Jalisco
Suman 36 secuestros en la Entidad en 2011
A unos días de que concluya el año se rebasó la cifra de 2010, cuando se registraron 25 casos
GUADALAJARA, JALISCO (14/DIC/2011).- En los últimos cuatro años el registro de secuestros muestra un crecimiento exponencial en el Estado de Jalisco. A estas alturas de 2011, inclusive, se ha superado ya la cifra de secuestros en esta Entidad Federativa en una comparativa con 2010, según el tablero de indicadores de la Secretaría de Planeación del Poder Ejecutivo, que demuestra una tendencia alcista desde el año 2008, cuando se registraron 12 de estos delitos del fuero común; en 2009 fueron 20 y el año pasado 25, mientras que este año la cifra llega a 36 secuestros.
Es de destacarse que durante el año 2011, hasta el mes de agosto, la Procuraduría estatal había registrado sólo 15 secuestros, según el Segundo Informe Cuatrimestral del Gobierno de Jalisco, lo que quiere decir que en apenas poco más de tres meses (septiembre, octubre, noviembre y lo que va de diciembre), la cifra creció más del doble, con otros 17 casos para dar esta cifra más actualizada de 32.
La PGJEJ había fijado como meta para este año cerrar con sólo 17 casos de secuestro.
El 30 de junio pasado, ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, se pronunció por la formación de las unidades antisecuestro, y también sobre su evaluación con pruebas de control de confianza.
“Tenemos un problema enorme de secuestro, que todos coincidimos en su gravedad e importancia (…) Una parte del procedimiento que se establece en los compromisos, es formar las células o las Unidades Antisecuestro, no sólo formarlas, sino que esas Unidades Antisecuestro sean confiables; es decir, que todos y cada uno de sus miembros pasen por control de confianza, para que no se repita la experiencia que se ha presentado en algunos casos, donde las propias bandas de secuestradores, conectadas con las células antisecuestro, hacen un negocio completo, porque capturan a las víctimas, controlan el proceso de negociación y, finalmente, controlan la impunidad”, dijo en ese entonces al Primer Mandatario.
Delito en evolución
La movilidad es una de las características de las bandas profesionales dedicadas al secuestro. Operan en una Entidad y se trasladan después a otra. Pueden cometer varios secuestros, por ejemplo, en Michoacán, y cuando la plaza “se calienta”, emigrar a Colima, Jalisco u otro Estado. Rastrearlas implica un trabajo de información, análisis y conocimiento de sus modus operandi; en sí, un trabajo de inteligencia que en Jalisco realizó en la Procuraduría General de Justicia del Estado, durante el sexenio de Francisco Ramírez Acuña, un pequeño grupo de analistas que tenía sus discretas oficinas en la Colonia Chapalita, a pocos metros de Avenida Tepeyac.
En la finca atendían a víctimas, recababan denuncias, concentraban datos, capacitaban a los familiares mediadores. El grupo de inteligencia no era personal operativo que enfrentara directamente a los delincuentes; eso lo hacía la Unidad Antisecuestros, famosa porque disminuyó el índice delictivo y porque su eficacia iba acompañada con métodos que criticaría cualquier defensor de derechos humanos.
El secuestro ha pasado por diversos periodos. En los años setenta se caracterizó sobre todo por su cariz político. En los ochenta, uno de los secuestros que derivó en asesinatos, ocasionó un conflicto internacional al país y un operativo policiaco enorme. Sucedió en 1985, cuando el agente antinarcóticos de Estados Unidos, Enrique Camarena, y el piloto mexicano, Alfredo Zavala, cayeron en manos de narcotraficantes y sus cuerpos fueron hallados sin vida en un rancho de Michoacán.
Es en la década de 1980 que irrumpen con fuerza los cárteles en Jalisco y donde, por primera vez en la segunda mitad del siglo XX, en un informe de Gobierno, en ese entonces con Enrique Álvarez del Castillo al frente del Ejecutivo jalisciense, se hace mención a las bandas de narcotraficantes. Con el paso del tiempo, éstas ya no sólo se dedicarían a traficar drogas, sino a involucrarse más en otros delitos, como el robo de vehículos y, también, los secuestros por dinero.
Los secuestros a empresarios en los años noventa generaron una reacción al interior del sector privado. Un grupo decidió buscar asesoría y auto protegerse, luego de la ineficiencia de las autoridades policiacas. El número de guardaespaldas, la capacitación y el uso de tecnología se incrementaron.
Al comenzar el siglo XXI, las víctimas de los secuestros han sido lo mismo artistas o empresarios, que comerciantes, policías o integrantes de cárteles enemigos. Los llamados secuestros exprés se dispararon. Imposible precisar cifras exactas. Numerosas pérdidas de la libertad, por horas o semanas, no se denuncian por temor tanto a los secuestradores, como a la desconfianza en las propias corporaciones.
