Jalisco
Pagan 35 millones a personal enfermo de la Procuraduría
En la actual administración, trabajadores de la fiscalía estatal se han ausentado 94 mil 997 días por esta causa
GUADALAJARA, JALISCO (31/AGO/2011).- Los retos que enfrentará la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ) en 2012 con el combate de los delitos de narcomenudeo, así como los actuales, como el incremento en la incidencia delictiva del fuero común, deberán enfrentarse con un personal que se ausenta más de 21 mil días cada año a través de incapacidades médicas, así como casos confirmados de falsificación de estos certificados expedidos por médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
De 2007 a la fecha, la fiscalía estatal ha erogado 35 millones 126 mil 060 pesos en el pago de los salarios de su personal ausente por esta vía, pues como las Policías municipales de la metrópoli, la modalidad contractual entre la Procuraduría y el Instituto Mexicano del Seguro Social establece que estos gastos no correrán por cuenta del ente federal.
Dicha cantidad de recursos equivale, por ejemplo, a la mitad del presupuesto que se le asigna a la Delegación Jalisco de la Procuraduría General de la República (PGR); también representa 65% del incremento presupuestal que requiere la PGJEJ (53 millones 241 mil 300 pesos) para comenzar a perseguir e investigar los delitos de narcomenudeo, como será su obligación en el próximo año (a partir del 21 de agosto de 2012).
En estos momentos, la Procuraduría estatal consigna sólo 25% de las averiguaciones previas que comienza cada año (75 mil 104 en un promedio anual total), y libera a seis de cada 10 de los detenidos que le son puestos a disposición por las Policías de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.
En un análisis de los números que presenta la actual gestión, resulta que 57% de la plantilla de la PGJEJ se incapacita por lo menos una vez al año —más de la mitad del personal—; sin embargo, esto se puede contrastar con que la Procuraduría sólo cuente con mil 346 agentes de la Policía Investigadora, los que se exponen al mayor riesgo durante sus labores, pero que sólo representan 39% del total de trabajadores de la dependencia (tres mil 403).
Aun si se considera a los agentes del Ministerio Público (388) junto a los policías investigadores dentro del grupo de servidores con las labores más peligrosas de la Procuraduría, se llega sólo a 50% de la plantilla total; en cambio, hay años como 2009, cuando el 62% de los trabajadores obtuvieron una incapacidad del IMSS.
Cuando entren en vigencia las reformas que llevarán a la fiscalía local a conocer de los delitos de narcomenudeo, esta institución enfrentará un incremento del 17% en el universo de investigaciones o averiguaciones previas que venía realizando anualmente. En otras palabras, debe prepararse para absorber 66% de toda la carga de trabajo que desarrollaba la PGR en su Delegación Jalisco (12 mil 934 indagatorias más en un promedio anual para el Ministerio Público estatal).
La detección de incapacidades médicas apócrifas, como se ha confirmado antes en los cuerpos policiales de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, es un fenómeno que también se encuentra presente en la PGJEJ. La falsificación o alteración de estos certificados, por lo tanto, es una problemática compartida entre estas instituciones que son eslabones del sistema de seguridad pública y de justicia penal mexicano.
Documentos falsos
La Procuraduría estatal informa haber detectado en lo que va de esta gestión, 23 incapacidades médicas falsificadas o con alteraciones (17 en 2009; cinco en 2010, una en 2011), y aunque no precisa si impuso sanciones, o cuáles, señala: “La Dirección de Recursos Humanos hizo del conocimiento a los órganos de control interno (Contraloría Interna, Coordinación General Jurídica y Visitaduría) para que se procediera conforme a derecho”.
Para atender a esta problemática, la PGJEJ ha entrado en coordinación con el IMSS, como antes lo hicieron, por ejemplo, las Policías de Guadalajara y Tlaquepaque, que enfrentan una situación más compleja en este sentido que el Ministerio Público estatal (en el caso tapatío, en el trienio anterior se autorizaron a los tres mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en un promedio anual, casi 50 mil días de ausencia por esta vía y se erogaron más de 16 millones de pesos).
