Jalisco
Policías tapatíos buscarán amparos contra evaluación
El Alcalde tapatío, Ramiro Hernández ha señalado que darán un trato diferenciado a los elementos no aptos
GUADALAJARA, JALISCO (27/NOV/2012).- La aplicación de las pruebas de confianza en la Policía de Guadalajara está provocando la salida de elementos que cuentan con condecoraciones en su trayectoria, medallas por el valor que han demostrado en sus labores, y con casi dos décadas de experiencia.
Es el caso de los comandantes Cecilia Díaz Piceno, César Leobardo González Yáñez y Usiel Morales Chávez, quienes obtuvieron este rango durante la pasada administración municipal, en una convocatoria abierta donde fueron seleccionados precisamente por su trabajo, y no por tener cercanía con liderazgos políticos, así lo expresan.
Quieren afirmar que hay una violación a sus derechos más elementales, cuando, hasta hoy, no se les ha notificado el motivo por el que fueron considerados no aptos. Es decir, que ni el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Jalisco, ni la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana tapatía, les han precisado cuál de las cinco pruebas fue la que no superaron.
No consumen drogas ilegales, dicen, por lo que no pudo ser el examen toxicológico; no tienen nexos con la delincuencia organizada ni común, y están seguros de su honestidad, descartan el poligráfico; no se han enriquecido ilícitamente, así, tampoco pudieron fallar el de entorno socioeconómico. Sólo quedan los de tipo médico y sicológico, pero si nadie se los precisa ¿cómo saber que los vuelve no aptos? ¿Qué significa?
Díaz Piceno está orgullosa de no tener en su haber una sola boleta de arresto por faltar a sus labores en 19 años de trabajo, no tiene suspensiones tampoco ni procedimientos jurídicos en su contra. En enero cumpliría otro año de servicio:
“Entré a la Policía por la camiseta, porque me gusta, me gusta muchísimo lo que hago, es media vida dentro de la Policía; me creo con toda la capacidad para cualquier trabajo que me ofrezcan desempeñarlo, pero estaba ahí porque me gustaba la Policía, por eso me desempeñaba tan bien y tuve muchos reconocimientos”.
Por su parte, Morales Chávez llegó a ser reconocido por la Cámara de Comercio de Guadalajara y por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del municipio; González Yáñez tiene un par de medallas por su servicio a la ciudad. ¿Cómo hacen para conciliar ahora el resultado de su evaluación, que les impide ser policía no sólo ahí, sino en cualquier otro punto del país?
Y la manera como se enteraron. Cuando llegaron a sus respectivas bases se les impidió el ingreso. Luego por escrito se les notificó que cesaba su comisión como comandantes por su evaluación, y que se presentaran a la Sindicatura de Guadalajara. Ahí se les pidió que firmaran su renuncia voluntaria, y se les daría un finiquito que, si bien varía, puede enmarcarse en un promedio de 100 mil pesos. González Yáñez dice que eso no representa ni el 30% de lo que se merece.
Con sus pruebas desfavorables no pueden desempeñarse más en el oficio de su vida. Con la base de datos nacional de Plataforma México y los mecanismos mismos de control previstos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), se vuelve imposible su reingreso por el momento.
Sin embargo, la autoridad municipal les explicó que en dos años podrían volver a intentar una evaluación para ver si se les considera aptos, y ser otra vez parte de la corporación. El Certificado único Policial que se obtiene con estas pruebas, y que es requisito indispensable para permanecer en las corporaciones a partir del 3 de enero de 2013, tiene una vigencia de dos años precisamente.
Es decir, incluso los elementos que pasen los exámenes, deberán repetirlos en un par de años para mantener la vigencia de su certificado.
Ahora estos comandantes presentarán sus respectivos juicios de amparo, además de otras demandas ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado, que no ante las instancias judiciales laborales, por el tipo de función que desempeñan.
A partir de 2009, con la entrada en vigencia de la Ley General del SNSP, y dentro de una política nacional de reconstrucción de las instituciones de seguridad pública del país, comenzó esta estrategia por fortalecer su profesionalización, y los filtros de ingreso, permanencia y ascenso en las corporaciones, también en el Ministerio Público. Así llegaron las pruebas de confianza.
Para los policías, como ellos, el proceso que tiene como finalidad la depuración de los cuerpos de seguridad está trayendo consecuencias adyacentes, una de éstas, la estigmatización ante la sociedad, según lo exponen.
