Jalisco
La Sindicatura de Guadalajara investigará autorizaciones de ''Q-Country''
El proyecto pertenece a Grupo VEQ, que sufrió un revés en el TAE al declarar la nulidad de las autorizaciones de su otro desarrollo: Torre Q
GUADALAJARA, JALISCO (09/JULIO/2010).- La Sindicatura de Guadalajara estudiará las autorizaciones de la torre habitacional
Q-Country, que se construye actualmente en la colonia Country Club, y que han generado inconformidad en la asociación vecinal debido a que contravienen las disposiciones del plan parcial de desarrollo urbano correspondiente.
Este instrumento de planeación con carácter de ley clasifica el predio donde se edifica para una densidad habitacional mínima y de tipo unifamiliar; el proyecto, en cambio, considera un inmueble de 12 niveles con 24 departamentos, aprobados mediante un recurso de revisión resuelto por la administración municipal tapatía el 24 de abril de 2006.
“Al municipio de Guadalajara le interesa vigilar que todos los actos o autorizaciones que en algún momento se han emitido, estén ajustadas a derecho y tengan pleno cumplimiento en la normatividad”, dijo en entrevista el titular de la Sindicatura, Héctor Pizano Ramos.
“Lo que haremos en principio es revisar el asunto; segundo, nos interesa saber cuál es la opinión de la Prodeur (Procuraduría de Desarrollo Urbano de Jalisco), con quien tenemos mucha comunicación —no sólo en este asunto, sino en varios—, y de acuerdo a nuestras atribuciones haremos lo que nos corresponda”.
El síndico cita a la Prodeur, pues la asociación vecinal de la colonia Country Club recurrió a esta instancia para solicitarle que indague el expediente del desarrollo Q-Country, e interponga una demanda de nulidad contra el Dictamen de Trazos, Usos y Destinos Específicos que se originó del recurso de revisión de 2006, y que a la postre daría lugar al resto de las autorizaciones, como la licencia de construcción.
Q-Country es una construcción de Grupo VEQ, el mismo que realizó la Torre Q, en Providencia, y cuyas autorizaciones recientemente fueron declaradas nulas por el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco (TAE), al determinar su expedición ilegal.
Hay coincidencias: igual que Q-Country, la Torre Q no respeta los lineamientos del plan parcial correspondiente; igual que Q-Country, las autorizaciones de Torre Q se desprenden de un recurso de revisión resuelto por la misma administración 2004-2006, cuando la Sindicatura estuvo a cargo de Gustavo González Hernández (hoy diputado federal), con Javier Ulloa Sánchez en la Dirección Jurídica, éste último denunciado penalmente por el propio Ayuntamiento.
El actual síndico, Pizano Ramos, dijo al respecto: “Por el interés propio del municipio revisaremos el caso para ver que no estuviéramos ante la presencia de un caso similar al que en los últimos días nos ha ocupado (Torre Q), y que fue motivo de una resolución del tribunal, y que aunque es la primera en su tipo y ha sentado un precedente, vayamos revisando para no encontrarnos con un caso similar en el futuro”.
De esta forma, la posibilidad de promover un juicio de lesividad contra las autorizaciones de Q-Country puede concretarse por dos vías, explicó Pizano Ramos: la Prodeur, si así resultara procedente luego de la revisión del expediente, o la propia Sindicatura de Guadalajara, si en su estudio propio se confirmarán irregularidades.
“La indicación del presidente municipal (Aristóteles Sandoval Díaz) es que no se lleve a cabo absolutamente ningún acto en el municipio de Guadalajara que esté por fuera de la normatividad, la reglamentación o la ley, y entonces con este tipo de denuncias y señalamientos lo que hacemos es revisar si tienen sustento o no los particulares para llevar a cabo esta obra”.
El síndico destacó también, no obstante, la importancia de no caer en la violación de los derechos adquiridos por los desarrolladores en este caso, e incluso de que el Ayuntamiento pueda fungir como un conciliador entre ambas partes.
