Jalisco
Rescate del Congreso fue pactado en febrero, afirman
Hubo una reunión en febrero con el secretario de Planeación, Administración y Finanzas en que se acordó la entrega de 200 millones extra, afirma diputado panista
GUADALAJARA, JALISCO (24/MAY/2013).- El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Guillermo Martínez Mora dio a conocer que el Poder Ejecutivo sí asumió el compromiso de rescatar al Congreso del Estado y de entregarle 200 millones de pesos, pero reiteró la versión planteada por otros legisladores en los últimos días: que el dinero que hasta ahora ha recibido el Legislativo y que asciende a poco más de 100 millones de pesos es por concepto de adelanto de ministraciones y no se trata de recurso extraordinario. No habido, dijo, “rescate” financiero para el Congreso.
“Fue acordada una partida adicional de 200 millones de pesos extraordinarios al presupuesto (2013); los adelantos de ministraciones quedarían cubiertos cuando nos hagan entrega de los 200 millones de pesos, pero debemos de reducir lo que nos gastamos correspondiente a los meses de junio y julio, que son casi 100 millones de pesos”, señaló el panista.
Martínez Mora reveló que en febrero pasado se llevó a cabo una reunión entre el secretario de Planeación, Administración y Finanzas, Ricardo Villanueva, y los legisladores del PRI Rafael González Pimienta y Miguel Castro Reynoso, coordinador de esta bancada; así como la fracción parlamentaria de Acción Nacional. En ese encuentro se pactó el rescate financiero del Ejecutivo al Legislativo.
El panista dijo que el Ejecutivo no condicionó al Congreso la entrega de esos 200 millones y advirtió que, de ese recurso, sólo 60 millones están previstos destinarse para recorte de personal. Insistió en la necesidad de reducir la nómina para que “el recurso alcance”.
Molestia entre empleados por procesos de despidos
Mientras tanto, entre los empleados del Poder Legislativo hay molestia e incertidumbre, porque no les quedan claros los criterios para ser llamados por las áreas jurídica y administrativa para ofrecerles una indemnización de entre tres y seis meses para darlos de baja.
De acuerdo con trabajadores inconformes con el proceso, las consignas de quienes llevan a cabo el procedimiento de reducción de nómina son no respetar antigüedad o condiciones personales.
Empleados que están a meses de jubilarse, mujeres embarazadas o personas incapacitadas por igual son llamados para ofrecerles indemnizaciones; les dicen que, si no aceptan el dinero —en algunos casos superan los 270 mil pesos—, serán dados de baja, por lo que ya no les permitirán el acceso al Poder Legislativo a partir de este lunes.
Cuestionados al respecto, los coordinadores parlamentarios han sido evasivos y señalan que ellos no conocen los nombres ni las condiciones de quienes deben ser dados de baja de la nómina del Congreso. En diversas declaraciones han señalado que las áreas administrativa y jurídica son las responsables de llevar a cabo el proceso de selección de personal que será despedido.
En este sentido, el líder de la fracción parlamentaria de MC, Clemente Castañeda, asumió la responsabilidad y dijo que la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Administración debe asumir el papel que le corresponde, pero advirtió que existe total confianza a las áreas que llevan a cabo “el difícil proceso”.
“Es un proceso complicado, no es un proceso sencillo la depuración de la nómina, sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, pero nosotros debemos seguir con posición firme; no nos vamos a poner con carreras de velocidad, esto es una carrera de resistencia. Ojalá el tema de relaciones laborales fuera más sencillo. Lo peor que podemos hacer es tirar la toalla porque no vamos al paso que queremos”, sentenció el legislador.
Al igual que el líder de los diputados del PRI, Miguel Castro, el legislador de MC señaló que no habrá marcha atrás en el proceso de depuración de la nómina del Congreso.
No obstante, reconoció que, a la par, ya comenzaron las contrataciones de nuevos empleados bajo el esquema de supernumerarios, con la bolsa de 105 mil pesos que le corresponde a cada uno de los 39 legisladores locales.
Clemente Castañeda dijo que cuando se concreten las renuncias de empleados, el Congreso dará a conocer oficialmente el nombre, el sueldo y el cargo de los trabajadores que fueron cesados de la obesa nómina.
“Fue acordada una partida adicional de 200 millones de pesos extraordinarios al presupuesto (2013); los adelantos de ministraciones quedarían cubiertos cuando nos hagan entrega de los 200 millones de pesos, pero debemos de reducir lo que nos gastamos correspondiente a los meses de junio y julio, que son casi 100 millones de pesos”, señaló el panista.
Martínez Mora reveló que en febrero pasado se llevó a cabo una reunión entre el secretario de Planeación, Administración y Finanzas, Ricardo Villanueva, y los legisladores del PRI Rafael González Pimienta y Miguel Castro Reynoso, coordinador de esta bancada; así como la fracción parlamentaria de Acción Nacional. En ese encuentro se pactó el rescate financiero del Ejecutivo al Legislativo.
El panista dijo que el Ejecutivo no condicionó al Congreso la entrega de esos 200 millones y advirtió que, de ese recurso, sólo 60 millones están previstos destinarse para recorte de personal. Insistió en la necesidad de reducir la nómina para que “el recurso alcance”.
Molestia entre empleados por procesos de despidos
Mientras tanto, entre los empleados del Poder Legislativo hay molestia e incertidumbre, porque no les quedan claros los criterios para ser llamados por las áreas jurídica y administrativa para ofrecerles una indemnización de entre tres y seis meses para darlos de baja.
De acuerdo con trabajadores inconformes con el proceso, las consignas de quienes llevan a cabo el procedimiento de reducción de nómina son no respetar antigüedad o condiciones personales.
Empleados que están a meses de jubilarse, mujeres embarazadas o personas incapacitadas por igual son llamados para ofrecerles indemnizaciones; les dicen que, si no aceptan el dinero —en algunos casos superan los 270 mil pesos—, serán dados de baja, por lo que ya no les permitirán el acceso al Poder Legislativo a partir de este lunes.
Cuestionados al respecto, los coordinadores parlamentarios han sido evasivos y señalan que ellos no conocen los nombres ni las condiciones de quienes deben ser dados de baja de la nómina del Congreso. En diversas declaraciones han señalado que las áreas administrativa y jurídica son las responsables de llevar a cabo el proceso de selección de personal que será despedido.
En este sentido, el líder de la fracción parlamentaria de MC, Clemente Castañeda, asumió la responsabilidad y dijo que la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Administración debe asumir el papel que le corresponde, pero advirtió que existe total confianza a las áreas que llevan a cabo “el difícil proceso”.
“Es un proceso complicado, no es un proceso sencillo la depuración de la nómina, sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, pero nosotros debemos seguir con posición firme; no nos vamos a poner con carreras de velocidad, esto es una carrera de resistencia. Ojalá el tema de relaciones laborales fuera más sencillo. Lo peor que podemos hacer es tirar la toalla porque no vamos al paso que queremos”, sentenció el legislador.
Al igual que el líder de los diputados del PRI, Miguel Castro, el legislador de MC señaló que no habrá marcha atrás en el proceso de depuración de la nómina del Congreso.
No obstante, reconoció que, a la par, ya comenzaron las contrataciones de nuevos empleados bajo el esquema de supernumerarios, con la bolsa de 105 mil pesos que le corresponde a cada uno de los 39 legisladores locales.
Clemente Castañeda dijo que cuando se concreten las renuncias de empleados, el Congreso dará a conocer oficialmente el nombre, el sueldo y el cargo de los trabajadores que fueron cesados de la obesa nómina.