Jalisco
Venden espacios del Centro en $5 mil
Líderes cobran, además, una cuota semanal de entre 400 y 500 pesos a los vendedores ambulantes
GUADALAJARA, JALISCO (29/ENE/2013).- Una “tajada” del espacio público en el Centro Histórico de Guadalajara para desarrollar el comercio ambulante llega a cotizarse hasta en cinco mil pesos, a través del control irregular que ejercen sobre el mismo los liderazgos de los grupos de vendedores, de acuerdo con información de la Secretaría General tapatía.
Su titular, Tomás Vázquez Vigil, refiere que, además de este pago, los vendedores ambulantes deben pagarle a su gestor respectivo entre 400 y 500 pesos semanales para poder seguir comerciando en el espacio público del primer cuadro, lo que está prohibido reglamentariamente.
“Identificamos que hay liderazgos (…) que se dedican a vender los espacios; no hemos podido hacer que alguien declare en contra. Tenemos de oídas una serie de informaciones en el sentido de que hay gente que asume la conducción de una gestión y, desafortunadamente, lo que hace del espacio público, que es de todos, es venderle un pedazo a X comerciante o a X ambulante, y luego no nomás eso, les pide una colaboración cada semana”.
Para contrarrestar el componente de corrupción, la Dirección de Inspección y Vigilancia se verá inmersa en un proceso de depuración con exámenes antidoping y poligráficos (dos de los cinco que componen una prueba de confianza en la Policía, aunque en ésta la evaluación es obligatoria, y en aquélla, voluntaria).
“Tenemos que encontrar servidores públicos que se comprometan con la ciudadanía, y donde el esquema de corrupción se vaya reduciendo, y ahí es importante también registrar que, mientras haya quien dé, habrá quien reciba”.
Hay alrededor de 400 inspectores tapatíos, 30 de estos bajo procedimientos administrativos por irregularidades. La aplicación de los exámenes deberá comenzar en no más de 10 días, lo cual será llevado por la Contraloría.
Finalmente, el secretario expresó su expectativa por lograr en el mes de marzo la aplicación cabal de la reglamentación que prohíbe el comercio ambulante en todo el Centro Histórico (hoy sólo se hace valer en un primer polígono provisional), lo que llevaría, por otra parte, a detener la política de negociación sobre el espacio público que se ha aplicado hasta ahora (los vendedores se retiran de un punto ofreciéndoles, a cambio, otro, como las banquetas de Ramón Corona).
“Nosotros creemos que podemos resolver de manera gradual toda la problemática, que es muy compleja. Originalmente los tiempos eran más cortos (su meta era febrero), pero la circunstancia nos ha ido generando una respuesta no del todo como el presidente (Ramiro Hernández) y la administración quisiera”.
Su titular, Tomás Vázquez Vigil, refiere que, además de este pago, los vendedores ambulantes deben pagarle a su gestor respectivo entre 400 y 500 pesos semanales para poder seguir comerciando en el espacio público del primer cuadro, lo que está prohibido reglamentariamente.
“Identificamos que hay liderazgos (…) que se dedican a vender los espacios; no hemos podido hacer que alguien declare en contra. Tenemos de oídas una serie de informaciones en el sentido de que hay gente que asume la conducción de una gestión y, desafortunadamente, lo que hace del espacio público, que es de todos, es venderle un pedazo a X comerciante o a X ambulante, y luego no nomás eso, les pide una colaboración cada semana”.
Para contrarrestar el componente de corrupción, la Dirección de Inspección y Vigilancia se verá inmersa en un proceso de depuración con exámenes antidoping y poligráficos (dos de los cinco que componen una prueba de confianza en la Policía, aunque en ésta la evaluación es obligatoria, y en aquélla, voluntaria).
“Tenemos que encontrar servidores públicos que se comprometan con la ciudadanía, y donde el esquema de corrupción se vaya reduciendo, y ahí es importante también registrar que, mientras haya quien dé, habrá quien reciba”.
Hay alrededor de 400 inspectores tapatíos, 30 de estos bajo procedimientos administrativos por irregularidades. La aplicación de los exámenes deberá comenzar en no más de 10 días, lo cual será llevado por la Contraloría.
Finalmente, el secretario expresó su expectativa por lograr en el mes de marzo la aplicación cabal de la reglamentación que prohíbe el comercio ambulante en todo el Centro Histórico (hoy sólo se hace valer en un primer polígono provisional), lo que llevaría, por otra parte, a detener la política de negociación sobre el espacio público que se ha aplicado hasta ahora (los vendedores se retiran de un punto ofreciéndoles, a cambio, otro, como las banquetas de Ramón Corona).
“Nosotros creemos que podemos resolver de manera gradual toda la problemática, que es muy compleja. Originalmente los tiempos eran más cortos (su meta era febrero), pero la circunstancia nos ha ido generando una respuesta no del todo como el presidente (Ramiro Hernández) y la administración quisiera”.