Dice Morales Chávez:
“Hablando en términos de ley se nos niega nuestro derecho de audiencia y defensa, nos están juzgando antes; que me ganen un juicio donde me comprueben sus supuestos, pero mientas no tengamos eso ante la opinión pública nos están desbaratando, están acabando no nada más con nosotros, con nuestras familias. Imagínese mis vecinos cómo me ven ahorita, la gente que me conoce, ¿eso está bien? Eso no es correcto”.
“Estamos sujetos a cambios y situaciones dentro de la corporación, se implementa este nuevo sistema con exámenes, no nos queremos negar a ellos, al contrario, los estamos haciendo pero que se nos califique conforme a lo que es la realidad, que chequen nuestros expedientes, que se haga una investigación exhaustiva para tomar una determinación”.
A nivel estatal, la tendencia de reprobación es del 35%. Actualmente hay ya cuatro mil 375 elementos considerados no aptos (el universo total a evaluar es de 18 mil 500).
Habla ahora González Yáñez:
“Considero que los exámenes van dirigidos en otro sentido, en el de aprovechar los exámenes para destituir a policías con trayectoria, con antigüedad, viejos, enfermos, policías que nada tienen que ver con delincuencia organizada y que tal vez tenemos los mejores cargos, los mejores sueldos y que de repente es lo que quieran rescatar. Tengo 17 años de trabajo dentro de la corporación, y con el finiquito que me ofrecen no me están dando el derecho de réplica, el derecho de defenderme, el Centro (de Evaluación y Control de Confianza) en ningún momento me informa qué examen reprobé, sino nada más, tajantemente, me reprueba, y me niegan el acceso a la corporación, a mi base”.
En Guadalajara, con alrededor de tres mil oficiales en total, se han evaluado 294 (el 9.8%), de estos, 82 han resultado no aptos. Si la tendencia estatal del 35% se aplica en el municipio, podrían salir más de mil elementos.
Para saber
El presidente municipal tapatío, Ramiro Hernández García, ha señalado que darán un trato diferenciado a los elementos no aptos, de acuerdo al motivo que no les permitió superar su prueba, y dijo que analiza la posibilidad de ofrecer empleo a los oficiales que estén en ese supuesto.
Es decir, parte de que no todos los elementos que reprueban son necesariamente deshonestos, tienen nexos con la delincuencia, o usan drogas ilegales, pues las pruebas valoran más cosas que ello.
Esta oferta, sin embargo, no les ha llegado a los comandantes aquí entrevistados.
EL INFORMADOR / LUIS HERRERA
Es el caso de los comandantes Cecilia Díaz Piceno, César Leobardo González Yáñez y Usiel Morales Chávez, quienes obtuvieron este rango durante la pasada administración municipal, en una convocatoria abierta donde fueron seleccionados precisamente por su trabajo, y no por tener cercanía con liderazgos políticos, así lo expresan.
Quieren afirmar que hay una violación a sus derechos más elementales, cuando, hasta hoy, no se les ha notificado el motivo por el que fueron considerados no aptos. Es decir, que ni el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Jalisco, ni la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana tapatía, les han precisado cuál de las cinco pruebas fue la que no superaron.
No consumen drogas ilegales, dicen, por lo que no pudo ser el examen toxicológico; no tienen nexos con la delincuencia organizada ni común, y están seguros de su honestidad, descartan el poligráfico; no se han enriquecido ilícitamente, así, tampoco pudieron fallar el de entorno socioeconómico. Sólo quedan los de tipo médico y sicológico, pero si nadie se los precisa ¿cómo saber que los vuelve no aptos? ¿Qué significa?
Díaz Piceno está orgullosa de no tener en su haber una sola boleta de arresto por faltar a sus labores en 19 años de trabajo, no tiene suspensiones tampoco ni procedimientos jurídicos en su contra. En enero cumpliría otro año de servicio:
“Entré a la Policía por la camiseta, porque me gusta, me gusta muchísimo lo que hago, es media vida dentro de la Policía; me creo con toda la capacidad para cualquier trabajo que me ofrezcan desempeñarlo, pero estaba ahí porque me gustaba la Policía, por eso me desempeñaba tan bien y tuve muchos reconocimientos”.
Por su parte, Morales Chávez llegó a ser reconocido por la Cámara de Comercio de Guadalajara y por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del municipio; González Yáñez tiene un par de medallas por su servicio a la ciudad. ¿Cómo hacen para conciliar ahora el resultado de su evaluación, que les impide ser policía no sólo ahí, sino en cualquier otro punto del país?
