Jalisco
Plebiscito, clave para impulsar grandes obras
La nueva Ley de Participación Ciudadana es una herramienta toral para que la población exija proyectos que mejoren la calidad de vida
GUADALAJARA, JALISCO (13/JUN/2016).- Si todos los discursos políticos en los que se anuncia el futuro de la ciudad fueran reales y si las
obras que se proyectan terminaran, hoy Jalisco tendría seis líneas del Tren Ligero, una Villa Panamericana en el Centro de Guadalajara y no se tendría el déficit de tres mil litros por segundo en el abasto de agua. Además, habría tres anillos viales cerrados: Periférico, Patria y Circunvalación, así como un sistema de drenaje pluvial profundo contra las inundaciones.
Expertos urbanistas y arquitectos como Guillermo Gómez Sustaita, Ignacio Vázquez Ceceña y Juan Palomar Verea coinciden en un factor común que incide en que estos proyectos se detengan: las decisiones políticas o los cambios de administraciones públicas. Sin embargo, para cambiar esa lógica, el Congreso de Jalisco habilitó rutas de cambio. Pedro Kumamoto, legislador independiente, recuerda que la Ley de Participación Ciudadana, aprobada el pasado 31 de marzo, facilita el uso de herramientas como el plebiscito o el referéndum para que sean los ciudadanos (y no los políticos) quienes decidan ir o no por la continuidad de obras de alto calado, imponiendo su criterio en mayoría.
El Comité de Participación Social: el área que asistirá a los ciudadanos organizados para que estas herramientas sean aplicadas, verá la luz próximamente, pues se llamará a convocatoria. “Existirá para dar asesoría técnica (…) acompañará los procesos de participación social ante el Instituto (Electoral y de Participación Ciudadana) y hará recomendaciones”.
De acuerdo con la legislación, estas figuras pueden ser aplicadas si hay una participación del 3% del listado nominal en municipios con menos de 50 mil habitantes, o el 0.5% en puntos como el Área Metropolitana de Guadalajara. “Después, para que pueda ser vinculante, se necesita una participación de la población del 40% del electorado nominal. Así, la población podría responder y participar con sus ideas para que se haga o no, un tipo de proyecto”.
Ismael del Toro, del Partido Movimiento Ciudadano, expone que otra posibilidad para blindar grandes proyectos es modificar la Ley de Obras Públicas. Así, los proyectos sustentados con argumentos técnicos deberán tener el visto bueno del Poder Legislativo, especialmente si sus tiempos de ejecución rebasan el periodo de una administración. “Algo similar a lo que sucede con los créditos (para tener la garantía de que se terminarán las obras)… que los proyectos no se trunquen por intereses de administraciones o peor aún, por intereses políticos”.
Expertos urbanistas y arquitectos como Guillermo Gómez Sustaita, Ignacio Vázquez Ceceña y Juan Palomar Verea coinciden en un factor común que incide en que estos proyectos se detengan: las decisiones políticas o los cambios de administraciones públicas. Sin embargo, para cambiar esa lógica, el Congreso de Jalisco habilitó rutas de cambio. Pedro Kumamoto, legislador independiente, recuerda que la Ley de Participación Ciudadana, aprobada el pasado 31 de marzo, facilita el uso de herramientas como el plebiscito o el referéndum para que sean los ciudadanos (y no los políticos) quienes decidan ir o no por la continuidad de obras de alto calado, imponiendo su criterio en mayoría.
El Comité de Participación Social: el área que asistirá a los ciudadanos organizados para que estas herramientas sean aplicadas, verá la luz próximamente, pues se llamará a convocatoria. “Existirá para dar asesoría técnica (…) acompañará los procesos de participación social ante el Instituto (Electoral y de Participación Ciudadana) y hará recomendaciones”.
De acuerdo con la legislación, estas figuras pueden ser aplicadas si hay una participación del 3% del listado nominal en municipios con menos de 50 mil habitantes, o el 0.5% en puntos como el Área Metropolitana de Guadalajara. “Después, para que pueda ser vinculante, se necesita una participación de la población del 40% del electorado nominal. Así, la población podría responder y participar con sus ideas para que se haga o no, un tipo de proyecto”.
Ismael del Toro, del Partido Movimiento Ciudadano, expone que otra posibilidad para blindar grandes proyectos es modificar la Ley de Obras Públicas. Así, los proyectos sustentados con argumentos técnicos deberán tener el visto bueno del Poder Legislativo, especialmente si sus tiempos de ejecución rebasan el periodo de una administración. “Algo similar a lo que sucede con los créditos (para tener la garantía de que se terminarán las obras)… que los proyectos no se trunquen por intereses de administraciones o peor aún, por intereses políticos”.