En el Primer Informe Cuatrimestral de 2011 del Gobierno de Jalisco, la PGJEJ precisa al respecto:
“Con el fin de contar con la autenticidad de los certificados de incapacidad que presenta el personal de la institución, y así, evitar la ausencia laboral de sus elementos, se ha solicitado a través de la Delegación Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social, la inclusión del Registro Patronal de ésta Procuraduría General de Justicia al programa ‘Consulta de Incapacidades’, con el fin de que la sociedad no se vea afectada por la falta del servicio y que el patrimonio institucional no sufra un menoscabo”.
La coordinación, por tanto, consiste básicamente en la notificación al IMSS de las incapacidades que presentan los elementos de la Procuraduría para cotejarlas en el sistema interno del Instituto y confirmar así su veracidad.
Administración estatal
Aumenta plantilla laboral, pero también la incidencia delictiva
La Procuraduría estatal comenzó el sexenio del gobernador Emilio González Márquez con una plantilla de dos mil 981 trabajadores, que se ha incrementado hasta ahora 14% para llegar a los tres mil 403 en 2011.
En cambio, de 2007 a 2010, la incidencia delictiva del fuero común en Jalisco se incrementó 15%, cuando pasó de 73 mil 622 averiguaciones previas emprendidas por la PGJEJ, a 84 mil 842 el año anterior.
El sostenimiento de la plantilla de trabajadores de la PGJEJ requiere de un gasto anual de 965 millones 542 mil 930 pesos, esto representa 80% del presupuesto total que tiene a su disposición en un año (mil 200 millones de pesos). El dato se puede contrastar con la Delegación Jalisco de la Procuraduría General de la República (PGR), que con apenas 71 millones 421 mil 418 pesos para su funcionamiento, restringe el gasto en nómina en apenas 56% de sus recursos totales.
Dentro de la estructura burocrática del Poder Ejecutivo del Gobierno de Jalisco, es la Procuraduría estatal la tercera con un mayor número de servidores públicos, sólo después de la Secretaría de Educación Jalisco y sus 33 mil 608 docentes, y la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, con sus seis mil 995 elementos.
Para saber
Incapacidades en la PGJEJ
2007
Trabajadores incapacitados: 1,652
Días de ausencia: 18,446
Total de incapacidades: 2,082
Recursos económicos erogados: 4’989,385 pesos
Plantilla total: 2,981
2008
Trabajadores incapacitados: 1,701
Días de ausencia: 20,510
Total de incapacidades: 2,229
Recursos económicos erogados: 6’874,377 pesos
Plantilla total: 2,976
2009
Trabajadores incapacitados: 2,145
Días de ausencia: 23,708
Total de incapacidades: 2,786
Recursos económicos erogados: 9´679,915 pesos
Plantilla total: 3,406
2010
Trabajadores incapacitados: 1,948
Días de ausencia: 22,678
Total de incapacidades: 2,483
Recursos económicos erogados: 9´841,615 pesos
Plantilla total: 3,403
2011
Trabajadores incapacitados: 841
Días de ausencia: 9,655
Total de incapacidades: 1,161
Recursos económicos erogados: 3’740,768 pesos
Plantilla total: 3,403
Incapacidades falsificadas o alteradas
2009: 17
2010: 5
2011: 1
Telón de fondo
Certificados apócrifos en las Policías municipales
La presentación de incapacidades médicas apócrifas al interior de las instituciones de seguridad pública municipal ha sido confirmada con antelación en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, los tres ayuntamientos con los cuerpos policiales más grandes de Jalisco.
El carácter apócrifo de los certificados que, en principio, deberían ser expedidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), puede tener varios orígenes, desde el elemento que se hizo ilegalmente de un block de estas formas para llenarlo a su conveniencia, hasta la alteración de los que sí fueron elaborados por los médicos, pero que se alteran en su contenido por los policías para ampliar el periodo autorizado de ausencia, por ejemplo.
