Jalisco
Recomienda la CEDHJ reparar daños causados por policía tapatío
El policía Jorge Alberto Carmona Martínez, causó lesiones a cinco personas, entre ellas la joven mujer, quien quedó parapléjica
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) Felipe Álvarez Cibrián, emitió ayer la décimo quinta recomendación del año, ésta dirigida al pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, al que le pide garantizar de por vida “la dotación de satisfactores mínimos –alimentación, vivienda decorosa, atención médica, psicológica y educación– a una mujer víctima de abuso policiaco, que le permitan a ella y a sus dos hijas menores de edad acceder a una vida digna”.
Por hechos ocurridos en octubre del año 2005, la CEDHJ acreditó que “que el policía Jorge Alberto Carmona Martínez, causó lesiones a cinco personas, entre ellas la joven mujer, quien quedó parapléjica, con secuela neurológica parcial permanente, perdió la función de los esfínteres y resultó con incapacidad física total que le impide ser autosuficiente”.
El ombudsman detalló que el 17 de octubre de 2005, la agraviada y una amiga se encontraron con elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Guadalajara que les faltaron al respeto al preguntarles cuánto cobraban por tener relaciones sexuales; un amigo de ellas les reclamó a los elementos su actitud, lo que provocó un conflicto. Aunque Carmona Martínez estaba fuera de su horario de trabajo, portaba el arma a su cargo, propiedad del Ayuntamiento de Guadalajara, con la cual hizo varios disparos y lesionó a cinco personas. Además, una bala atravesó la pierna derecha de una de las jóvenes”.
El 26 de noviembre del mismo año, el padre de una de las agraviadas presentó su inconformidad ante la CEDHJ contra los policías municipales. Durante el trámite, como conciliación se propuso al entonces presidente municipal que agregara copia de la resolución en contra del servidor público responsable y la reparación de los daños y perjuicios causados. La autoridad aceptó la primera propuesta, pero rechazó la segunda, por lo que se continuó con el procedimiento que hoy concluye con esta recomendación, al quedar acreditada la violación de los derechos a la integridad física y a la legalidad de los agraviados.
“La Comisión ha sostenido reiteradamente que la reparación del daño es un elemento fundamental a favor de las víctimas de una violación de derechos humanos, genera conciencia del principio de responsabilidad y enfrenta la impunidad. La solicitud de reparación del daño solidaria se justifica en la certeza de que los agraviados fueron víctimas de un acto atribuible al Estado, particularmente en este caso, ya que fue cometido por un servidor público del Ayuntamiento de Guadalajara”, explicó el ombudsman.
Por hechos ocurridos en octubre del año 2005, la CEDHJ acreditó que “que el policía Jorge Alberto Carmona Martínez, causó lesiones a cinco personas, entre ellas la joven mujer, quien quedó parapléjica, con secuela neurológica parcial permanente, perdió la función de los esfínteres y resultó con incapacidad física total que le impide ser autosuficiente”.
El ombudsman detalló que el 17 de octubre de 2005, la agraviada y una amiga se encontraron con elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Guadalajara que les faltaron al respeto al preguntarles cuánto cobraban por tener relaciones sexuales; un amigo de ellas les reclamó a los elementos su actitud, lo que provocó un conflicto. Aunque Carmona Martínez estaba fuera de su horario de trabajo, portaba el arma a su cargo, propiedad del Ayuntamiento de Guadalajara, con la cual hizo varios disparos y lesionó a cinco personas. Además, una bala atravesó la pierna derecha de una de las jóvenes”.
El 26 de noviembre del mismo año, el padre de una de las agraviadas presentó su inconformidad ante la CEDHJ contra los policías municipales. Durante el trámite, como conciliación se propuso al entonces presidente municipal que agregara copia de la resolución en contra del servidor público responsable y la reparación de los daños y perjuicios causados. La autoridad aceptó la primera propuesta, pero rechazó la segunda, por lo que se continuó con el procedimiento que hoy concluye con esta recomendación, al quedar acreditada la violación de los derechos a la integridad física y a la legalidad de los agraviados.
“La Comisión ha sostenido reiteradamente que la reparación del daño es un elemento fundamental a favor de las víctimas de una violación de derechos humanos, genera conciencia del principio de responsabilidad y enfrenta la impunidad. La solicitud de reparación del daño solidaria se justifica en la certeza de que los agraviados fueron víctimas de un acto atribuible al Estado, particularmente en este caso, ya que fue cometido por un servidor público del Ayuntamiento de Guadalajara”, explicó el ombudsman.