México
La Segob emite mecanismo de protección a defensores de DH
Las acciones serán coordinadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como por la PGR
CIUDAD DE MÉXICO (07/JUL/2011).- La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó un acuerdo por el que se establecen las bases del mecanismo de protección a los defensores y defensoras de los derechos humanos ante situaciones de riesgo, amenaza o vulnerabilidad.
La Segob por conducto de su titular, del subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y, en su caso, del titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, dictarán las medidas administrativas necesarias para dicha protección.
El acuerdo, publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación, prevé la instrumentación de acciones coordinadas que en el ámbito de sus atribuciones desarrollarán la Segob, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y la Procuraduría General de la República.
El convenio, que entrará en vigor el viernes 8 de julio, señala que los defensores serán objeto de los mecanismos de protección cuando se encuentren en situación de riesgo o amenaza, que les impida llevar a cabo su labor de promoción y defensoría de los derechos humanos o que sean beneficiarios de medidas cautelares.
La Segob por conducto de su titular, del subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y, en su caso, del titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, dictarán las medidas administrativas necesarias para dicha protección.
El acuerdo, publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación, prevé la instrumentación de acciones coordinadas que en el ámbito de sus atribuciones desarrollarán la Segob, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y la Procuraduría General de la República.
El convenio, que entrará en vigor el viernes 8 de julio, señala que los defensores serán objeto de los mecanismos de protección cuando se encuentren en situación de riesgo o amenaza, que les impida llevar a cabo su labor de promoción y defensoría de los derechos humanos o que sean beneficiarios de medidas cautelares.