Hay, sin embargo, otra modalidad que termina por ser mucho más compleja de detectar para las autoridades municipales, y que se da cuando los oficiales, mediante componendas con los médicos del IMSS, obtienen incapacidades que, aunque cumplen con todas las formalidades, en realidad no están amparando ninguna enfermedad, pues el elemento se encuentra sano.
Se han hallado casos que apuntan a esta colusión entre los oficiales y los médicos, como 15 policías en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara que, para junio de 2010, registraban ya durante ese año más de 150 días incapacitados (es decir, 87% de los que habían transcurrido para ese momento), y todos con certificados del IMSS emitidos por sus médicos.
Luego, incluso, se constató que entre estos elementos se encontraban “dobleteros” que laboraban en otras corporaciones de la metrópoli (Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá e incluso la Secretaría de Seguridad Pública estatal, EL INFORMADOR 15/8/2010), y que era mediante la presentación sistemática de incapacidades como podían seguir cobrando en la Policía tapatía, sin asistir a ésta, pero sin faltar a la otra.
En el caso de la Policía de Tlaquepaque la Dirección de Seguridad Pública ha señalado que alrededor de 70% de las incapacidades médicas que presentan los oficiales son apócrifas u obtenidas mediante este tipo de componendas. En ese Gobierno municipal durante 2010, la Sindicatura denunció penalmente a 11 de sus policías por haberse ausentado con certificados médicos ilegales.
En Zapopan, por su parte, se detectó un certificado falso en 2010, pero hay registros del despido de cinco elementos durante la gestión 2007-2009, encabezada por Juan Sánchez Aldana, por los mismos motivos.
Las cifras señalan que cada policía de Guadalajara se ausenta en promedio, por año, 29.9 días, mientras que uno de Tlaquepaque, 18 días en el mismo indicador, y Zapopan, finalmente, 15.8 días.
Antes de que la Procuraduría de Justicia recurriera a un mecanismo de coordinación con la Delegación Jalisco del IMSS para confirmar la veracidad de las incapacidades médicas, las corporaciones de Guadalajara y Tlaquepaque lo habían concretado ya. A la Secretaría de Seguridad Ciudadana tapatía, para ser preciso, el IMSS le habilitó una contraseña con la que la Dirección Jurídica puede consultar que los certificados que presentan los elementos fueron efectivamente expedidos por la institución federal, y que su contenido no fue alterado. También puede tener un mejor seguimiento sobre el historial clínico de cada oficial.
De 2007 a la fecha, la fiscalía estatal ha erogado 35 millones 126 mil 060 pesos en el pago de los salarios de su personal ausente por esta vía, pues como las Policías municipales de la metrópoli, la modalidad contractual entre la Procuraduría y el Instituto Mexicano del Seguro Social establece que estos gastos no correrán por cuenta del ente federal.
Dicha cantidad de recursos equivale, por ejemplo, a la mitad del presupuesto que se le asigna a la Delegación Jalisco de la Procuraduría General de la República (PGR); también representa 65% del incremento presupuestal que requiere la PGJEJ (53 millones 241 mil 300 pesos) para comenzar a perseguir e investigar los delitos de narcomenudeo, como será su obligación en el próximo año (a partir del 21 de agosto de 2012).
En estos momentos, la Procuraduría estatal consigna sólo 25% de las averiguaciones previas que comienza cada año (75 mil 104 en un promedio anual total), y libera a seis de cada 10 de los detenidos que le son puestos a disposición por las Policías de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.
En un análisis de los números que presenta la actual gestión, resulta que 57% de la plantilla de la PGJEJ se incapacita por lo menos una vez al año —más de la mitad del personal—; sin embargo, esto se puede contrastar con que la Procuraduría sólo cuente con mil 346 agentes de la Policía Investigadora, los que se exponen al mayor riesgo durante sus labores, pero que sólo representan 39% del total de trabajadores de la dependencia (tres mil 403).
Aun si se considera a los agentes del Ministerio Público (388) junto a los policías investigadores dentro del grupo de servidores con las labores más peligrosas de la Procuraduría, se llega sólo a 50% de la plantilla total; en cambio, hay años como 2009, cuando el 62% de los trabajadores obtuvieron una incapacidad del IMSS.
