Jalisco
Proponen la creación de la Ley de Edificación Sustentable
Guiará el diseño, la construcción y operación de edificios con parámetros de salud y cuidado al medio ambiente
GUADALAJARA, JALISCO (01/AGO/2010).- A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), el legislador Alfredo Argüelles Basave presentó una iniciativa que crea la Ley de Edificación Sustentable para el Estado de Jalisco, para establecer los criterios y lineamientos para la aplicación de sistemas, tecnologías y diseño bioclimático que contribuyan a la sustentabilidad de las edificaciones y construcciones a favor de la preservación y restauración del equilibrio ecológico.
“La edificación sustentable integrará una guía de diseño, edificación y operación de edificaciones con parámetros de salud, ahorro de energía y cuidado al medio ambiente; con el propósito de crear espacios saludables, confortables y apoyando el modelo de desarrollo sostenible durante la fase operativa del ciclo de vida de las construcciones”, se lee en la iniciativa.
El objetivo es que las construcciones aprovechen al máximo el potencial del sitio en el que están, que conserven el uso del agua, requieran de menos energía (incluso la produzcan), utilicen materiales con el menor impacto ambiental posible y mantengan una excelente calidad de aire interior.
La Ley de Edificación Sustentable consta de 34 artículos. La idea es que sea el marco que sustente la existencia y observancia de la Norma Ambiental Estatal de Edificación Sustentable, misma que se prevé elabore la Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable en el ámbito de sus facultades.
La norma fijaría los parámetros técnicos de la construcción para que todas las viviendas tengan un alto nivel de confort y calidad de vida, y se apoyen en la utilización de tecnologías basadas en energías renovables.
Por su parte, el diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra, también a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, presentó la iniciativa de ley por la que se reforman diversos artículos del Código Urbano para el Estado de Jalisco, así como se adiciona un artículo 253 bis al Código Penal.
La finalidad es establecer de manera precisa los límites de los funcionarios municipales con respecto al otorgamiento de licencias, permisos, expedición de dictámenes de uso de suelo, así como en la resolución de los diversos recursos legales que establece el Código para combatir estas actuaciones.
Esos límites tienen que ver con que los cambios no pueden ir en contra de los planes parciales y cualquier otra normatividad que los rige; y las reformas establecen sanciones económicas y administrativas más severas para los funcionarios que otorguen permisos sabiendo que no corresponden a los lineamientos de uso de suelo.
“Se impondrán de cuatro a 10 años de prisión y multa por el importe de cuatrocientos a mil días de salario mínimo —22 mil 336 pesos a 55 mil pesos— al servidor público que de manera dolosa emita un dictamen, autorización, licencia, permiso o certificación de uso de suelo, que contravenga los lineamientos establecidos en los planes, programas de desarrollo urbano o cualquier norma urbanística aplicable”, se lee en la propuesta de reforma al Código Penal de Jalisco.
“La edificación sustentable integrará una guía de diseño, edificación y operación de edificaciones con parámetros de salud, ahorro de energía y cuidado al medio ambiente; con el propósito de crear espacios saludables, confortables y apoyando el modelo de desarrollo sostenible durante la fase operativa del ciclo de vida de las construcciones”, se lee en la iniciativa.
El objetivo es que las construcciones aprovechen al máximo el potencial del sitio en el que están, que conserven el uso del agua, requieran de menos energía (incluso la produzcan), utilicen materiales con el menor impacto ambiental posible y mantengan una excelente calidad de aire interior.
La Ley de Edificación Sustentable consta de 34 artículos. La idea es que sea el marco que sustente la existencia y observancia de la Norma Ambiental Estatal de Edificación Sustentable, misma que se prevé elabore la Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable en el ámbito de sus facultades.
La norma fijaría los parámetros técnicos de la construcción para que todas las viviendas tengan un alto nivel de confort y calidad de vida, y se apoyen en la utilización de tecnologías basadas en energías renovables.
Por su parte, el diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra, también a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, presentó la iniciativa de ley por la que se reforman diversos artículos del Código Urbano para el Estado de Jalisco, así como se adiciona un artículo 253 bis al Código Penal.
La finalidad es establecer de manera precisa los límites de los funcionarios municipales con respecto al otorgamiento de licencias, permisos, expedición de dictámenes de uso de suelo, así como en la resolución de los diversos recursos legales que establece el Código para combatir estas actuaciones.
Esos límites tienen que ver con que los cambios no pueden ir en contra de los planes parciales y cualquier otra normatividad que los rige; y las reformas establecen sanciones económicas y administrativas más severas para los funcionarios que otorguen permisos sabiendo que no corresponden a los lineamientos de uso de suelo.
“Se impondrán de cuatro a 10 años de prisión y multa por el importe de cuatrocientos a mil días de salario mínimo —22 mil 336 pesos a 55 mil pesos— al servidor público que de manera dolosa emita un dictamen, autorización, licencia, permiso o certificación de uso de suelo, que contravenga los lineamientos establecidos en los planes, programas de desarrollo urbano o cualquier norma urbanística aplicable”, se lee en la propuesta de reforma al Código Penal de Jalisco.