El masivo secuestro y asesinato de 26 jóvenes, en noviembre pasado, abrió otro capítulo en la macabra historia de este delito en Jalisco.
PARA SABER
Perspectiva nacional
Con base en datos de 2011, actualizados al mes de octubre, y para una perspectiva nacional, el Sistema Nacional de Seguridad Pública ubicó a Jalisco entre los estados con la menor incidencia de secuestro por cada 100 mil habitantes, encontrándose en el séptimo lugar en una lista encabezada, en el sentido positivo, por Yucatán.
En cuanto a los estados con la mayor incidencia de este delito de alto impacto, la lista es encabezada por Durango, Tamaulipas, Tabasco, Chihuahua, Michoacán, Zacatecas, Baja California y Guerrero.
EL DATO
Unidades especializadas
Todo el personal integrado en estas células de las procuradurías estatales suman en total mil 202 agentes, de los cuales, el Sistema Nacional de Seguridad Pública considera capacitados para dichas tareas de combate al delito del secuestro a 745, es decir, 61 por ciento.
LA VOZ DEL EXPERTO
Fernando Espinoza de los Monteros
Necesario, especializar agentes
Es necesario que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco retome la especialización de su unidad antisecuestros, ahora que este delito se ha vuelto parte de la “industria delictiva”, como otra de las vías de financiamiento de los grupos del crimen organizado, advierte Fernando Espinoza de los Monteros, presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal en su Sección México.
Recuerda que fue a partir de los secuestros de personalidades políticas y empresariales que se dieron en la década de 1970, más con fines políticos, cuando el Gobierno del Estado comenzó a preocuparse por contar con agentes especializados en el combate de esta actividad delictiva.
“Entonces tenía que haber una respuesta del Estado, y ésta se dio muy lentamente, y no se da en el Gobierno de Alberto Orozco Romero, que es cuando suceden estos acontecimientos, sino que se empieza a dar tiempo después: el primero que busca dar una respuesta es (el gobernador) Flavio Romero de Velasco, pero después este delito se empieza a disparar y si en un principio el secuestro se hizo a notables, y con fines no siempre económicos, sino políticos, posteriormente el secuestro se empieza a hacer con fines económicos, como una industria delictiva.
“Para eso hay una respuesta del Estado y se busca dentro de los estados de la República cuáles eran los más capacitados para estos delitos, y resulta que fue la Procuraduría de Chihuahua, y ésta empieza a darle capacitación a los agentes de Jalisco, incluso había personal permanentemente de Chihuahua aquí”.
Transcurría la década de 1980 cuando se da esta formación por parte de elementos chihuahuenses para la conformación de un grupo especializado en el Estado de Jalisco que habría de dar buenos resultados, según el profesor de la Universidad de Guadalajara.
“Se empieza a poner más atención a la cuestión del secuestro, se forma una unidad y en ella se fueron formando gentes con mucha capacidad para este tipo de delito y, auxiliados por el grupo de Chihuahua, y por la capacitación que tuvieron, pues resolvían casi todos los secuestros. Este buen desempeño creo que fue más o menos (que duró) hasta finales de (del gobierno de) Alberto Cárdenas (1995-2001) y principios de Paco Ramírez Acuña (2001-2007)”.
—Ahora el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Jalisco hace ver que de 49 agentes en la unidad antisecuestro, solamente 10 están capacitados para desempeñarse en ella.
—Claro, es que lo desatendieron. En Jalisco se presentan otras emergencias delictivas, lo que tiene que ver con ejecuciones, lo que tiene que ver con droga, con ese tipo de cuestiones fundamentalmente (…), y dejan por un lado la capacitación o el esfuerzo que se estaba realizando y creo que la política fue agrupar a todo mundo y desatender el área de secuestros. Agrupar a todo mundo en la lucha contra el crimen organizado, contra otros delitos como ejecuciones, todo este tipo de cosas que estamos viendo en la actualidad.
Pero está apareciendo en algunos estados o reapareciendo esta figura delictiva de nueva cuenta, de tal manera que hay grupos del crimen organizado que se están dedicando a esto alternamente a su dedicación normal, que es la droga.
—¿Como otra vía de financiamiento?
—Sí, y empieza la práctica del secuestro.
—Del año 2008 a 2011 el delito ha crecido 166% en Jalisco.
—Así es, esto está reapareciendo, este delito, y por eso la emergencia del Consejo Ciudadano de revisarlo. Esta cifra se ha venido disparando y la mayoría (de los casos) no están resueltos.
—¿Es oportuna entonces la advertencia del Consejo para volver a especializar a esta unidad de la Procuraduría?