Cuando entren en vigencia las reformas que llevarán a la fiscalía local a conocer de los delitos de narcomenudeo, esta institución enfrentará un incremento del 17% en el universo de investigaciones o averiguaciones previas que venía realizando anualmente. En otras palabras, debe prepararse para absorber 66% de toda la carga de trabajo que desarrollaba la PGR en su Delegación Jalisco (12 mil 934 indagatorias más en un promedio anual para el Ministerio Público estatal).
La detección de incapacidades médicas apócrifas, como se ha confirmado antes en los cuerpos policiales de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, es un fenómeno que también se encuentra presente en la PGJEJ. La falsificación o alteración de estos certificados, por lo tanto, es una problemática compartida entre estas instituciones que son eslabones del sistema de seguridad pública y de justicia penal mexicano.
Documentos falsos
La Procuraduría estatal informa haber detectado en lo que va de esta gestión, 23 incapacidades médicas falsificadas o con alteraciones (17 en 2009; cinco en 2010, una en 2011), y aunque no precisa si impuso sanciones, o cuáles, señala: “La Dirección de Recursos Humanos hizo del conocimiento a los órganos de control interno (Contraloría Interna, Coordinación General Jurídica y Visitaduría) para que se procediera conforme a derecho”.
Para atender a esta problemática, la PGJEJ ha entrado en coordinación con el IMSS, como antes lo hicieron, por ejemplo, las Policías de Guadalajara y Tlaquepaque, que enfrentan una situación más compleja en este sentido que el Ministerio Público estatal (en el caso tapatío, en el trienio anterior se autorizaron a los tres mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en un promedio anual, casi 50 mil días de ausencia por esta vía y se erogaron más de 16 millones de pesos).
En el Primer Informe Cuatrimestral de 2011 del Gobierno de Jalisco, la PGJEJ precisa al respecto:
“Con el fin de contar con la autenticidad de los certificados de incapacidad que presenta el personal de la institución, y así, evitar la ausencia laboral de sus elementos, se ha solicitado a través de la Delegación Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social, la inclusión del Registro Patronal de ésta Procuraduría General de Justicia al programa ‘Consulta de Incapacidades’, con el fin de que la sociedad no se vea afectada por la falta del servicio y que el patrimonio institucional no sufra un menoscabo”.
La coordinación, por tanto, consiste básicamente en la notificación al IMSS de las incapacidades que presentan los elementos de la Procuraduría para cotejarlas en el sistema interno del Instituto y confirmar así su veracidad.
Administración estatal
Aumenta plantilla laboral, pero también la incidencia delictiva
La Procuraduría estatal comenzó el sexenio del gobernador Emilio González Márquez con una plantilla de dos mil 981 trabajadores, que se ha incrementado hasta ahora 14% para llegar a los tres mil 403 en 2011.
En cambio, de 2007 a 2010, la incidencia delictiva del fuero común en Jalisco se incrementó 15%, cuando pasó de 73 mil 622 averiguaciones previas emprendidas por la PGJEJ, a 84 mil 842 el año anterior.
El sostenimiento de la plantilla de trabajadores de la PGJEJ requiere de un gasto anual de 965 millones 542 mil 930 pesos, esto representa 80% del presupuesto total que tiene a su disposición en un año (mil 200 millones de pesos). El dato se puede contrastar con la Delegación Jalisco de la Procuraduría General de la República (PGR), que con apenas 71 millones 421 mil 418 pesos para su funcionamiento, restringe el gasto en nómina en apenas 56% de sus recursos totales.
Dentro de la estructura burocrática del Poder Ejecutivo del Gobierno de Jalisco, es la Procuraduría estatal la tercera con un mayor número de servidores públicos, sólo después de la Secretaría de Educación Jalisco y sus 33 mil 608 docentes, y la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, con sus seis mil 995 elementos.