“Hay que ver las dos partes, el derecho que tienen los vecinos, pero también el derecho que tienen los particulares, entendiendo lo importante de las inversiones en el municipio de Guadalajara, de fomentar el empleo; hay que ver en qué punto pueden converger los dos intereses y buscar que esto no perjudique a ninguno de los dos”.
“Cuando nosotros nos percatamos de que hay algo irregular procedemos, porque al final de cuentas es nuestra responsabilidad”.
Este instrumento de planeación con carácter de ley clasifica el predio donde se edifica para una densidad habitacional mínima y de tipo unifamiliar; el proyecto, en cambio, considera un inmueble de 12 niveles con 24 departamentos, aprobados mediante un recurso de revisión resuelto por la administración municipal tapatía el 24 de abril de 2006.
“Al municipio de Guadalajara le interesa vigilar que todos los actos o autorizaciones que en algún momento se han emitido, estén ajustadas a derecho y tengan pleno cumplimiento en la normatividad”, dijo en entrevista el titular de la Sindicatura, Héctor Pizano Ramos.
“Lo que haremos en principio es revisar el asunto; segundo, nos interesa saber cuál es la opinión de la Prodeur (Procuraduría de Desarrollo Urbano de Jalisco), con quien tenemos mucha comunicación —no sólo en este asunto, sino en varios—, y de acuerdo a nuestras atribuciones haremos lo que nos corresponda”.
El síndico cita a la Prodeur, pues la asociación vecinal de la colonia Country Club recurrió a esta instancia para solicitarle que indague el expediente del desarrollo Q-Country, e interponga una demanda de nulidad contra el Dictamen de Trazos, Usos y Destinos Específicos que se originó del recurso de revisión de 2006, y que a la postre daría lugar al resto de las autorizaciones, como la licencia de construcción.
Q-Country es una construcción de Grupo VEQ, el mismo que realizó la Torre Q, en Providencia, y cuyas autorizaciones recientemente fueron declaradas nulas por el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco (TAE), al determinar su expedición ilegal.
Hay coincidencias: igual que Q-Country, la Torre Q no respeta los lineamientos del plan parcial correspondiente; igual que Q-Country, las autorizaciones de Torre Q se desprenden de un recurso de revisión resuelto por la misma administración 2004-2006, cuando la Sindicatura estuvo a cargo de Gustavo González Hernández (hoy diputado federal), con Javier Ulloa Sánchez en la Dirección Jurídica, éste último denunciado penalmente por el propio Ayuntamiento.
El actual síndico, Pizano Ramos, dijo al respecto: “Por el interés propio del municipio revisaremos el caso para ver que no estuviéramos ante la presencia de un caso similar al que en los últimos días nos ha ocupado (Torre Q), y que fue motivo de una resolución del tribunal, y que aunque es la primera en su tipo y ha sentado un precedente, vayamos revisando para no encontrarnos con un caso similar en el futuro”.
De esta forma, la posibilidad de promover un juicio de lesividad contra las autorizaciones de Q-Country puede concretarse por dos vías, explicó Pizano Ramos: la Prodeur, si así resultara procedente luego de la revisión del expediente, o la propia Sindicatura de Guadalajara, si en su estudio propio se confirmarán irregularidades.
“La indicación del presidente municipal (Aristóteles Sandoval Díaz) es que no se lleve a cabo absolutamente ningún acto en el municipio de Guadalajara que esté por fuera de la normatividad, la reglamentación o la ley, y entonces con este tipo de denuncias y señalamientos lo que hacemos es revisar si tienen sustento o no los particulares para llevar a cabo esta obra”.
El síndico destacó también, no obstante, la importancia de no caer en la violación de los derechos adquiridos por los desarrolladores en este caso, e incluso de que el Ayuntamiento pueda fungir como un conciliador entre ambas partes.
“Hay que ver las dos partes, el derecho que tienen los vecinos, pero también el derecho que tienen los particulares, entendiendo lo importante de las inversiones en el municipio de Guadalajara, de fomentar el empleo; hay que ver en qué punto pueden converger los dos intereses y buscar que esto no perjudique a ninguno de los dos”.
“Cuando nosotros nos percatamos de que hay algo irregular procedemos, porque al final de cuentas es nuestra responsabilidad”.