—Es una propuesta con futuro, porque si nosotros vemos que hay una lucha por esta plaza de Jalisco y Guadalajara, y si uno de los grupos que resulta vencedor en esta situación es de los que se dedican no solamente al negocio tradicional del crimen organizado, sino también al secuestro, como lo estamos viendo en San Luis Potosí, en Nuevo León u otros estados, entonces sí es una recomendación con futuro: hay que estar preparados, porque esto puede reventar en una explosión de este tipo de actividades delictivas.
Es de destacarse que durante el año 2011, hasta el mes de agosto, la Procuraduría estatal había registrado sólo 15 secuestros, según el Segundo Informe Cuatrimestral del Gobierno de Jalisco, lo que quiere decir que en apenas poco más de tres meses (septiembre, octubre, noviembre y lo que va de diciembre), la cifra creció más del doble, con otros 17 casos para dar esta cifra más actualizada de 32.
La PGJEJ había fijado como meta para este año cerrar con sólo 17 casos de secuestro.
El 30 de junio pasado, ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, se pronunció por la formación de las unidades antisecuestro, y también sobre su evaluación con pruebas de control de confianza.
“Tenemos un problema enorme de secuestro, que todos coincidimos en su gravedad e importancia (…) Una parte del procedimiento que se establece en los compromisos, es formar las células o las Unidades Antisecuestro, no sólo formarlas, sino que esas Unidades Antisecuestro sean confiables; es decir, que todos y cada uno de sus miembros pasen por control de confianza, para que no se repita la experiencia que se ha presentado en algunos casos, donde las propias bandas de secuestradores, conectadas con las células antisecuestro, hacen un negocio completo, porque capturan a las víctimas, controlan el proceso de negociación y, finalmente, controlan la impunidad”, dijo en ese entonces al Primer Mandatario.
Delito en evolución
La movilidad es una de las características de las bandas profesionales dedicadas al secuestro. Operan en una Entidad y se trasladan después a otra. Pueden cometer varios secuestros, por ejemplo, en Michoacán, y cuando la plaza “se calienta”, emigrar a Colima, Jalisco u otro Estado. Rastrearlas implica un trabajo de información, análisis y conocimiento de sus modus operandi; en sí, un trabajo de inteligencia que en Jalisco realizó en la Procuraduría General de Justicia del Estado, durante el sexenio de Francisco Ramírez Acuña, un pequeño grupo de analistas que tenía sus discretas oficinas en la Colonia Chapalita, a pocos metros de Avenida Tepeyac.
En la finca atendían a víctimas, recababan denuncias, concentraban datos, capacitaban a los familiares mediadores. El grupo de inteligencia no era personal operativo que enfrentara directamente a los delincuentes; eso lo hacía la Unidad Antisecuestros, famosa porque disminuyó el índice delictivo y porque su eficacia iba acompañada con métodos que criticaría cualquier defensor de derechos humanos.
El secuestro ha pasado por diversos periodos. En los años setenta se caracterizó sobre todo por su cariz político. En los ochenta, uno de los secuestros que derivó en asesinatos, ocasionó un conflicto internacional al país y un operativo policiaco enorme. Sucedió en 1985, cuando el agente antinarcóticos de Estados Unidos, Enrique Camarena, y el piloto mexicano, Alfredo Zavala, cayeron en manos de narcotraficantes y sus cuerpos fueron hallados sin vida en un rancho de Michoacán.
Es en la década de 1980 que irrumpen con fuerza los cárteles en Jalisco y donde, por primera vez en la segunda mitad del siglo XX, en un informe de Gobierno, en ese entonces con Enrique Álvarez del Castillo al frente del Ejecutivo jalisciense, se hace mención a las bandas de narcotraficantes. Con el paso del tiempo, éstas ya no sólo se dedicarían a traficar drogas, sino a involucrarse más en otros delitos, como el robo de vehículos y, también, los secuestros por dinero.
Los secuestros a empresarios en los años noventa generaron una reacción al interior del sector privado. Un grupo decidió buscar asesoría y auto protegerse, luego de la ineficiencia de las autoridades policiacas. El número de guardaespaldas, la capacitación y el uso de tecnología se incrementaron.
Al comenzar el siglo XXI, las víctimas de los secuestros han sido lo mismo artistas o empresarios, que comerciantes, policías o integrantes de cárteles enemigos. Los llamados secuestros exprés se dispararon. Imposible precisar cifras exactas. Numerosas pérdidas de la libertad, por horas o semanas, no se denuncian por temor tanto a los secuestradores, como a la desconfianza en las propias corporaciones.
El masivo secuestro y asesinato de 26 jóvenes, en noviembre pasado, abrió otro capítulo en la macabra historia de este delito en Jalisco.
