Jalisco
Jaliscienses defienden sus libertades a pesar de la inseguridad y la violencia
La mayoría de los habitantes considera que la reducción de la pobreza y desempleo es la mejor solución para evitar la delincuencia
GUADALAJARA, JALISCO (15/FEB/2012).- Desde el inicio del sexenio del Presidente Felipe Calderón, las encuestas han mostrado el ascenso de la percepción de inseguridad en el país; sin embargo, según la encuesta “Efectos de la Violencia Asociada al Narcotráfico en los Comportamientos Sociales y Políticos”, la población jalisciense sigue apoyando firmemente la inviolabilidad de las libertades, pues 78% considera que “debemos preservar nuestras libertades y derechos, aun si esto dificulta el combate al narcotráfico”. Por el contrario, solamente uno de cada cinco estaría de acuerdo con sacrificar dichas libertades; es decir, a pesar de las altas tasas de percepción de inseguridad en el país, la población continúa comprometida con la defensa de las libertades y expresa poca tolerancia a su falta de observancia por parte de las autoridades.
Tres de cada cuatro jaliscienses sostiene que es más importante fortalecer la inseguridad pública que combatir a los narcos
De la misma manera, como han sostenido algunos especialistas en temas relativos al combate al narcotráfico, los jaliscienses consideran que el problema de la inseguridad debe ser resuelto con más apremio que el trasiego de drogas. De esta manera, tres de cada cuatro jaliscienses sostiene que es más importante fortalecer la seguridad pública que combatir a los narcos, lo que significa colocar a la reducción de la violencia como el objetivo de la estrategia de seguridad pública. Esta vocación jalisciense por la seguridad pública contrasta con otras entidades que no necesariamente optan por esta vía. En Chihuahua, por ejemplo, 67% de los habitantes considera que el Gobierno debe fortalecer el combate a la seguridad pública. Las realidades delincuenciales de ambas demarcaciones dan algunas pistas acerca de sus preferencias.
Tampoco parece haber un consenso a escala nacional acerca del rubro clave para solucionar la violencia que emana del narcotráfico. Por un lado, Jalisco, Michoacán y el Distrito Federal son entidades que abrumadoramente creen que “la mejor solución para combatir al narcotráfico es la reducción de la pobreza y la creación de empleos”. Esta tenencia a privilegiar la agenda social por parte de estos estados, corre en dirección opuesta de entidades como Guerrero o Chihuahua, que consideran que el combate al narcotráfico se hace primordialmente a través de una estrategia policial sustentada en los militares. Solamente 9% de los habitantes de Jalisco creen que la solución es pactar con los narcotraficantes, cifra que se duplica en Chihuahua. Así, la percepción cambia drásticamente en las regiones.
El balance relativo al éxito de la “guerra contra el narcotráfico” también arroja polarización entre la opinión pública estatal. Por un lado, 27% de los jaliscienses cree que el Gobierno sí va ganando esta lucha, mientras que 44% afirma lo contrario. El dato que mueve el escenario es que otro 27% responde que “ni ganando ni perdiendo”.
El Distrito Federal es la Entidad que enjuicia con más severidad los resultados de la lucha contra el narcotráfico: 65% está seguro de que el Gobierno va perdiendo la “guerra”. Jalisco oscila el promedio nacional, aunque con tendencias de opinión más optimistas (26% va ganando, 52% va perdiendo).
Debemos preservar nuestras libertades y derechos, considera 78%, aun si esto dificulta el combate al narcotráfico
En términos generales, los jaliscienses apoyan las acciones del Gobierno para combatir al narcotráfico. Según la encuesta, 54% de los habitantes aprueba, ya sea poco o mucho, dichas acciones para combatir al narco, contra solamente 18% que desaprueba en algún grado las acciones. De la misma manera, la opinión pública en el Estado tampoco está de acuerdo con la posibilidad de que ante la incapacidad de algunas Policías para defender a su población, algunas comunidades hagan justicia por su propia mano y linchen a los agresores. Siete de cada 10 manifiestan su desaprobación el algún grado. Esto contrasta con estados como Chihuahua o Guerrero, donde dicha proporción cae a cinco o seis de cada 10 habitantes.
