Hay responsabilidad penal por desaparición del expediente: Itei

GUADALAJARA, JALISCO (28/OCT/2016).- De tres a cuatro años de prisión puede purgar la persona que tenía la responsabilidad del resguardo del expediente extraviado que contenía los antecedentes penales de Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, pues la información no puede desaparecer, señaló Cynthia Patricia Cantero Pacheco, presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco (Itei).

"En caso de que cualquier información pública, un documento, sea destruido, se sustraiga o se robe de alguna institución, es un delito. El servidor público al que se le compruebe que lo hizo le puede implicar de tres a cuatro años de cárcel. Las autoridades, en caso de que se percaten de esta circunstancia, tienen que llevar a cabo la denuncia penal".

Aunque admitió que las instituciones tienen la obligación de resguardar sus archivos por un periodo de diez años, existen otras que cuentan con información delicada que en cambio debe ser guardada.

"Hay instituciones que por la naturaleza de la información, como sería por ejemplo este caso en materia de seguridad, o bien del Poder Judicial y en sus expedientes que manejan, es información que no se destruye a los diez años, generalmente envían esta información a los archivos de concentración, tanto en el Poder Ejecutivo, como en el Legislativo existen archivos de concentración donde se guarda prácticamente toda la información histórica".

Por esta razón todo debe estar documentado, "incluso si hay información que se destruye debe de constar un acta donde se establezca esta situación. La información no puede desaparecer". Si esto ocurriera, se puede denunciar la inexistencia o la desaparición.

Advirtió, sin embargo, que la información puede encontrarse en varios lugares, como sucedió en el caso de Vega Pámanes, donde una averiguación previa que estaba en el Poder Ejecutivo y posteriormente derivó en un juicio depositó dicha información también en el Poder Judicial.

EL INFORMADOR / SERGIO BLANCO