Jalisco
Lentitud sube costo de juicios laborales
Debido a la saturación en tribunales, un proceso que debe resolverse en 52 días tarda más de dos años con costos que asumen los entes públicos
GUADALAJARA, JALISCO (02/JUL/2014).- Cuando un gobernante termina su periodo, no siempre se van con él sus equipos de trabajo. Los que llegan quieren las plazas y sus puestos. Todo se resuelve en tribunales, con cargo a los bolsillos del contribuyente, pero además satura al Tribunal que lleva estos casos, el de Arbitraje y Escalafón del Poder Ejecutivo, que llega a durar en solucionarlos hasta dos años.
En las administraciones públicas del Estado con más presupuesto, aumentó el pago de laudos en el último sexenio: resoluciones judiciales por despidos injustificados de burócratas. En los últimos seis años se han pagado más de 302 millones de pesos en los ayuntamientos de Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque, Puerto Vallarta y Ocotlán; además del poder legislativo y la Universidad de Guadalajara.
Esta suma equivale a lo que se invierte este año en los nodos de Ramón Corona, Periférico-Alcalde, Periférico-Santa Esther y la solución vial en las avenidas Mariano Otero y López Mateos.
El pago de laudos es un gasto imprevisto que enfrentan los entes públicos. Además, este tipo de juicios tardan más de dos años en resolverse cuando por ley deberían durar 52 días, afirma el magistrado presidente, Ernesto Acosta Espinoza.
Esto ocasiona que si la resolución es en favor del demandante, se tienen que pagar salarios caídos, reinstalaciones y hasta indemnizaciones. “Tenemos 10 mil 900 juicios abiertos de todas las dependencias. Pero tenemos un rezago importante por la falta de personal”. Según el informe que presentó el lunes, sólo cuentan con 68 personas en nómina más 89 prestadores de servicios profesionales.
El año pasado, por ejemplo, se multiplicó por cinco la partida automática de pago por resoluciones judiciales en el Ayuntamiento tapatío; tenían programado 14 millones de pesos contra los 67 millones que pagaron.
En lo que va del 2014 ya se han pagado 96 millones de pesos. “Ese dinero debería de estar en obra pública. Hay indicios de que los abogados de ambas partes tratan de alargar los juicios”, afirma Francisco Jiménez Reynoso, académico de la Universidad de Guadalajara quien califica como “grave” la situación que padecen las finanzas públicas.
“Nos saca de todo presupuesto y se convierte en una carga muy pesada para el ayuntamiento”, afirma Ramiro Hernández García, alcalde tapatío: “Nos rompe todo el orden presupuestal. Lamentablemente es algo que está latente pero no está presupuestado. Es un pasivo que nos afecta de manera muy dura para el beneficio de la ciudad”.
Sólo en uno de cada 100 casos, las sindicaturas y los abogados de las instancias públicas no presentan alegatos, por lo que pierden el juicio “por rebeldía”.
En las administraciones públicas del Estado con más presupuesto, aumentó el pago de laudos en el último sexenio: resoluciones judiciales por despidos injustificados de burócratas. En los últimos seis años se han pagado más de 302 millones de pesos en los ayuntamientos de Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque, Puerto Vallarta y Ocotlán; además del poder legislativo y la Universidad de Guadalajara.
Esta suma equivale a lo que se invierte este año en los nodos de Ramón Corona, Periférico-Alcalde, Periférico-Santa Esther y la solución vial en las avenidas Mariano Otero y López Mateos.
El pago de laudos es un gasto imprevisto que enfrentan los entes públicos. Además, este tipo de juicios tardan más de dos años en resolverse cuando por ley deberían durar 52 días, afirma el magistrado presidente, Ernesto Acosta Espinoza.
Esto ocasiona que si la resolución es en favor del demandante, se tienen que pagar salarios caídos, reinstalaciones y hasta indemnizaciones. “Tenemos 10 mil 900 juicios abiertos de todas las dependencias. Pero tenemos un rezago importante por la falta de personal”. Según el informe que presentó el lunes, sólo cuentan con 68 personas en nómina más 89 prestadores de servicios profesionales.
El año pasado, por ejemplo, se multiplicó por cinco la partida automática de pago por resoluciones judiciales en el Ayuntamiento tapatío; tenían programado 14 millones de pesos contra los 67 millones que pagaron.
En lo que va del 2014 ya se han pagado 96 millones de pesos. “Ese dinero debería de estar en obra pública. Hay indicios de que los abogados de ambas partes tratan de alargar los juicios”, afirma Francisco Jiménez Reynoso, académico de la Universidad de Guadalajara quien califica como “grave” la situación que padecen las finanzas públicas.
“Nos saca de todo presupuesto y se convierte en una carga muy pesada para el ayuntamiento”, afirma Ramiro Hernández García, alcalde tapatío: “Nos rompe todo el orden presupuestal. Lamentablemente es algo que está latente pero no está presupuestado. Es un pasivo que nos afecta de manera muy dura para el beneficio de la ciudad”.
Sólo en uno de cada 100 casos, las sindicaturas y los abogados de las instancias públicas no presentan alegatos, por lo que pierden el juicio “por rebeldía”.