Para saber
Incapacidades en la PGJEJ
2007
Trabajadores incapacitados: 1,652
Días de ausencia: 18,446
Total de incapacidades: 2,082
Recursos económicos erogados: 4’989,385 pesos
Plantilla total: 2,981
2008
Trabajadores incapacitados: 1,701
Días de ausencia: 20,510
Total de incapacidades: 2,229
Recursos económicos erogados: 6’874,377 pesos
Plantilla total: 2,976
2009
Trabajadores incapacitados: 2,145
Días de ausencia: 23,708
Total de incapacidades: 2,786
Recursos económicos erogados: 9´679,915 pesos
Plantilla total: 3,406
2010
Trabajadores incapacitados: 1,948
Días de ausencia: 22,678
Total de incapacidades: 2,483
Recursos económicos erogados: 9´841,615 pesos
Plantilla total: 3,403
2011
Trabajadores incapacitados: 841
Días de ausencia: 9,655
Total de incapacidades: 1,161
Recursos económicos erogados: 3’740,768 pesos
Plantilla total: 3,403
Incapacidades falsificadas o alteradas
2009: 17
2010: 5
2011: 1
Telón de fondo
Certificados apócrifos en las Policías municipales
La presentación de incapacidades médicas apócrifas al interior de las instituciones de seguridad pública municipal ha sido confirmada con antelación en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, los tres ayuntamientos con los cuerpos policiales más grandes de Jalisco.
El carácter apócrifo de los certificados que, en principio, deberían ser expedidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), puede tener varios orígenes, desde el elemento que se hizo ilegalmente de un block de estas formas para llenarlo a su conveniencia, hasta la alteración de los que sí fueron elaborados por los médicos, pero que se alteran en su contenido por los policías para ampliar el periodo autorizado de ausencia, por ejemplo.
Hay, sin embargo, otra modalidad que termina por ser mucho más compleja de detectar para las autoridades municipales, y que se da cuando los oficiales, mediante componendas con los médicos del IMSS, obtienen incapacidades que, aunque cumplen con todas las formalidades, en realidad no están amparando ninguna enfermedad, pues el elemento se encuentra sano.
Se han hallado casos que apuntan a esta colusión entre los oficiales y los médicos, como 15 policías en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara que, para junio de 2010, registraban ya durante ese año más de 150 días incapacitados (es decir, 87% de los que habían transcurrido para ese momento), y todos con certificados del IMSS emitidos por sus médicos.
Luego, incluso, se constató que entre estos elementos se encontraban “dobleteros” que laboraban en otras corporaciones de la metrópoli (Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá e incluso la Secretaría de Seguridad Pública estatal, EL INFORMADOR 15/8/2010), y que era mediante la presentación sistemática de incapacidades como podían seguir cobrando en la Policía tapatía, sin asistir a ésta, pero sin faltar a la otra.
En el caso de la Policía de Tlaquepaque la Dirección de Seguridad Pública ha señalado que alrededor de 70% de las incapacidades médicas que presentan los oficiales son apócrifas u obtenidas mediante este tipo de componendas. En ese Gobierno municipal durante 2010, la Sindicatura denunció penalmente a 11 de sus policías por haberse ausentado con certificados médicos ilegales.
En Zapopan, por su parte, se detectó un certificado falso en 2010, pero hay registros del despido de cinco elementos durante la gestión 2007-2009, encabezada por Juan Sánchez Aldana, por los mismos motivos.
Las cifras señalan que cada policía de Guadalajara se ausenta en promedio, por año, 29.9 días, mientras que uno de Tlaquepaque, 18 días en el mismo indicador, y Zapopan, finalmente, 15.8 días.
Antes de que la Procuraduría de Justicia recurriera a un mecanismo de coordinación con la Delegación Jalisco del IMSS para confirmar la veracidad de las incapacidades médicas, las corporaciones de Guadalajara y Tlaquepaque lo habían concretado ya. A la Secretaría de Seguridad Ciudadana tapatía, para ser preciso, el IMSS le habilitó una contraseña con la que la Dirección Jurídica puede consultar que los certificados que presentan los elementos fueron efectivamente expedidos por la institución federal, y que su contenido no fue alterado. También puede tener un mejor seguimiento sobre el historial clínico de cada oficial.