Jalisco
Proponen crear consejo contra la discriminación en Jalisco
El diputado Raúl Vargas presenta una iniciativa de ley para prevenir y castigar actos de esa índole
GUADALAJARA, JALISCO (14/JUN/2010).- Debido a que en Jalisco no existen los medios para proteger a las víctimas de la discriminación, ni para sancionar a los responsables, el coordinador de los diputados del
PRD, Raúl Vargas López, propuso crear una ley en la materia.
Para su operación, también proyecta que se conforme un consejo que atienda las quejas de personas que puedan sentirse vulneradas en sus garantías individuales.
Esta propuesta de ley está dividida en cinco títulos y consta de 147 artículos. En la sección tercera enlista a las personas vulnerables a sufrir discriminación como son las mujeres; las niñas, niños y adolescentes; las personas jóvenes; los adultos mayores; personas con capacidades especiales; las personas, pueblos y comunidades indígenas y aquellas con preferencias sexuales diferentes.
Si la legislación entra en vigor, se conformaría un consejo estatal para prevenir y eliminar la discriminación, que mediará el diálogo entre ambas partes con la finalidad de que expongan sus argumentos. Si se comprueba que algún funcionario o autoridad pública, así como asociaciones civiles, mercantiles y religiosas, y personas físicas, han discriminado, se podrían hacer acreedoras a multas de hasta por 500 días de salario mínimo —tres mil pesos—, sanciones administrativas, trabajo comunitario y cursos de capacitación.
“Lo novedoso de esta ley es que por primera vez se agravan los delitos que tengan como motivo o finalidad la discriminación. Se protegen a las personas con preferencias sexuales diferentes y por primera vez se crearía un procedimiento oral, rápido y eficaz para combatir la discriminación”, explicó Vargas.
El consejo buscará conciliar los intereses de las partes, y en caso de que requieran asesoría jurídica, se asignará un defensor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco ( CEDHJ).
A decir del legislador perredista, este nuevo órgano no duplica funciones que ya realizan organismos como la CEDHJ, pues a diferencia de aquél, el consejo
contra la discriminación impondría sanciones administrativas.
“Hasta ahora no existe un Organismo Público Descentralizado (OPD) que atienda esta problemática social. Sumar estas iniciativas a las atribuciones de la CEDHJ implicaría reformas largas y costosas”.
Propuesta de integración del consejo
La dimensión del problema en México
De acuerdo con datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), 30% de las personas pertenecientes a los considerados grupos vulnerables dice haber sufrido discriminación.
Cerca de 30% ha sido discriminado en el trabajo por su condición, mientras que 15% de los mexicanos considera que no hay que gastar en la educación de las hijas porque se casan.
De los empresarios mexicanos, 25% pide examen de embarazo a las mujeres para solicitar un empleo.
El 30% de los mexicanos considera que es normal que los hombres ganen más que las mujeres, al tiempo que 42% cree que es mejor dar un empleo a una persona con capacidad que aquella que tiene una capacidad especial.
El 43% de los mexicanos cree que los indígenas tendrán limitaciones sociales sólo por sus características raciales, y 40% estaría dispuesto a organizarse para impedir que un grupo indígena se establezca cerca de su comunidad.
En las familias mexicanas, 48% no permitiría que en su casa viviera una persona con preferencias sexuales diferentes.
Para saber
Esta iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Desarrollo Humano del Congreso local. De aprobarse, entraría en vigor un día después de su publicación, y el consejo entraría en funciones un año después.
Para su operación, también proyecta que se conforme un consejo que atienda las quejas de personas que puedan sentirse vulneradas en sus garantías individuales.
Esta propuesta de ley está dividida en cinco títulos y consta de 147 artículos. En la sección tercera enlista a las personas vulnerables a sufrir discriminación como son las mujeres; las niñas, niños y adolescentes; las personas jóvenes; los adultos mayores; personas con capacidades especiales; las personas, pueblos y comunidades indígenas y aquellas con preferencias sexuales diferentes.
Si la legislación entra en vigor, se conformaría un consejo estatal para prevenir y eliminar la discriminación, que mediará el diálogo entre ambas partes con la finalidad de que expongan sus argumentos. Si se comprueba que algún funcionario o autoridad pública, así como asociaciones civiles, mercantiles y religiosas, y personas físicas, han discriminado, se podrían hacer acreedoras a multas de hasta por 500 días de salario mínimo —tres mil pesos—, sanciones administrativas, trabajo comunitario y cursos de capacitación.
“Lo novedoso de esta ley es que por primera vez se agravan los delitos que tengan como motivo o finalidad la discriminación. Se protegen a las personas con preferencias sexuales diferentes y por primera vez se crearía un procedimiento oral, rápido y eficaz para combatir la discriminación”, explicó Vargas.
El consejo buscará conciliar los intereses de las partes, y en caso de que requieran asesoría jurídica, se asignará un defensor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco ( CEDHJ).
A decir del legislador perredista, este nuevo órgano no duplica funciones que ya realizan organismos como la CEDHJ, pues a diferencia de aquél, el consejo
contra la discriminación impondría sanciones administrativas.
“Hasta ahora no existe un Organismo Público Descentralizado (OPD) que atienda esta problemática social. Sumar estas iniciativas a las atribuciones de la CEDHJ implicaría reformas largas y costosas”.
Propuesta de integración del consejo
- Junta de Gobierno.
- Asamblea.
- Presidente (designado por el gobernador del Estado).
- Dirección.
- Tres auxiliares especializados (abogados).
La dimensión del problema en México
De acuerdo con datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), 30% de las personas pertenecientes a los considerados grupos vulnerables dice haber sufrido discriminación.
Cerca de 30% ha sido discriminado en el trabajo por su condición, mientras que 15% de los mexicanos considera que no hay que gastar en la educación de las hijas porque se casan.
De los empresarios mexicanos, 25% pide examen de embarazo a las mujeres para solicitar un empleo.
El 30% de los mexicanos considera que es normal que los hombres ganen más que las mujeres, al tiempo que 42% cree que es mejor dar un empleo a una persona con capacidad que aquella que tiene una capacidad especial.
El 43% de los mexicanos cree que los indígenas tendrán limitaciones sociales sólo por sus características raciales, y 40% estaría dispuesto a organizarse para impedir que un grupo indígena se establezca cerca de su comunidad.
En las familias mexicanas, 48% no permitiría que en su casa viviera una persona con preferencias sexuales diferentes.
Para saber
Esta iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Desarrollo Humano del Congreso local. De aprobarse, entraría en vigor un día después de su publicación, y el consejo entraría en funciones un año después.