Las razones que llevaron al Gobierno federal a emprender esta estrategia de combate al crimen organizado también polarizan opiniones. En Jalisco los factores más populares para explicar el “combate frontal al crimen organizado” son: el panorama postelectoral de 2006 (25%) y por el aumento de la violencia (25%). Sin embargo, en términos generales, variando de región en región, la explicación más arraigada a nivel nacional es el aumento de la violencia, pues tres de cada 10 se alinean a esta versión.
Existe rechazo a la “guerra” entre las personas más preparadas
En México, la aprobación de la “guerra” contra el narco está supeditada al nivel de estudios que posee la gente. Ésta fue una de las conclusiones a las que se llegó tras los resultados de la encuesta.
Édgar Valle Álvarez, director asociado del Sistema de Inteligencia en Mercado y Opinión (SIMO), una de las instancias involucradas en la construcción de la encuesta, refiere que el grado de escolaridad dependió en gran medida de los resultados recabados tras la siguiente pregunta: ¿El Gobierno está ganando o no la “guerra” contra el narcotráfico?, que tuvo 53% de rechazo a escala nacional, respuesta que en Jalisco tuvo apenas 44 por ciento.
Entre los jaliscienses, 27% cree que el Gobierno sí va ganando esta lucha
A decir del especialista, el promedio de años cursados en el universo de encuestados fue apenas de 8.5.
El ejercicio, explica, se realizó entre ciudadanos mayores de edad, durante mayo y junio de 2011 con la intención de “entender de qué manera la ciudadanía reacciona ante la violencia” que detonó la estrategia anti-narco, y conocer su percepción. “Nadie lo había hecho después de seis años de la guerra; era necesario”.
Para tal efecto se eligieron siete entidades clasificadas de acuerdo con su nivel de violencia “alto” (Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Nuevo León); “medio” (Jalisco) y “bajo” (Estado de México y Distrito Federal). El nivel de confianza, asegura, es de 95 por ciento.
Jalisco, acota, es uno de los estados donde la narcoviolencia “no ha afectado tanto”. Los resultados muestran en lo general que los patrones de respuesta en la encuesta Cidena 2011, “la primera en su tipo”, son moderados en muchos sentidos.
Por su parte, el politólogo Marcos Pablo Moloeznik, de la Universidad de Guadalajara (UdeG), destaca que, tanto en Jalisco como en el país, la percepción del desempeño del Poder Ejecutivo es positiva a grandes rasgos, pero contrasta con la opinión ciudadana acerca del Legislativo y Judicial, donde “es más bien negativa”.
Apunta, además, una aprobación mayoritaria del desempeño del Ejército Mexicano (84%) por parte de la comunidad jalisciense, que contrasta con los resultados de Chihuahua, donde sólo alcanza 47% del total.
Más de la mitad de los jaliscienses avala el trabajo del gobernador Emilio González
Además, las Policías municipales y estatales son vistas con cierto grado de aceptación, aunque rebasadas en este tenor por el Ejercito, la Marina y la Policía Federal.
Compara los resultados con la encuesta que realizó el Observatorio Ciudadano de Calidad de Vida “Jalisco Cómo Vamos”, con la proporción de la Zona Metropolitana de Guadalajara-Estado de Jalisco. Deduce que la desconfianza que se tiene en el avance a la “guerra” contra el narco en ambas encuestas (39% y 27%, respectivamente) empata con el discurso que se esgrimió respecto al nivel educativo, pues la metrópoli “es la zona donde se concentra la población con más escolaridad”.
La solución es pactar con los narcotraficantes, de acuerdo con 9% de los habitantes de Jalisco; el número se duplica en Chihuahua
PARA SABER
Secuestran a encuestadores
Descarta que el muestreo guarde tintes políticos, toda vez que se eligieron estados gobernados por todas las fuerzas políticas (PRI, PAN, PRD), aunque el ejercicio no quedó concluido, pues dos encuestadores que realizaban su labor en Guerrero fueron secuestrados y golpeados, aunque eventualmente dejados en libertad. Esto obligó a cancelar el trabajo ahí cuando se tenían 820 encuestas realizadas; 80 menos de la meta para cada Entidad.
