Jalisco
Piden juicio político contra tesorero tapatío
Regidores del PAN acusan un sobre giro de 410 millones de pesos en el presupuesto municipal
GUADALAJARA, JALISCO (17/DIC/2013).- Debido a violaciones y omisiones en el desempeño de Francisco Javier Padilla Villarruel, tesorero municipal, "en perjuicio de los tapatíos", los regidores del Partido Acción Nacional en
Guadalajara presentaron una solicitud de juicio político ante el Congreso del Estado.
Esta mañana, los ediles Maribel Alfeirán, Mario Salazar Madera, Alejandro Elizondo, y Cristina Solórzano Márquez, acudieron al Órgano Técnico de Responsabilidades en el Palacio Legislativo para ratificar lo anunciado la semana pasada: la existencia de violaciones sistemáticas y permanentes a diversas leyes y reglamentos, y de un así sobre giro de casi 410 millones de pesos en el presupuesto.
Se acusa a Padilla Villarruel por anomalías en el proceso de la elaboración del Presupuesto de Egresos 2014, ya que no cumplió con los requisitos contemplados en el Artículo 21 del Reglamento de Presupuesto y Gasto Público, el cual menciona que:
"La proceso de planeación, programación y presupuestación tiene como finalidad orientar el gasto público a la atención de lo prioritario, garantizando el uso eficiente de los recursos en cada uno de los programas contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo, cuyo ejercicio realicen las unidades responsables".
También se expuso una "ineficiencia recaudatoria por parte del Tesorero que suman más de 800 millones de pesos por adeudos del impuesto predial que no se cobran".
Desde el pasado viernes presentaron dicha denuncia en el Congreso Estatal en contra del funcionario, que ratificaron con la esperanza de que haya resultados.
Para saber
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, impone que cuando los actos u omisiones de los funcionarios redunden en perjuicio de los intereses públicos, será procedente el juicio político, y no por "mera expresión de ideas".
Los actos u omisiones que contravengan las leyes locales y los reglamentos pueden ser presa de este proceso.
El Congreso debe actuar como jurado de sentencia. La Comisión de Responsabilidades tiene 45 días hábiles para emitir un dictamen que determine si es procedente la denuncia.
Si la resolución del Congreso es condenatoria se sancionará al servidor público con la destitución, y con la inhabilitación para el ejercicio de empleos y cargos públicos por diez años. Se tiene hasta un año para aplicar la sanción.
EL INFORMADOR / SAÚL PRIETO
Esta mañana, los ediles Maribel Alfeirán, Mario Salazar Madera, Alejandro Elizondo, y Cristina Solórzano Márquez, acudieron al Órgano Técnico de Responsabilidades en el Palacio Legislativo para ratificar lo anunciado la semana pasada: la existencia de violaciones sistemáticas y permanentes a diversas leyes y reglamentos, y de un así sobre giro de casi 410 millones de pesos en el presupuesto.
Se acusa a Padilla Villarruel por anomalías en el proceso de la elaboración del Presupuesto de Egresos 2014, ya que no cumplió con los requisitos contemplados en el Artículo 21 del Reglamento de Presupuesto y Gasto Público, el cual menciona que:
"La proceso de planeación, programación y presupuestación tiene como finalidad orientar el gasto público a la atención de lo prioritario, garantizando el uso eficiente de los recursos en cada uno de los programas contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo, cuyo ejercicio realicen las unidades responsables".
También se expuso una "ineficiencia recaudatoria por parte del Tesorero que suman más de 800 millones de pesos por adeudos del impuesto predial que no se cobran".
Desde el pasado viernes presentaron dicha denuncia en el Congreso Estatal en contra del funcionario, que ratificaron con la esperanza de que haya resultados.
Para saber
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, impone que cuando los actos u omisiones de los funcionarios redunden en perjuicio de los intereses públicos, será procedente el juicio político, y no por "mera expresión de ideas".
Los actos u omisiones que contravengan las leyes locales y los reglamentos pueden ser presa de este proceso.
El Congreso debe actuar como jurado de sentencia. La Comisión de Responsabilidades tiene 45 días hábiles para emitir un dictamen que determine si es procedente la denuncia.
Si la resolución del Congreso es condenatoria se sancionará al servidor público con la destitución, y con la inhabilitación para el ejercicio de empleos y cargos públicos por diez años. Se tiene hasta un año para aplicar la sanción.
EL INFORMADOR / SAÚL PRIETO