Jalisco
La UdeG desaprueba incursión de juicios orales en enero
Son varios los factores que, eventualmente, llevarían a la debacle a este nuevo sistema de acusaciones directas entre adversarios
GUADALAJARA, JALISCO.- Pese a que se prevé implementar un nuevo sistema de impartición de justicia en enero próximo, conocido como acusatorio adversarial oral, para la Universidad de Guadalajara (UdeG) el hecho de que se tenga destinada como fecha de inicio el primero de enero próximo resulta “una tontería”, pues en la forma primitiva en que daría inicio “no va a resolver el problema de la inseguridad”.
Lo anterior fue expresado en rueda de prensa por especialistas en la materia, quienes indicaron que el problema de inseguridad que se pretende resolver con la agilidad y transparencia de los juicios orales, no es precísamente un asunto que deba ser arreglado mediante leyes, pues “es difícil que el cambio en la Ley brinde seguridad”.
“Esta reforma constitucional del 18 de junio de 2008 modifica radicalmente la aplicación de la justicia, no sólamente en materia penal, sino la aplicación en sí de la propia justicia”, mencionó el titular de la Dirección de Estudios Jurídicos de la Máxima Casa de Estudios en la Entidad, Humberto Chavira.
A decir de los académicos, son varios los factores que, eventualmente, llevarían a la debacle a este nuevo sistema de acusaciones directas entre adversarios. El primero de ellos, precisaron, es la falta de cultura tanto en la sociedad como en los actores encargados de hacerlo cumplir.
Según los especialistas, el proyecto resultaría positivo para la sociedad si es que, de primera instancia, el congreso local solicita una consulta de distintas universidades, pues -dicen- se requiere un análisis más profundo, que demanda una prórroga en su puesta en marcha, pues hasta la fecha ha habido poca capacitación para los Ministerios Públicos y otras autoridades que tendrán que confrontar de manera directa tanto a la parte acusadora como al indiciado.
Lo anterior fue expresado en rueda de prensa por especialistas en la materia, quienes indicaron que el problema de inseguridad que se pretende resolver con la agilidad y transparencia de los juicios orales, no es precísamente un asunto que deba ser arreglado mediante leyes, pues “es difícil que el cambio en la Ley brinde seguridad”.
“Esta reforma constitucional del 18 de junio de 2008 modifica radicalmente la aplicación de la justicia, no sólamente en materia penal, sino la aplicación en sí de la propia justicia”, mencionó el titular de la Dirección de Estudios Jurídicos de la Máxima Casa de Estudios en la Entidad, Humberto Chavira.
A decir de los académicos, son varios los factores que, eventualmente, llevarían a la debacle a este nuevo sistema de acusaciones directas entre adversarios. El primero de ellos, precisaron, es la falta de cultura tanto en la sociedad como en los actores encargados de hacerlo cumplir.
Según los especialistas, el proyecto resultaría positivo para la sociedad si es que, de primera instancia, el congreso local solicita una consulta de distintas universidades, pues -dicen- se requiere un análisis más profundo, que demanda una prórroga en su puesta en marcha, pues hasta la fecha ha habido poca capacitación para los Ministerios Públicos y otras autoridades que tendrán que confrontar de manera directa tanto a la parte acusadora como al indiciado.