Sólo 28% de los jaliscienses aprueba la labor de sus legisladores
TELÓN DE FONDO
Alta aprobación institucional
En un tiempo donde los políticos carecen de legitimidad, los legisladores no son respetados socialmente y las instituciones están en vuelos bajos, la población jalisciense sigue teniendo alta estima a la función que desempeñan dichas instancias constitucionales. Según la encuesta presentada por el Colectivo de Seguridad con Democracia, los jaliscienses superan el promedio nacional en la aprobación de sus autoridades.
Ante la pregunta: ¿Qué tanto aprueba o desaprueba a su gobernador? Más de la mitad de los encuestados en Jalisco respondieron afirmativamente, hecho que sólo contrasta con el Estado de México donde la proporción alcanza seis de cada 10. Los más críticos con sus autoridades son los capitalinos: menos de cuatro de cada 10 palomean la labor de sus gobernantes. El caso se replica con el Ejército: 84% aprueban a los elementos castrenses. La marina replica el mismo comportamiento, ya que ocho de cada 10 confían el ella, siendo el Estado con más apego a esta institución después de los neoleoneses.
Sin embargo, los diputados locales rompen esta inercia de aprecio institucional. Según la encuesta, sólo 28% de los jaliscienses demuestran estima por la labor que desempeñan sus legisladores locales.
La voz del experto
“Invertir en la educación”
Guillermo Zepeda Lecuona (especialista en seguridad)
La urgencia de la comunidad participante en la encuesta es invertir en el combate a la desigualdad y poner mayor énfasis a las áreas de educación y desarrollo social. Esos son los principales paliativos que sugieren los mexicanos para abatir al narcotráfico, y a decir del especialista del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Guillermo Zepeda Lecuona, convendría a la autoridad que se tomara en cuenta este consejo.
Explica que otro de los ejercicios para optimizar la estrategia sería invertir en capacitación para el Poder Judicial, pues muchos recursos se destinan a la manutención de reos que, en su mayoría, tienen un grado “bajo de peligrosidad”.
“Hay desde conflictos entre vecinos y robos; la mayoría de los delitos que se denuncia son robos menores, mientras los crímenes atroces, como el secuestro, violación y homicidio (…), requieren una política criminal específica. Creo que se debe hacer una política criminal para cada tipo de delitos, y no lo que hacemos actualmente, que atacamos a la criminalidad como si fuera lo mismo y tenemos saturada la prisión. El 70% de los reclusos en el Estado están por robos”.
“Hay que ser más prudentes e inteligentes en cómo usamos el dinero, para que en vez de destinar dos millones 300 mil pesos al día a manutención de reclusos, la mayoría de ellos en proceso, de baja peligrosidad, se desarrolle un mecanismo simplificado y alternativo para descongestionar al sistema”.
Tres de cada cuatro jaliscienses sostiene que es más importante fortalecer la inseguridad pública que combatir a los narcos
De la misma manera, como han sostenido algunos especialistas en temas relativos al combate al narcotráfico, los jaliscienses consideran que el problema de la inseguridad debe ser resuelto con más apremio que el trasiego de drogas. De esta manera, tres de cada cuatro jaliscienses sostiene que es más importante fortalecer la seguridad pública que combatir a los narcos, lo que significa colocar a la reducción de la violencia como el objetivo de la estrategia de seguridad pública. Esta vocación jalisciense por la seguridad pública contrasta con otras entidades que no necesariamente optan por esta vía. En Chihuahua, por ejemplo, 67% de los habitantes considera que el Gobierno debe fortalecer el combate a la seguridad pública. Las realidades delincuenciales de ambas demarcaciones dan algunas pistas acerca de sus preferencias.
Tampoco parece haber un consenso a escala nacional acerca del rubro clave para solucionar la violencia que emana del narcotráfico. Por un lado, Jalisco, Michoacán y el Distrito Federal son entidades que abrumadoramente creen que “la mejor solución para combatir al narcotráfico es la reducción de la pobreza y la creación de empleos”. Esta tenencia a privilegiar la agenda social por parte de estos estados, corre en dirección opuesta de entidades como Guerrero o Chihuahua, que consideran que el combate al narcotráfico se hace primordialmente a través de una estrategia policial sustentada en los militares. Solamente 9% de los habitantes de Jalisco creen que la solución es pactar con los narcotraficantes, cifra que se duplica en Chihuahua. Así, la percepción cambia drásticamente en las regiones.
