Jalisco
Hay 7,926 funcionarios opacos
7,926 funcionarios entre los obligados a presentar sus declaraciones patrimoniales al Congreso del Estado, 42% ignoró esa responsabilidad
GUADALAJARA, JALISCO (13/MAR/2013).- En Jalisco existen 19 mil 050 funcionarios públicos obligados a presentar su declaración patrimonial ante el Congreso del Estado para descartar que se enriquecen a costa del erario; sin embargo, al vencer su plazo para hacerlo, siete mil 926 decidieron ignorar la determinación y no la presentaron, es decir, 42% de los obligados, según la lista de omisos que publicó el Legislativo el 28 de enero de este año.
De los omisos, 68% son ex funcionarios que dejaron sus labores en las administraciones pasadas y no presentaron su declaración final de bienes adquiridos; 11% son servidores que recién ingresaron y deben la inicial, y 21% restante corresponde a personas que no hicieron su reporte anual, donde debían informar los cambios en sus propiedades, cuentas, ingresos y deudas.
Quienes deben rendir cuentas de su patrimonio ante el Congreso son los mismos diputados y personal que ahí labora, así como funcionarios de los 125 ayuntamientos de Jalisco, el Patronato del Centro Histórico, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, la Auditoría Superior del Estado, el Instituto de Transparencia e Información Pública y el SIAPA.
Sin embargo, según la actualización de omisos del 28 de enero, los últimos siete organismos mencionados y 87 ayuntamientos incumplieron con proporcionar al Legislativo, en tiempo y forma, el padrón de funcionarios obligados a presentar su declaración. En casos de omisión como éstos, la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos de Jalisco contempla sancionar a los funcionarios hasta con dos años de suspensión de cargos públicos; no obstante, hasta el momento no ha habido casos de que esto se haya cumplido.
“Ha habido demasiada tolerancia. Yo no me he enterado de que se haya sancionado a los servidores públicos que incumplen con esta obligación”, dijo el diputado Juan Carlos Márquez, presidente de la Comisión de Responsabilidades, quien prometió que las cosas serán distintas a partir de ahora: “En esta Legislatura vamos a tener una mano firme en el tema, mano dura, porque es una situación que es ilegal (…) vamos a ir con todo para efecto de que se les levanten los procedimientos administrativos respectivos y de sanción a los omisos”.
A los infractores no se les sanciona porque el Congreso sólo está facultado para castigar a sus trabajadores, pero además se somete a votación de la Comisión de Responsabilidades si se procede o no contra los omisos y, si la mayoría se niega, los funcionarios incumplidos pueden seguir en la impunidad. El resto de las dependencias debe ocuparse de sancionar a sus empleados.
De los omisos, 68% son ex funcionarios que dejaron sus labores en las administraciones pasadas y no presentaron su declaración final de bienes adquiridos; 11% son servidores que recién ingresaron y deben la inicial, y 21% restante corresponde a personas que no hicieron su reporte anual, donde debían informar los cambios en sus propiedades, cuentas, ingresos y deudas.
Quienes deben rendir cuentas de su patrimonio ante el Congreso son los mismos diputados y personal que ahí labora, así como funcionarios de los 125 ayuntamientos de Jalisco, el Patronato del Centro Histórico, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, la Auditoría Superior del Estado, el Instituto de Transparencia e Información Pública y el SIAPA.
Sin embargo, según la actualización de omisos del 28 de enero, los últimos siete organismos mencionados y 87 ayuntamientos incumplieron con proporcionar al Legislativo, en tiempo y forma, el padrón de funcionarios obligados a presentar su declaración. En casos de omisión como éstos, la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos de Jalisco contempla sancionar a los funcionarios hasta con dos años de suspensión de cargos públicos; no obstante, hasta el momento no ha habido casos de que esto se haya cumplido.
“Ha habido demasiada tolerancia. Yo no me he enterado de que se haya sancionado a los servidores públicos que incumplen con esta obligación”, dijo el diputado Juan Carlos Márquez, presidente de la Comisión de Responsabilidades, quien prometió que las cosas serán distintas a partir de ahora: “En esta Legislatura vamos a tener una mano firme en el tema, mano dura, porque es una situación que es ilegal (…) vamos a ir con todo para efecto de que se les levanten los procedimientos administrativos respectivos y de sanción a los omisos”.
A los infractores no se les sanciona porque el Congreso sólo está facultado para castigar a sus trabajadores, pero además se somete a votación de la Comisión de Responsabilidades si se procede o no contra los omisos y, si la mayoría se niega, los funcionarios incumplidos pueden seguir en la impunidad. El resto de las dependencias debe ocuparse de sancionar a sus empleados.