Jalisco
La Coparmex pide la renuncia del auditor superior del Estado
Los cheques cobrados por Godoy Pelayo representan un conflicto de intereses
GUADALAJARA, JALISCO (10/FEB/2011).- Ante las dudas que han generado sus conflictos de intereses en los negocios de su suegro y porque su perfil no es confiable al frente de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (
ASEJ), Alonso Godoy Pelayo debe retirarse del cargo para contribuir a la transparencia y credibilidad del Poder Legislativo, pide el presidente del Centro Empresarial de Jalisco (CEJ-
Coparmex), Pablo Lemus Navarro.
Al opinar sobre el controvertido funcionario, quien es cuestionado por cobrar 6.5 millones de pesos por concepto de viajes, vacaciones y viáticos en 2009 (pagos extra), resalta que es lamentable “el contubernio entre la pasada Legislatura con el auditor, pero también la tibieza de la actual Legislatura para sostener a Godoy Pelayo”.
“Los actuales diputados no han establecido los adecuados mecanismos de control para garantizar que no suceda lo mismo que sucedió en la pasada Legislatura”.
Refiere que “los cheques cobrados por Godoy Pelayo, independientemente de que los haya o no elaborado, representan un conflicto de intereses en torno a su suegro (Alfredo Vargas Padilla), quien sin ser impresor se convirtió en proveedor de las formas valoradas del Congreso. El auditor se tiene que ir desde el momento en que él audita esas compras”.
Abunda que es evidente “que tiene buenos padrinos políticos, desde los que lo pusieron hasta los que lo han sostenido por unas extrañas razones. Si bien existe el argumento legal de que él no ordenó las compras a su suegro ni solicitó los cheques con que se le pagaron sus bonos y demás prestaciones (extra en 2009), la realidad de las cosas es que un auditor no sólo tiene que ver con el lado legal sino también con el lado ético. Yo no entiendo cómo a su suegro, sin ser impresor, se le compraran cinco millones de pesos en formas valoradas. Es claro: quien ordenó la compra es un ente auditado por el mismo Godoy Pelayo, por eso se tiene que ir”
Añade que tiene carácter inverosímil “que todo mundo conozca las irregularidades de la Legislatura anterior, menos el auditor. Hay un clarísimo contubernio entre los diputados anteriores y el auditor, además de que ahora llama mucho la tibieza con la que han actuado para sostener a Godoy Pelayo”.
Los cobros
Producto de una auditoría a la pasada Legislatura, realizada por una empresa privada, se descubrieron cuentas bancarias no detectadas y el faltante de recursos. Entre esas irregularidades salió a la luz que el auditor superior cobró 6.5 millones de pesos por concepto de viajes, vacaciones y viáticos en 2009. También se dio cuenta que su suegro, Alfredo Vargas Padilla, había cobrado como proveedor del Congreso, aunque aseguran que no estaba registrado en el padrón.
Sin embargo, Alonso Godoy Pelayo rechaza irregularidades y afirma que no renunciará al cargo.
Reconoce que se cobró esa cantidad, pero sostiene que cada pago fue legal y lo obtuvo de su patrón: el Congreso del Estado; es decir, responsabiliza a los pasados diputados.
El presidente de la Comisión de Vigilancia, Salvador Barajas del Toro, presentará un desglose de las conclusiones de la pasada comparecencia del auditor, en el que pedirá que se inicie una investigación en las áreas administrativas para determinar cuándo, bajo qué concepto y quién autorizó los pagos extra. Y no descartó solicitar la comparecencia de ex diputados.
Al opinar sobre el controvertido funcionario, quien es cuestionado por cobrar 6.5 millones de pesos por concepto de viajes, vacaciones y viáticos en 2009 (pagos extra), resalta que es lamentable “el contubernio entre la pasada Legislatura con el auditor, pero también la tibieza de la actual Legislatura para sostener a Godoy Pelayo”.
“Los actuales diputados no han establecido los adecuados mecanismos de control para garantizar que no suceda lo mismo que sucedió en la pasada Legislatura”.
Refiere que “los cheques cobrados por Godoy Pelayo, independientemente de que los haya o no elaborado, representan un conflicto de intereses en torno a su suegro (Alfredo Vargas Padilla), quien sin ser impresor se convirtió en proveedor de las formas valoradas del Congreso. El auditor se tiene que ir desde el momento en que él audita esas compras”.
Abunda que es evidente “que tiene buenos padrinos políticos, desde los que lo pusieron hasta los que lo han sostenido por unas extrañas razones. Si bien existe el argumento legal de que él no ordenó las compras a su suegro ni solicitó los cheques con que se le pagaron sus bonos y demás prestaciones (extra en 2009), la realidad de las cosas es que un auditor no sólo tiene que ver con el lado legal sino también con el lado ético. Yo no entiendo cómo a su suegro, sin ser impresor, se le compraran cinco millones de pesos en formas valoradas. Es claro: quien ordenó la compra es un ente auditado por el mismo Godoy Pelayo, por eso se tiene que ir”
Añade que tiene carácter inverosímil “que todo mundo conozca las irregularidades de la Legislatura anterior, menos el auditor. Hay un clarísimo contubernio entre los diputados anteriores y el auditor, además de que ahora llama mucho la tibieza con la que han actuado para sostener a Godoy Pelayo”.
Los cobros
Producto de una auditoría a la pasada Legislatura, realizada por una empresa privada, se descubrieron cuentas bancarias no detectadas y el faltante de recursos. Entre esas irregularidades salió a la luz que el auditor superior cobró 6.5 millones de pesos por concepto de viajes, vacaciones y viáticos en 2009. También se dio cuenta que su suegro, Alfredo Vargas Padilla, había cobrado como proveedor del Congreso, aunque aseguran que no estaba registrado en el padrón.
Sin embargo, Alonso Godoy Pelayo rechaza irregularidades y afirma que no renunciará al cargo.
Reconoce que se cobró esa cantidad, pero sostiene que cada pago fue legal y lo obtuvo de su patrón: el Congreso del Estado; es decir, responsabiliza a los pasados diputados.
El presidente de la Comisión de Vigilancia, Salvador Barajas del Toro, presentará un desglose de las conclusiones de la pasada comparecencia del auditor, en el que pedirá que se inicie una investigación en las áreas administrativas para determinar cuándo, bajo qué concepto y quién autorizó los pagos extra. Y no descartó solicitar la comparecencia de ex diputados.