Jalisco
Más capacitación amerita mejores condiciones para policías: especialistas
Salvador Caro, el magistrado Antonio Fierros y Dante Haro hablan en el foro de Seguridad Ciudadana que se realiza en CUCEA
GUADALAJARA, JALISCO (19/ABR/2016).- Las mayores demandas en las capacidades de los elementos de los cuerpos de seguridad pública ameritan mejoras en las condiciones laborales, principalmente mejores salarios y seguridad laboral, fue una de las principales ideas que se desprendieron del foro Seguridad Ciudadana, como parte de las actividades de la Quinta Semana de la Administración Gubernamental en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas. En éste participaron el comisario de Seguridad de Guadalajara,
Salvador Caro; el magistrado Antonio Fierros Ramírez; y el fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro.
Durante su participación, Fierros explicó que para la mejora de la seguridad es necesario que la sociedad se involucre en el funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal, el cual deberá estar implementado totalmente en Jalisco y en el país a más tardar el 16 de junio: "Todos los ciudadanos del Estado somos participes en la implementación del sistema, no sólo como operadores, sino como personas que podemos exigir el cumplimiento irrestricto de la ley en razón del conocimiento que tenemos de ella".
En su participación Caro resaltó que si bien es necesaria la depuración de los cuerpos policiales (aunque insistió en que los malos elementos son la excepción), también lo es la necesidad de dignificar el trabajo de los policías. Para ello se implementa un programa de desarrollo humano pero además se comenzó a estimular a los oficiales sobre sus resultados para que puedan obtener ascensos y finalmente mejores pensiones al momento de su retiro.
En esto coincidió Haro. El fiscal de Derechos Humanos insistió en que la mejora en los servicios llega a la par con las condiciones laborales de los policías: "No se puede cambiar la situación tan importante de los operadores, y más ahora con el engrosamiento de nuevas facultades y obligaciones que da el Código Nacional de Procedimientos Penales, (...) si no se cambia de fondo la parte de un derecho a la salud, un salario digno, derecho a la capacitación, vivienda adecuada, a uniformes, equipo, prestaciones, seguridad social, y sus derechos laborales".
En este último punto, el fiscal manifestó la necesidad de aplicar una reforma constitucional al artículo 123, apartado B, fracción XIII, que a grandes rasgos establece que si se despide injustificadamente a un miembro de las instituciones de seguridad no procede bajo ningún caso su reincorporación al servicio: "Le corta toda posibilidad de estabilidad laboral, de profesionalismo, de continuidad". Si no se cambia de principio esto, insistió Haro, las mejoras a la seguridad serán sólo paliativas.
Durante su participación, Fierros explicó que para la mejora de la seguridad es necesario que la sociedad se involucre en el funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal, el cual deberá estar implementado totalmente en Jalisco y en el país a más tardar el 16 de junio: "Todos los ciudadanos del Estado somos participes en la implementación del sistema, no sólo como operadores, sino como personas que podemos exigir el cumplimiento irrestricto de la ley en razón del conocimiento que tenemos de ella".
En su participación Caro resaltó que si bien es necesaria la depuración de los cuerpos policiales (aunque insistió en que los malos elementos son la excepción), también lo es la necesidad de dignificar el trabajo de los policías. Para ello se implementa un programa de desarrollo humano pero además se comenzó a estimular a los oficiales sobre sus resultados para que puedan obtener ascensos y finalmente mejores pensiones al momento de su retiro.
En esto coincidió Haro. El fiscal de Derechos Humanos insistió en que la mejora en los servicios llega a la par con las condiciones laborales de los policías: "No se puede cambiar la situación tan importante de los operadores, y más ahora con el engrosamiento de nuevas facultades y obligaciones que da el Código Nacional de Procedimientos Penales, (...) si no se cambia de fondo la parte de un derecho a la salud, un salario digno, derecho a la capacitación, vivienda adecuada, a uniformes, equipo, prestaciones, seguridad social, y sus derechos laborales".
En este último punto, el fiscal manifestó la necesidad de aplicar una reforma constitucional al artículo 123, apartado B, fracción XIII, que a grandes rasgos establece que si se despide injustificadamente a un miembro de las instituciones de seguridad no procede bajo ningún caso su reincorporación al servicio: "Le corta toda posibilidad de estabilidad laboral, de profesionalismo, de continuidad". Si no se cambia de principio esto, insistió Haro, las mejoras a la seguridad serán sólo paliativas.