PARA SABER
Perspectiva nacional
Con base en datos de 2011, actualizados al mes de octubre, y para una perspectiva nacional, el Sistema Nacional de Seguridad Pública ubicó a Jalisco entre los estados con la menor incidencia de secuestro por cada 100 mil habitantes, encontrándose en el séptimo lugar en una lista encabezada, en el sentido positivo, por Yucatán.
En cuanto a los estados con la mayor incidencia de este delito de alto impacto, la lista es encabezada por Durango, Tamaulipas, Tabasco, Chihuahua, Michoacán, Zacatecas, Baja California y Guerrero.
EL DATO
Unidades especializadas
Todo el personal integrado en estas células de las procuradurías estatales suman en total mil 202 agentes, de los cuales, el Sistema Nacional de Seguridad Pública considera capacitados para dichas tareas de combate al delito del secuestro a 745, es decir, 61 por ciento.
LA VOZ DEL EXPERTO
Fernando Espinoza de los Monteros
Necesario, especializar agentes
Es necesario que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco retome la especialización de su unidad antisecuestros, ahora que este delito se ha vuelto parte de la “industria delictiva”, como otra de las vías de financiamiento de los grupos del crimen organizado, advierte Fernando Espinoza de los Monteros, presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal en su Sección México.
Recuerda que fue a partir de los secuestros de personalidades políticas y empresariales que se dieron en la década de 1970, más con fines políticos, cuando el Gobierno del Estado comenzó a preocuparse por contar con agentes especializados en el combate de esta actividad delictiva.
“Entonces tenía que haber una respuesta del Estado, y ésta se dio muy lentamente, y no se da en el Gobierno de Alberto Orozco Romero, que es cuando suceden estos acontecimientos, sino que se empieza a dar tiempo después: el primero que busca dar una respuesta es (el gobernador) Flavio Romero de Velasco, pero después este delito se empieza a disparar y si en un principio el secuestro se hizo a notables, y con fines no siempre económicos, sino políticos, posteriormente el secuestro se empieza a hacer con fines económicos, como una industria delictiva.
“Para eso hay una respuesta del Estado y se busca dentro de los estados de la República cuáles eran los más capacitados para estos delitos, y resulta que fue la Procuraduría de Chihuahua, y ésta empieza a darle capacitación a los agentes de Jalisco, incluso había personal permanentemente de Chihuahua aquí”.
Transcurría la década de 1980 cuando se da esta formación por parte de elementos chihuahuenses para la conformación de un grupo especializado en el Estado de Jalisco que habría de dar buenos resultados, según el profesor de la Universidad de Guadalajara.
“Se empieza a poner más atención a la cuestión del secuestro, se forma una unidad y en ella se fueron formando gentes con mucha capacidad para este tipo de delito y, auxiliados por el grupo de Chihuahua, y por la capacitación que tuvieron, pues resolvían casi todos los secuestros. Este buen desempeño creo que fue más o menos (que duró) hasta finales de (del gobierno de) Alberto Cárdenas (1995-2001) y principios de Paco Ramírez Acuña (2001-2007)”.
—Ahora el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Jalisco hace ver que de 49 agentes en la unidad antisecuestro, solamente 10 están capacitados para desempeñarse en ella.
—Claro, es que lo desatendieron. En Jalisco se presentan otras emergencias delictivas, lo que tiene que ver con ejecuciones, lo que tiene que ver con droga, con ese tipo de cuestiones fundamentalmente (…), y dejan por un lado la capacitación o el esfuerzo que se estaba realizando y creo que la política fue agrupar a todo mundo y desatender el área de secuestros. Agrupar a todo mundo en la lucha contra el crimen organizado, contra otros delitos como ejecuciones, todo este tipo de cosas que estamos viendo en la actualidad.
Pero está apareciendo en algunos estados o reapareciendo esta figura delictiva de nueva cuenta, de tal manera que hay grupos del crimen organizado que se están dedicando a esto alternamente a su dedicación normal, que es la droga.
—¿Como otra vía de financiamiento?
—Sí, y empieza la práctica del secuestro.
—Del año 2008 a 2011 el delito ha crecido 166% en Jalisco.
—Así es, esto está reapareciendo, este delito, y por eso la emergencia del Consejo Ciudadano de revisarlo. Esta cifra se ha venido disparando y la mayoría (de los casos) no están resueltos.
—¿Es oportuna entonces la advertencia del Consejo para volver a especializar a esta unidad de la Procuraduría?
—Es una propuesta con futuro, porque si nosotros vemos que hay una lucha por esta plaza de Jalisco y Guadalajara, y si uno de los grupos que resulta vencedor en esta situación es de los que se dedican no solamente al negocio tradicional del crimen organizado, sino también al secuestro, como lo estamos viendo en San Luis Potosí, en Nuevo León u otros estados, entonces sí es una recomendación con futuro: hay que estar preparados, porque esto puede reventar en una explosión de este tipo de actividades delictivas.