Jalisco

Investigaciones de campo, claves para combatir 'ordeña' de gasolina

Casi 80 personas detenidas es una cantidad baja en relación a los miles de litros robados

GUADALAJARA, JALISCO (19/MAY/2014).- Las instancias que persiguen la sustracción ilegal de hidrocarburos deben procurar la demostración de los hechos, por ello tienen mejorar las investigaciones de campo para dar con los autores de estos delitos, describe el investigador del Departamento de Derecho Público del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, Juan Manuel Torres Barajas.

Explica que la revisión constante de las tomas y ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) permitiría hacer más eficientes las investigaciones y encontrar a los culpables: "Las penas impuestas para quien incurra en este delito no resolverán el asunto, sino una estrategia operativa que lo evite".

Destaca que se debe enfatizar en la prevención y persecución pronta de los hechos en cuanto se detecten los autores de la "ordeña" y los compradores de la gasolina o diésel. "Son cantidades tan grandes y tienen un sistema de distribución efectivo que es imposible no venderlas en gasolineras".

Ante ello, propone apunta la importancia de revisar las compras de las gasolineras, el registro de sus adquisiciones y un mapeo de los comprobantes, y así evitar la descarga cuantiosa de gasolina.

"Para prevenir no hay otra cosa más que patrullar las líneas por donde van los ductos para detectar donde existan estas tomas clandestinas que requieren trabajo de inteligencia".

Agrega que en los manuales de operación de Pemex deben establecer la obligación de realizar revisiones constantes a los ductos.

Sanciones "severas pero justas" para los ordeñadores


Casi 80 personas detenidas es una cantidad baja en relación a los miles de litros robados de gasolina, opina el profesor Torres Barajas, sin embargo califica como justas las sanciones para quien robe combustible.

El delito es considerado como grave, por lo que sus penas van de seis meses a los 12 años de prisión, "la persona detenida no podría alcanzar la libertad bajo caución".

EL INFORMADOR

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