Jalisco
Vecinos vallartenses acusan de robo a oficiales estatales
Una de las afectadas refirió que el grupo de policías de negro bloqueó la calle, registró departamentos y sus hijos fueron intimidados con la justificante de que se buscaba droga
PUERTO VALLARTA.- Contrario a lo afirmado por el secretario de Seguridad Pública, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, en el sentido de que los autores de operativos realizados en el interior de viviendas de las colonias Las Peñas, Emiliano Zapata y Primero de Mayo, entre otras, no fueron policías estatales, vecinos afectados por esas movilizaciones reiteraron que sí fueron “los negros”, quienes inclusive encañonaron a niños y se llevaron dinero y objetos de valor.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos confirmó a través de su área de Comunicación Social, que se inició una queja con el número 86/2010/III, en contra de un grupo de 20 policías estatales por diversas conductas alejadas de la legalidad, entre ellas la de allanamiento de morada, cateo ilegal, amenazas, intimidación y violación al derecho de legalidad.
Una de las afectadas refirió que el grupo de policías de negro bloqueó la calle Aquiles Serdán y registró varios departamentos de la finca marcada con el número 376. La mujer señaló que sus hijos de siete y tres años de edad fueron intimidados y encañonados con la única justificante de que se buscaba droga.
Estos hechos se reportaron a la Policía Municipal, cuyos agentes se negaron a intervenir argumentando que eran policías estatales y no podían hacer algo en contra de ellos.
Según la informante, los señalados se encontraban encapuchados y bloquearon la calle con sus unidades oficiales ante la vista de un gran número de personas que transitaban por el sitio.
Ante los hechos señalados, el titular de la Policía del Estado, Luis Carlos Nájera, deslindó por completo a la corporación a su cargo y aseguró que los responsables eran personas vestidas de negro que viajaban en camionetas sin placas, y que pertenecían a una célula de algún grupo delictivo.
Inclusive, el mando policial señaló que se trataba de “policías pirata”, y añadió que si los casos estaban debidamente documentados, correspondería proceder a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Ante tal situación, regidores del Ayuntamiento vallartense recibieron a varios de los vecinos afectados por los presuntos hechos y abusos que se justificaron por la búsqueda de drogas.
EL INFORMADOR/Miguel Ángel Infante/Corresponsal
La Comisión Estatal de Derechos Humanos confirmó a través de su área de Comunicación Social, que se inició una queja con el número 86/2010/III, en contra de un grupo de 20 policías estatales por diversas conductas alejadas de la legalidad, entre ellas la de allanamiento de morada, cateo ilegal, amenazas, intimidación y violación al derecho de legalidad.
Una de las afectadas refirió que el grupo de policías de negro bloqueó la calle Aquiles Serdán y registró varios departamentos de la finca marcada con el número 376. La mujer señaló que sus hijos de siete y tres años de edad fueron intimidados y encañonados con la única justificante de que se buscaba droga.
Estos hechos se reportaron a la Policía Municipal, cuyos agentes se negaron a intervenir argumentando que eran policías estatales y no podían hacer algo en contra de ellos.
Según la informante, los señalados se encontraban encapuchados y bloquearon la calle con sus unidades oficiales ante la vista de un gran número de personas que transitaban por el sitio.
Ante los hechos señalados, el titular de la Policía del Estado, Luis Carlos Nájera, deslindó por completo a la corporación a su cargo y aseguró que los responsables eran personas vestidas de negro que viajaban en camionetas sin placas, y que pertenecían a una célula de algún grupo delictivo.
Inclusive, el mando policial señaló que se trataba de “policías pirata”, y añadió que si los casos estaban debidamente documentados, correspondería proceder a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Ante tal situación, regidores del Ayuntamiento vallartense recibieron a varios de los vecinos afectados por los presuntos hechos y abusos que se justificaron por la búsqueda de drogas.
EL INFORMADOR/Miguel Ángel Infante/Corresponsal