Y la manera como se enteraron. Cuando llegaron a sus respectivas bases se les impidió el ingreso. Luego por escrito se les notificó que cesaba su comisión como comandantes por su evaluación, y que se presentaran a la Sindicatura de Guadalajara. Ahí se les pidió que firmaran su renuncia voluntaria, y se les daría un finiquito que, si bien varía, puede enmarcarse en un promedio de 100 mil pesos. González Yáñez dice que eso no representa ni el 30% de lo que se merece.
Con sus pruebas desfavorables no pueden desempeñarse más en el oficio de su vida. Con la base de datos nacional de Plataforma México y los mecanismos mismos de control previstos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), se vuelve imposible su reingreso por el momento.
Sin embargo, la autoridad municipal les explicó que en dos años podrían volver a intentar una evaluación para ver si se les considera aptos, y ser otra vez parte de la corporación. El Certificado único Policial que se obtiene con estas pruebas, y que es requisito indispensable para permanecer en las corporaciones a partir del 3 de enero de 2013, tiene una vigencia de dos años precisamente.
Es decir, incluso los elementos que pasen los exámenes, deberán repetirlos en un par de años para mantener la vigencia de su certificado.
Ahora estos comandantes presentarán sus respectivos juicios de amparo, además de otras demandas ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado, que no ante las instancias judiciales laborales, por el tipo de función que desempeñan.
A partir de 2009, con la entrada en vigencia de la Ley General del SNSP, y dentro de una política nacional de reconstrucción de las instituciones de seguridad pública del país, comenzó esta estrategia por fortalecer su profesionalización, y los filtros de ingreso, permanencia y ascenso en las corporaciones, también en el Ministerio Público. Así llegaron las pruebas de confianza.
Para los policías, como ellos, el proceso que tiene como finalidad la depuración de los cuerpos de seguridad está trayendo consecuencias adyacentes, una de éstas, la estigmatización ante la sociedad, según lo exponen.
Dice Morales Chávez:
“Hablando en términos de ley se nos niega nuestro derecho de audiencia y defensa, nos están juzgando antes; que me ganen un juicio donde me comprueben sus supuestos, pero mientas no tengamos eso ante la opinión pública nos están desbaratando, están acabando no nada más con nosotros, con nuestras familias. Imagínese mis vecinos cómo me ven ahorita, la gente que me conoce, ¿eso está bien? Eso no es correcto”.
“Estamos sujetos a cambios y situaciones dentro de la corporación, se implementa este nuevo sistema con exámenes, no nos queremos negar a ellos, al contrario, los estamos haciendo pero que se nos califique conforme a lo que es la realidad, que chequen nuestros expedientes, que se haga una investigación exhaustiva para tomar una determinación”.
A nivel estatal, la tendencia de reprobación es del 35%. Actualmente hay ya cuatro mil 375 elementos considerados no aptos (el universo total a evaluar es de 18 mil 500).
Habla ahora González Yáñez:
“Considero que los exámenes van dirigidos en otro sentido, en el de aprovechar los exámenes para destituir a policías con trayectoria, con antigüedad, viejos, enfermos, policías que nada tienen que ver con delincuencia organizada y que tal vez tenemos los mejores cargos, los mejores sueldos y que de repente es lo que quieran rescatar. Tengo 17 años de trabajo dentro de la corporación, y con el finiquito que me ofrecen no me están dando el derecho de réplica, el derecho de defenderme, el Centro (de Evaluación y Control de Confianza) en ningún momento me informa qué examen reprobé, sino nada más, tajantemente, me reprueba, y me niegan el acceso a la corporación, a mi base”.
En Guadalajara, con alrededor de tres mil oficiales en total, se han evaluado 294 (el 9.8%), de estos, 82 han resultado no aptos. Si la tendencia estatal del 35% se aplica en el municipio, podrían salir más de mil elementos.
Para saber
El presidente municipal tapatío, Ramiro Hernández García, ha señalado que darán un trato diferenciado a los elementos no aptos, de acuerdo al motivo que no les permitió superar su prueba, y dijo que analiza la posibilidad de ofrecer empleo a los oficiales que estén en ese supuesto.
Es decir, parte de que no todos los elementos que reprueban son necesariamente deshonestos, tienen nexos con la delincuencia, o usan drogas ilegales, pues las pruebas valoran más cosas que ello.
Esta oferta, sin embargo, no les ha llegado a los comandantes aquí entrevistados.
EL INFORMADOR / LUIS HERRERA