El balance relativo al éxito de la “guerra contra el narcotráfico” también arroja polarización entre la opinión pública estatal. Por un lado, 27% de los jaliscienses cree que el Gobierno sí va ganando esta lucha, mientras que 44% afirma lo contrario. El dato que mueve el escenario es que otro 27% responde que “ni ganando ni perdiendo”.
El Distrito Federal es la Entidad que enjuicia con más severidad los resultados de la lucha contra el narcotráfico: 65% está seguro de que el Gobierno va perdiendo la “guerra”. Jalisco oscila el promedio nacional, aunque con tendencias de opinión más optimistas (26% va ganando, 52% va perdiendo).
Debemos preservar nuestras libertades y derechos, considera 78%, aun si esto dificulta el combate al narcotráfico
En términos generales, los jaliscienses apoyan las acciones del Gobierno para combatir al narcotráfico. Según la encuesta, 54% de los habitantes aprueba, ya sea poco o mucho, dichas acciones para combatir al narco, contra solamente 18% que desaprueba en algún grado las acciones. De la misma manera, la opinión pública en el Estado tampoco está de acuerdo con la posibilidad de que ante la incapacidad de algunas Policías para defender a su población, algunas comunidades hagan justicia por su propia mano y linchen a los agresores. Siete de cada 10 manifiestan su desaprobación el algún grado. Esto contrasta con estados como Chihuahua o Guerrero, donde dicha proporción cae a cinco o seis de cada 10 habitantes.
Las razones que llevaron al Gobierno federal a emprender esta estrategia de combate al crimen organizado también polarizan opiniones. En Jalisco los factores más populares para explicar el “combate frontal al crimen organizado” son: el panorama postelectoral de 2006 (25%) y por el aumento de la violencia (25%). Sin embargo, en términos generales, variando de región en región, la explicación más arraigada a nivel nacional es el aumento de la violencia, pues tres de cada 10 se alinean a esta versión.
Existe rechazo a la “guerra” entre las personas más preparadas
En México, la aprobación de la “guerra” contra el narco está supeditada al nivel de estudios que posee la gente. Ésta fue una de las conclusiones a las que se llegó tras los resultados de la encuesta.
Édgar Valle Álvarez, director asociado del Sistema de Inteligencia en Mercado y Opinión (SIMO), una de las instancias involucradas en la construcción de la encuesta, refiere que el grado de escolaridad dependió en gran medida de los resultados recabados tras la siguiente pregunta: ¿El Gobierno está ganando o no la “guerra” contra el narcotráfico?, que tuvo 53% de rechazo a escala nacional, respuesta que en Jalisco tuvo apenas 44 por ciento.
Entre los jaliscienses, 27% cree que el Gobierno sí va ganando esta lucha
A decir del especialista, el promedio de años cursados en el universo de encuestados fue apenas de 8.5.
El ejercicio, explica, se realizó entre ciudadanos mayores de edad, durante mayo y junio de 2011 con la intención de “entender de qué manera la ciudadanía reacciona ante la violencia” que detonó la estrategia anti-narco, y conocer su percepción. “Nadie lo había hecho después de seis años de la guerra; era necesario”.
Para tal efecto se eligieron siete entidades clasificadas de acuerdo con su nivel de violencia “alto” (Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Nuevo León); “medio” (Jalisco) y “bajo” (Estado de México y Distrito Federal). El nivel de confianza, asegura, es de 95 por ciento.
Jalisco, acota, es uno de los estados donde la narcoviolencia “no ha afectado tanto”. Los resultados muestran en lo general que los patrones de respuesta en la encuesta Cidena 2011, “la primera en su tipo”, son moderados en muchos sentidos.
Por su parte, el politólogo Marcos Pablo Moloeznik, de la Universidad de Guadalajara (UdeG), destaca que, tanto en Jalisco como en el país, la percepción del desempeño del Poder Ejecutivo es positiva a grandes rasgos, pero contrasta con la opinión ciudadana acerca del Legislativo y Judicial, donde “es más bien negativa”.
Apunta, además, una aprobación mayoritaria del desempeño del Ejército Mexicano (84%) por parte de la comunidad jalisciense, que contrasta con los resultados de Chihuahua, donde sólo alcanza 47% del total.
