Jalisco
Pésimas las instalaciones para reclusión de adolescentes: CEDHJ
Derechos Humanos advierte que los detenidos están en peligro
GUADALAJRA, JALISCO.- El pasado 2 de octubre, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) presentó un informe especial sobre las pésimas condiciones en que se encuentran los centros preventivos para adolescentes ubicados fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara. El presidente de la institución, Felipe Álvarez Cibrián, retomó una añeja solicitud para el Gobierno del Estado: que se haga cargo de los centros de detención, en este caso de los destinados al confinamiento temporal de menores de edad, pues los gobiernos municipales no destinan recursos económicos ni personal mínimo para administrarlos.
La Comisión llamó de manera urgente a que se destinen recursos a los centros de detención para adolescentes en Puerto Vallarta, Ocotlán, Lagos de Moreno y Ciudad Guzmán, pues al visitarlos hallaron no solo carencia y desinterés por parte de las autoridades para atender lo que es una obligación, a partir de la reforma al artículo 18 de la Constitución, sino que también es una muestra más de las deplorables condiciones en que se encuentra el sistema penitenciario nacional y estatal, con evidente sobrepoblación.
El tema adquiere relevancia en el contexto del compromiso público de los tres poderes, organismos sociales y la sociedad en general, para trabajar contra la delincuencia organizada.
Los centros de readaptación para adolescentes forman parte del sistema penitenciario estatal, que se caracteriza por la escasez de recursos económicos y por la sobrepoblación de detenidos en prácticamente todas sus instalaciones. Sin embargo, desde octubre de 2007, una propuesta de reforma al marco legal del sistema penitenciario jalisciense que pretende mejorar las cárceles estatales para cumplan con la normatividad constitucional, sigue esperando a ser atendida por los diputados. El autor es el diputado del PAN, Carlos Rodríguez Burgara, quien preside la Comisión legislativa de Readaptación Social.
“Esto es un informe especial que no está resolviendo de forma completa otras quejas que pudieran estar en trámite y tratarse de casos específicos que tengan que resolverse por parte nuestra. Sin embargo, sí se nos hizo grave y urgente… además, que se den soluciones en este problema porque están de por medio adolescentes que están en riesgo su integridad física, su vida, su dignidad humana y además su reintegración social que debe de serles garantizada por el Estado en el artículo 18 de la Constitución Política”, apuntó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
La Comisión llamó de manera urgente a que se destinen recursos a los centros de detención para adolescentes en Puerto Vallarta, Ocotlán, Lagos de Moreno y Ciudad Guzmán, pues al visitarlos hallaron no solo carencia y desinterés por parte de las autoridades para atender lo que es una obligación, a partir de la reforma al artículo 18 de la Constitución, sino que también es una muestra más de las deplorables condiciones en que se encuentra el sistema penitenciario nacional y estatal, con evidente sobrepoblación.
El tema adquiere relevancia en el contexto del compromiso público de los tres poderes, organismos sociales y la sociedad en general, para trabajar contra la delincuencia organizada.
Los centros de readaptación para adolescentes forman parte del sistema penitenciario estatal, que se caracteriza por la escasez de recursos económicos y por la sobrepoblación de detenidos en prácticamente todas sus instalaciones. Sin embargo, desde octubre de 2007, una propuesta de reforma al marco legal del sistema penitenciario jalisciense que pretende mejorar las cárceles estatales para cumplan con la normatividad constitucional, sigue esperando a ser atendida por los diputados. El autor es el diputado del PAN, Carlos Rodríguez Burgara, quien preside la Comisión legislativa de Readaptación Social.
“Esto es un informe especial que no está resolviendo de forma completa otras quejas que pudieran estar en trámite y tratarse de casos específicos que tengan que resolverse por parte nuestra. Sin embargo, sí se nos hizo grave y urgente… además, que se den soluciones en este problema porque están de por medio adolescentes que están en riesgo su integridad física, su vida, su dignidad humana y además su reintegración social que debe de serles garantizada por el Estado en el artículo 18 de la Constitución Política”, apuntó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.