal), procure ser electrónico y no en efectivo o con cheques.
3 Armonizar la transparencia con el ciclo fiscal, haciendo la información más oportuna y coyuntural.
4 El Coneval y la Auditoria Superior de la Federación coadyuvarán para revisar la calidad de la información presentada.
5 Coordinación entre la SHCP y las unidades financieras en los estados y municipios.
6 Informes sobre cuentas públicas periódicos y más detallados.
7 Mantener actualizados los indicadores de transparencia.
ANÁLISIS
Información, antídoto contra la perversión
Enrique Toussaint
Tras la borrachera llegó la resaca. En México la descentralización y la transición política fueron casi sinónimas. Más dinero a estados; educación administrada por el Estado; sistema de salud locales, y el endurecimiento de una autonomía estatal que no pocas veces sirvió como fachada para ocultar discrecionalidad y malos manejos políticos. Los gobernadores fueron los grandes beneficiaros de la alternancia, y la realidad subnacional de la Presidencia de Felipe Calderón se asemeja más a la dispersión de poder característica del abuelo del PRI, el Partido Nacional Revolucionario (PNR), que a los años de centralización del poder del tricolor. Los gobernadores son virreyes, controlan en su Estado a golpe de billetazos y sin rendir cuentas.
Subrayando esta lógica, el Presidente Calderón envió una iniciativa, con carácter de preferente, para reformar la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la intención de unificar los criterios de acceso a la información en los tres niveles de Gobierno. Y aunque la iniciativa tiene pocas herramientas de coerción y no plantea castigos a gobernadores o alcaldes que no cumplan con la ley, lo cierto es que se enfoca en evidenciar la opacidad que reina a nivel local y estatal. En un sistema federal, imponer controles del centro a provincia genera suspicacias y acusaciones de intromisión, incluso de anticonstitucionalidad. Ante esta realidad, el Presidente se refugia en identificar a la Federación como un contrapeso y no como un actor interviniente.
En una democracia, cuando no existen castigos institucionales, se debe buscar la coerción de la opinión pública. Hacer público malversación de fondos, discrecionalidad en el uso de la nómina o nulos controles en el endeudamiento, es una herramienta fundamental para exigir que los alcaldes y los regidores rindan cuentas.
El caso de Humberto Moreira lo demuestra, ante la opacidad y complicidades de la clase política, el antídoto es la información, el trabajo de la prensa libre y la participación ciudadana. Moreira tuvo que renunciar y seguramente cerró la puerta a ser parte del gabinete de Enrique Peña Nieto. No hay un castigo jurídico, sino una pena política; un costo para la carrera electoral del ex gobernador de Coahuila. La información ha hecho públicas inercias políticas cargadas de vicios: se ha evidenciado la falta de democracia interna de partidos políticos e incluso, el “charrismo” sindical. Desmontar esta realidad perversa del federalismo mexicano, necesita de escándalos y costos políticos; en ese sentido, esta iniciativa cumple.