Jalisco
Señalan que consejeros de la Judicatura violan la ley
El Supremo Tribunal de Justicia señaló que el órgano aplicó un reglamento que se encuentra en controversia
GUADALAJARA, JALISCO.- El Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Jalisco informó que el Consejo de la Judicatura del Estado incurrió en su sesión de ayer miércoles en violaciones a la ley.
Indicó que el órgano aplicó un reglamento que se encuentra en controversia y cuyo juicio contencioso administrativo está en la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo.
El presidente del STJ, Celso Rodríguez González, dijo que el Consejo de la Judicatura del Estado autorizó cambios de adscripción de 19 jueces mixtos y especializados a otras materias y adscripciones y se propuso la desaparición de la materia penal en juzgados del sur del estado.
Señaló que la consejera Gabriela de León Carrillo propuso cambios de adscripción de 19 jueces sin que se hubiera discutido en la comisión correspondiente el dictamen que no fue firmado, lo que representa una violación a Ley Orgánica del Poder Judicial y violenta los derechos de los funcionarios judiciales.
Dijo que el dictamen no fue distribuido a los cinco consejeros, conforme a la ley orgánica, y cuando fue presentado al pleno no iba firmado por ninguno de los miembros de la Comisión de Carrera Judicial que preside de León Carrillo.
Explicó que ese dictamen se basa en varios articulados del Reglamento Interno del Consejo de la Judicatura, que está en controversia por un juicio contencioso administrativo, lo que impide su aplicación en virtud a que fue otorgada una suspensión para que no se modificara o aplicara hasta que no se resuelva el juicio de referencia.
Sin embargo, añadió, fue aplicado en una convocatoria aprobada por los consejeros Gabriela Guadalupe de León Carrillo, Luis Enrique Villanueva Gómez y Miguel Gutiérrez Barba, y votaron en contra la consejera María Cristina Castillo Gutiérrez y él (Celso Rodríguez).
Comentó que ellos argumentan articulados de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero también citan al Reglamento Interno del Consejo, que está en controversia.
Dijo que en otro punto, el consejero Miguel Gutiérrez Barba propuso la desaparición de las materias penales de juzgados mixtos de tres partidas judiciales en la zona sur del estado, con cabeceras en San Gabriel, Mazamitla y Tamazula de Gordiano, para concentrarlos en juzgados especializados de Ciudad Guzmán.
Expresó que con esto están afectando a los demandantes de justicia de toda la región que ahora se tendrán que trasladar hasta Zapotlán El Grande a seguir los procesos de materia penal.
El magistrado Celso Rodríguez González señaló que con el argumento de ahorros en el gasto de la administración de la justicia, la sociedad se ve afectada con los traslados y el encarecimiento de la justicia.
Además de que se provoca desventaja ante la ley, ya que se le extrae del medio rural y se le obliga a acudir a poblaciones que desconoce y que le provocan desventaja.
'También se aleja a la justicia de los lugares de origen de los jaliscienses, ya que ahora para seguir con un procedimiento ante un juez de la rama penal en la zona sur del estado implicaran traslados de más de cuatro horas desde poblaciones como Jilotlán de los Dolores o Mazamitla, hasta Ciudad Guzmán', apuntó.
Con estos acuerdos, manifestó, el Poder Judicial se aleja cada vez más de lograr otorgar la garantía constitucional establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de otorgar una justicia pronta, expedita e imparcial.
Indicó que el órgano aplicó un reglamento que se encuentra en controversia y cuyo juicio contencioso administrativo está en la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo.
El presidente del STJ, Celso Rodríguez González, dijo que el Consejo de la Judicatura del Estado autorizó cambios de adscripción de 19 jueces mixtos y especializados a otras materias y adscripciones y se propuso la desaparición de la materia penal en juzgados del sur del estado.
Señaló que la consejera Gabriela de León Carrillo propuso cambios de adscripción de 19 jueces sin que se hubiera discutido en la comisión correspondiente el dictamen que no fue firmado, lo que representa una violación a Ley Orgánica del Poder Judicial y violenta los derechos de los funcionarios judiciales.
Dijo que el dictamen no fue distribuido a los cinco consejeros, conforme a la ley orgánica, y cuando fue presentado al pleno no iba firmado por ninguno de los miembros de la Comisión de Carrera Judicial que preside de León Carrillo.
Explicó que ese dictamen se basa en varios articulados del Reglamento Interno del Consejo de la Judicatura, que está en controversia por un juicio contencioso administrativo, lo que impide su aplicación en virtud a que fue otorgada una suspensión para que no se modificara o aplicara hasta que no se resuelva el juicio de referencia.
Sin embargo, añadió, fue aplicado en una convocatoria aprobada por los consejeros Gabriela Guadalupe de León Carrillo, Luis Enrique Villanueva Gómez y Miguel Gutiérrez Barba, y votaron en contra la consejera María Cristina Castillo Gutiérrez y él (Celso Rodríguez).
Comentó que ellos argumentan articulados de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero también citan al Reglamento Interno del Consejo, que está en controversia.
Dijo que en otro punto, el consejero Miguel Gutiérrez Barba propuso la desaparición de las materias penales de juzgados mixtos de tres partidas judiciales en la zona sur del estado, con cabeceras en San Gabriel, Mazamitla y Tamazula de Gordiano, para concentrarlos en juzgados especializados de Ciudad Guzmán.
Expresó que con esto están afectando a los demandantes de justicia de toda la región que ahora se tendrán que trasladar hasta Zapotlán El Grande a seguir los procesos de materia penal.
El magistrado Celso Rodríguez González señaló que con el argumento de ahorros en el gasto de la administración de la justicia, la sociedad se ve afectada con los traslados y el encarecimiento de la justicia.
Además de que se provoca desventaja ante la ley, ya que se le extrae del medio rural y se le obliga a acudir a poblaciones que desconoce y que le provocan desventaja.
'También se aleja a la justicia de los lugares de origen de los jaliscienses, ya que ahora para seguir con un procedimiento ante un juez de la rama penal en la zona sur del estado implicaran traslados de más de cuatro horas desde poblaciones como Jilotlán de los Dolores o Mazamitla, hasta Ciudad Guzmán', apuntó.
Con estos acuerdos, manifestó, el Poder Judicial se aleja cada vez más de lograr otorgar la garantía constitucional establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de otorgar una justicia pronta, expedita e imparcial.