Más de la mitad de los jaliscienses avala el trabajo del gobernador Emilio González
Además, las Policías municipales y estatales son vistas con cierto grado de aceptación, aunque rebasadas en este tenor por el Ejercito, la Marina y la Policía Federal.
Compara los resultados con la encuesta que realizó el Observatorio Ciudadano de Calidad de Vida “Jalisco Cómo Vamos”, con la proporción de la Zona Metropolitana de Guadalajara-Estado de Jalisco. Deduce que la desconfianza que se tiene en el avance a la “guerra” contra el narco en ambas encuestas (39% y 27%, respectivamente) empata con el discurso que se esgrimió respecto al nivel educativo, pues la metrópoli “es la zona donde se concentra la población con más escolaridad”.
La solución es pactar con los narcotraficantes, de acuerdo con 9% de los habitantes de Jalisco; el número se duplica en Chihuahua
PARA SABER
Secuestran a encuestadores
Descarta que el muestreo guarde tintes políticos, toda vez que se eligieron estados gobernados por todas las fuerzas políticas (PRI, PAN, PRD), aunque el ejercicio no quedó concluido, pues dos encuestadores que realizaban su labor en Guerrero fueron secuestrados y golpeados, aunque eventualmente dejados en libertad. Esto obligó a cancelar el trabajo ahí cuando se tenían 820 encuestas realizadas; 80 menos de la meta para cada Entidad.
Sólo 28% de los jaliscienses aprueba la labor de sus legisladores
TELÓN DE FONDO
Alta aprobación institucional
En un tiempo donde los políticos carecen de legitimidad, los legisladores no son respetados socialmente y las instituciones están en vuelos bajos, la población jalisciense sigue teniendo alta estima a la función que desempeñan dichas instancias constitucionales. Según la encuesta presentada por el Colectivo de Seguridad con Democracia, los jaliscienses superan el promedio nacional en la aprobación de sus autoridades.
Ante la pregunta: ¿Qué tanto aprueba o desaprueba a su gobernador? Más de la mitad de los encuestados en Jalisco respondieron afirmativamente, hecho que sólo contrasta con el Estado de México donde la proporción alcanza seis de cada 10. Los más críticos con sus autoridades son los capitalinos: menos de cuatro de cada 10 palomean la labor de sus gobernantes. El caso se replica con el Ejército: 84% aprueban a los elementos castrenses. La marina replica el mismo comportamiento, ya que ocho de cada 10 confían el ella, siendo el Estado con más apego a esta institución después de los neoleoneses.
Sin embargo, los diputados locales rompen esta inercia de aprecio institucional. Según la encuesta, sólo 28% de los jaliscienses demuestran estima por la labor que desempeñan sus legisladores locales.
La voz del experto
“Invertir en la educación”
Guillermo Zepeda Lecuona (especialista en seguridad)
La urgencia de la comunidad participante en la encuesta es invertir en el combate a la desigualdad y poner mayor énfasis a las áreas de educación y desarrollo social. Esos son los principales paliativos que sugieren los mexicanos para abatir al narcotráfico, y a decir del especialista del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Guillermo Zepeda Lecuona, convendría a la autoridad que se tomara en cuenta este consejo.
Explica que otro de los ejercicios para optimizar la estrategia sería invertir en capacitación para el Poder Judicial, pues muchos recursos se destinan a la manutención de reos que, en su mayoría, tienen un grado “bajo de peligrosidad”.
“Hay desde conflictos entre vecinos y robos; la mayoría de los delitos que se denuncia son robos menores, mientras los crímenes atroces, como el secuestro, violación y homicidio (…), requieren una política criminal específica. Creo que se debe hacer una política criminal para cada tipo de delitos, y no lo que hacemos actualmente, que atacamos a la criminalidad como si fuera lo mismo y tenemos saturada la prisión. El 70% de los reclusos en el Estado están por robos”.
“Hay que ser más prudentes e inteligentes en cómo usamos el dinero, para que en vez de destinar dos millones 300 mil pesos al día a manutención de reclusos, la mayoría de ellos en proceso, de baja peligrosidad, se desarrolle un mecanismo simplificado y alternativo para descongestionar al sistema”.