Jalisco
Pide el Cepad reconocer existencia de tortura en Jalisco
En el Estado hay mil 343 personas agraviadas por este delito, aunque el problema se extiende a todo el país
GUADALAJARA, JALISCO (01/OCT/2010).- El problema de la tortura en el Estado de Jalisco no ha disminuido, pues es una práctica que prevalece de manera sistemática y recurrente. Así se informó durante la presentación del “Análisis de la Tortura en Jalisco 2000-2009”, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad). La presentación del documento estuvo a cargo del director ejecutivo del Cepad, Francisco Macías Medina; la secretaria ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Agnieska Raczynska, y por la coordinadora general del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Felicitas Treue.
En su participación, Felicitas Treue informó que Jalisco es un caso observado por organismos internacionales, y es que en el Estado hay mil 343 personas agraviadas por tortura, de las cuales 175 son mujeres y 76 menores de edad. Además, señaló que entre 2000 y 2009 la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco recibió 932 quejas por presuntos actos de tortura, en 803 se señalan como únicos responsables a elementos adscritos a la Procuraduría del Estado.
Lo que más llama la atención es que, de acuerdo con información otorgada por la misma Procuraduría, no se ha iniciado ninguna averiguación previa por el delito de tortura, lo que comprueba que los responsables directos o indirectos de dicho delito no reciben el castigo correspondiente, quedando impunes los agravios.
Cabe señalar que pese a que entre 1992 y 2004 Jalisco, en comparación con otros estados de la República, ocupó el primer lugar en quejas por tortura, la situación no es muy diferente en el resto del país. “La tortura en México sigue siendo una práctica cotidiana que se lleva a cabo de manera sistemática, tal como lo señala el Comité contra la Tortura de la ONU”, manifestó Felicitas Treue.
Dicho Comité, perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas ( ONU), asegura que la tortura no es una práctica excepcional de unos cuantos elementos policiales, sino que, por el contrario, el empleo de la tortura por parte de éstos tiene un carácter habitual y se recurre a ella como instrumento de poder del Estado.
A nivel nacional, se citaron diversos casos ocurridos en estados como Oaxaca, Guerrero y Michoacán, donde destacan las torturas sexuales contra mujeres, por parte de militares, así como contra activistas y ecologistas. Y es que la tortura es utilizada para obtener supuestas confesiones, fabricar culpables y así encubrir la ineficacia o corrupción dentro de los órganos de investigación y/o justicia, aseveró la especialista en casos de tortura.
Ley estatal no ha sido aplicada
Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Agnieska Raczynska, indicó que el Gobierno Federal tiene la responsabilidad de garantizar que los 31 estados del país, con el Distrito Federal incluido, apliquen realmente las reformas administrativas o judiciales que sean necesarias, y se lleven a cabo de manera correcta.
Y es que lamentó que desde la entrada en vigor, en 1993, de la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura, ésta no ha sido aplicada, pues a la fecha no existe un caso o registro en el que se haya aplicado dicha Ley en contra de agentes del Ministerio Público y policías investigadores de la PGJE, ni de otras corporaciones policiales o de personal adscrito al sistema penitenciario de la Entidad, ni siquiera en la etapa de investigación, mucho menos una consignación ante instancia judicial.
Además, aclaró que, aunque en las dos últimas administraciones de Jalisco se ha negado la existencia de la tortura, es una práctica ampliamente denunciada: “El reconocimiento de la existencia de la tortura es el primer paso hacia la prevención, entonces un primer mensaje al Gobierno de Jalisco, en particular, sería justamente reconocer que esto que recoge el informe es sólo una parte de la realidad”.
PARA SABER
El “Análisis de la Tortura en Jalisco 2000-2009” es resultado de un trabajo de investigación de dos años, para el cual se analizaron 11 solicitudes de acceso a la información pública generadas por las siguientes instituciones: Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJE), Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, así como cuatro recursos de revisión resueltos por el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco.
En su participación, Felicitas Treue informó que Jalisco es un caso observado por organismos internacionales, y es que en el Estado hay mil 343 personas agraviadas por tortura, de las cuales 175 son mujeres y 76 menores de edad. Además, señaló que entre 2000 y 2009 la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco recibió 932 quejas por presuntos actos de tortura, en 803 se señalan como únicos responsables a elementos adscritos a la Procuraduría del Estado.
Lo que más llama la atención es que, de acuerdo con información otorgada por la misma Procuraduría, no se ha iniciado ninguna averiguación previa por el delito de tortura, lo que comprueba que los responsables directos o indirectos de dicho delito no reciben el castigo correspondiente, quedando impunes los agravios.
Cabe señalar que pese a que entre 1992 y 2004 Jalisco, en comparación con otros estados de la República, ocupó el primer lugar en quejas por tortura, la situación no es muy diferente en el resto del país. “La tortura en México sigue siendo una práctica cotidiana que se lleva a cabo de manera sistemática, tal como lo señala el Comité contra la Tortura de la ONU”, manifestó Felicitas Treue.
Dicho Comité, perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas ( ONU), asegura que la tortura no es una práctica excepcional de unos cuantos elementos policiales, sino que, por el contrario, el empleo de la tortura por parte de éstos tiene un carácter habitual y se recurre a ella como instrumento de poder del Estado.
A nivel nacional, se citaron diversos casos ocurridos en estados como Oaxaca, Guerrero y Michoacán, donde destacan las torturas sexuales contra mujeres, por parte de militares, así como contra activistas y ecologistas. Y es que la tortura es utilizada para obtener supuestas confesiones, fabricar culpables y así encubrir la ineficacia o corrupción dentro de los órganos de investigación y/o justicia, aseveró la especialista en casos de tortura.
Ley estatal no ha sido aplicada
Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Agnieska Raczynska, indicó que el Gobierno Federal tiene la responsabilidad de garantizar que los 31 estados del país, con el Distrito Federal incluido, apliquen realmente las reformas administrativas o judiciales que sean necesarias, y se lleven a cabo de manera correcta.
Y es que lamentó que desde la entrada en vigor, en 1993, de la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura, ésta no ha sido aplicada, pues a la fecha no existe un caso o registro en el que se haya aplicado dicha Ley en contra de agentes del Ministerio Público y policías investigadores de la PGJE, ni de otras corporaciones policiales o de personal adscrito al sistema penitenciario de la Entidad, ni siquiera en la etapa de investigación, mucho menos una consignación ante instancia judicial.
Además, aclaró que, aunque en las dos últimas administraciones de Jalisco se ha negado la existencia de la tortura, es una práctica ampliamente denunciada: “El reconocimiento de la existencia de la tortura es el primer paso hacia la prevención, entonces un primer mensaje al Gobierno de Jalisco, en particular, sería justamente reconocer que esto que recoge el informe es sólo una parte de la realidad”.
PARA SABER
El “Análisis de la Tortura en Jalisco 2000-2009” es resultado de un trabajo de investigación de dos años, para el cual se analizaron 11 solicitudes de acceso a la información pública generadas por las siguientes instituciones: Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJE), Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, así como cuatro recursos de revisión resueltos por el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco.